Las solicitudes de centros de datos, industria y otros sectores como los puntos de recarga de coche eléctrico para tener acceso a la red está experimentando un crecimiento "sin precedentes" que, sin embargo, el año pasado se quedó a la mitad debido a que las redes no tienen capacidad suficiente para atender a tanta demanda, de la que en buena medida tanto el sector como el Gobierno sustentan la competitividad de la economía. El año pasado, las distribuidoras de electricidad tuvieron que decirle 'no' a la mitad de la demanda solicitada por este motivo, lo que dejó en el tintero, por ejemplo, 7,9 GW de capacidad de los 19,2 GW que se solicitaron para construir centros de datos o 10,7 GW de los 18,6 que reclamó la industria para 'engancharse' a la red eléctrica.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelēc) ha difundido este martes datos sobre el mayor y menor éxito que tuvieron en 2024 las demandas de conexión a la red eléctrica facilitados por las empresas distribuidoras que reflejan una lentitud en la adaptación y planificación de la red eléctrica por parte del Gobierno que aseguran que el año pasado hizo perder a España 70.000 millones en inversiones industriales. Con este balance, las eléctricas insisten al Gobierno que tiene que modificar los límites actuales a la inversión en redes eléctricas y que, a más corto plazo, tiene que permitir a las distribuidoras aprovechar mejor los vacíos en las redes de transporte. También "actuar más deprisa" en la planificación de las redes, a día de hoy a cinco años vista.
Las cifras no discriminan por el número de proyectos -ni tampoco su localización geográfica- y tampoco excluyen proyectos que hayan solicitado varios accesos en distintos puntos de la red. Se centran en la potencia eléctrica demandada y arrojan que de los 67,1 GW solicitados en total, no se concedieron 33,1 GW, el 49%, un porcentaje de denegación notablemente superior a la tendencia de los años anteriores. En 2023, no se concedió el 35% de las peticiones; en 2022, el 32%; en 2021, el 29%, y en 2020, el 27%.
La principal demanda de electricidad se está produciendo por parte de empresas que quieren instalar centros de datos en España y también por parte de la industria, porque concentran el 56% de los megavatios solicitados en total. De los 67,1 GW, el año pasado se pidió suministro eléctrico equivalente a 19,2 GW para centros de datos y 18,1 GW para la industria.
Sin embargo, su éxito a la hora de conseguir el acceso a la red es desigual. Mientras que se concedió cinco veces más de la capacidad de acceso a la red que solicitó la industria frente a los centros de datos -1.936 MW frente a 461 MW-, las distribuidoras también echaron para atrás muchas más solicitudes industriales de que los centros de datos -10.715 MW no concedidos frente a 7.958 MW-, y la ventaja de estos últimos frente a las instalaciones industriales se agranda todavía más en relación con las solicitudes que están en tramitación, un paso para el que en ocasiones exigen inversiones que las grandes empresas que patrocinan los centros de datos estarían en mayores condiciones de hacer. En estos momentos, están en trámite peticiones de demanda de 10.864 MW planteadas por los centros de datos y casi la mitad por la industria, 5.966 MW, cuando el volumen de su solicitud solo es 665 MW inferior.
Por detrás de estos dos sectores, las peticiones para poder abastecerse de la red eléctrica vinieron de promotores de instalaciones de almacenamiento de electricidad, que solicitaron 12,5 GW o para planificación urbanística, 6,7 GW. A una distancia muy notable, se solicitaron 3,3 GW para instalaciones de recarga de coche eléctrico y 2,1 GW para proyectos de hidrógeno renovable. Concedidas, en 2024 hubo solo 777 MW para almacenamiento, 696 MW para coches eléctricos y 128 para hidrógeno renovable.
"La mayoría de las solicitudes de acceso y conexión de demanda que se están denegando es por falta de capacidad de las redes de distribución", denuncia la AELEC, que pone el acento especialmente en toda la demanda eléctrica que no se está atendiendo en el sector industrial, lo que frena las inversiones extranjeras en España y no permite a la nacional expandirse ni descarbonizarse. Como ejemplo de la saturación de las redes, apuntan a que el año pasado una compañía distribuidora denegó la petición de una industria española que solo reclamaba 3MW, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que la potencia contratada total en España es de 178.000.
"Es fundamental que la industria pueda conectarse a las redes de distribución", dicen desde la AELEC, que insiste en su petición de aumentar la inversión permitida en redes pero también apunta a otras soluciones a mucho más corto plazo para aprovechar al máximo su capacidad actual.
Centros de datos y la "burbuja"
Los principales demandantes de electricidad son los "grandes consumidores", como la industria y también los centros de datos, sobre los que reconoce que "han sido criticados" por el gran consumo de electricidad y de agua que necesitan y porque tampoco suponen una gran creación de empleo. Precisamente en ellos pone la atención el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular, la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, habla directamente de "burbuja" por un número de solicitudes de demanda eléctrica que previsiblemente exceden los megavatios que finalmente necesitarán los proyectos que terminen viendo la luz. Según la AELEC, en estos momentos las solicitudes pendientes de demanda eléctrica equivalen al 40% de la potencia total contratada en España, 178 GW.
En línea con las precauciones por parte del Gobierno, los distribuidores de electricidad reconocen que el promotor de un mismo proyecto puede solicitar acceso a la red de distribución en varios puntos, pero descartan la "especulación" que ve Transición Ecológica o al menos que se esté replicando con la misma intensidad lo que ocurrió hace unos años con el acopio de permisos de acceso y conexión a la red de transporte desde plantas renovables que después no se hacían y que en muchos casos se revendían por un precio muy superior.
Poner orden
Las eléctricas defienden los centros de datos, porque no requieren una potencia eléctrica firme como sí ocurre con la industria y pueden dar flexibilidad a las redes y aprovecharse más de la generación renovable o porque el empleo que crean es de "alta cualificación" y contribuyen a desarrollar la cadena de valor tecnológica, y dudan de que puedan producirse la misma especulación que hace años porque para eso Transición Ecológica reguló hace dos años las solicitudes de acceso a la demanda. Sí pide "poner orden" y reforzar las normas si es preciso para priorizar los proyectos "maduros".
En 2023 y ante el crecimiento de peticiones para tener suministro eléctrico que ya detectaba, el Gobierno introdujo la obligación de que los solicitantes de acceso a la red distribución de electricidad pagaran un aval de 40 euros por cada kilovatio solicitado y se fijó un plazo de cinco años entre el momento en que se pide acceso a la red eléctrica para poder abastecerse y la firma un contrato de suministro. Pasado ese plazo, se perdería el derecho de acceso.
"La regulación invita a que no haya especulación, pero puede ser que en algunos casos haya proyectos no maduros, hay que mejorar el permitting", dicen desde la AELEC, donde apuntan la posibilidad de acortar ese plazo de cinco años para poder determinar qué proyectos están "maduros" para concederles el acceso a la red de distribución.
Fuentes de la Aelēc reconocen que estos más de 67.000 megavatios de potencia eléctrica solicitada pueden incluir un mismo proyecto para el que su promotor haya pedido acceso a la red en varios puntos, lo que apuntala la sensación por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de que existe "especulación" en torno a este negocio, como sucedió hace unos años con el acceso a la red de transporte eléctrica, desde el lugar de generación - con miles de proyectos renovables renovables copando el acceso sin que muchos vieran finalmente la luz- a la subestación, y para evitarlo reclaman al Gobierno que refuerce la regulación ya en marcha para evitarlo y para discernir más eficientemente los proyectos que sí están maduros.
Más inversión rebajaría la factura
En todo caso, el problema que constata el sector eléctrico a la luz de los datos es que es necesario incrementar la inversión en la red eléctrica, para aumentar su capacidad, un nudo gordiano del sector, que enfrenta la necesidad de poder dar cabida a más empresas e industrias -o, sin ir más lejos, aumentar la penetración del coche eléctrico- que requieren de electricidad para funcionar sin hacerlo en vano y que esta mayor retribución termine subiendo la factura eléctrica, dentro del concepto de peajes, algo que rechaza la AELEC. Al contrario, defiende que aumentando las inversiones para incrementar la capacidad de la red para dar cabida a estos grandes consumidores haría bajar la factura para los consumidores domésticos.
"La electrificación es una palanca para garantizar un precio competitivo para el consumidor", afirman las eléctricas, que dicen no tener una cifra de cuánto más sería necesario invertir pero aluden a la cifra de 4.600 millones al año de la patronal europea del sector. Además, pide "ir más rápido de lo que vamos actualmente" para adecuar la planificación de redes a la realidad y dirigir a la distribución eléctrica nudos de capacidad reservados para el transporte y que no se utilizan o permitir conectar la demanda las líneas de evacuación de los parques fotovoltaicos.
Desde hace una década, las inversiones en la red eléctrica están limitadas al 0,13% del PIB al año en redes de transporte -del generador a la subestación- y 0,065% para redes de distribución -de la subestación al consumidor y durante años el Gobierno se negó a modificar estos topes alegando que subiría la factura eléctrica. Finalmente, ante la evidencia de la gran demanda, el año pasado la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se abrió a revisar este tope y en ello sigue el Ministerio de Transición Ecológica.
