Sumar tiene clara su estrategia para conseguir revertir la decisión del Ministerio de Hacienda de obligar por primera vez a tributar por IRPF a los perceptores del salario mínimo, y ahora mismo esa estrategia pasa por dejar que el foco de la polémica se centre en el departamento que dirige María Jesús Montero, el responsable de ese movimiento. La formación que lidera Yolanda Díaz mantuvo este miércoles un perfil bajo y evitó echar más leña al fuego del conflicto que estalló el martes. No obstante, fuentes próximas a Díaz consideran que la presión que hay sobre Montero les beneficia, y creen que esta se verá obligada, más temprano que tarde, a dar marcha atrás.
Sumar ya sembró el martes las semillas de esa presión a su socio de Gobierno, puesto que tardó apenas unas horas en responder al sorpresivo anuncio de Hacienda registrando una iniciativa en el Congreso para intentar bloquear la subida fiscal a los perceptores del salario mínimo. Y no solo eso: Díaz aseguró abiertamente en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que conoció la decisión de Montero por los medios, e insistió en que ella no es partidaria de una medida tan impopular para un Ejecutivo progresista como forzar a tributar a los trabajadores por cuenta ajena que tienen los sueldos más bajos que permite la ley. Especialmente, deslizó, cuando el Gobierno acaba de "hacer un regalo fiscal a los rentistas" con la decisión de bonificar en un 100% el IRPF a los propietarios que alquilen a precios asequibles.
Tras ese primer enfrentamiento abierto el martes, este miércoles el Ejecutivo intentó escenificar distensión. Díaz y el presidente Pedro Sánchez tuvieron buen cuidado de mostrarse muy risueños entre ellos, y el propio Sánchez aseguró que las diferencias en el Gobierno con respecto al salario mínimo no son más que un sano "debate" que "en absoluto" supone una crisis. "Lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo", aseguró por su parte la vicepresidenta segunda, que sin embargo sí resaltó que Sumar siempre ha defendido que los perceptores de este sueldo no deben tributar por IRPF, al menos si cobran las cantidades en las que el indicador se mueve ahora mismo.
En cualquier caso, fuentes de la formación ven con optimismo los próximos días porque están convencidas de que el PSOE ha perdido el debate público sobre la necesidad de subir los impuestos a los trabajadores con ingresos más precarios. Sumar considera que el ala socialista del Ejecutivo está teniendo enormes dificultades para explicar la decisión de Hacienda, y buena muestra de ello, creen, es que la ministra Montero se ausentó durante todo el día del Congreso y evitó cualquier aparición pública. Fuentes de su departamento, no obstante, justifican esa ausencia asegurando que la dirigente se encuentra enferma.
Una "salida política"
A ello se suma que PP, Sumar y los socios progresistas del Gobierno podrían torcer el brazo a los socialistas en el Congreso y aprobar sin ellos alguna de las tres proposiciones de ley presentadas para revertir el movimiento de Hacienda. No obstante, la Moncloa comenzó a deslizar en la tarde del miércoles que podría utilizar su prerrogativa de bloquear el debate de esas iniciativas legislativas, con el argumento de que generan una merma de ingresos al Estado. Pero Sumar cree que, antes de llegar a ese escenario de choque frontal, el PSOE buscará una "salida política" para dar marcha atrás sin que se escenifique una derrota absoluta de sus tesis, y fuentes del entorno de Díaz aseguran que lo facilitarán todo lo que esté en su mano, si es necesario buscando una fórmula creativa.
Una fuente próxima a la vicepresidenta, además, hace hincapié en la tibieza con la que el presidente Sánchez abordó este miércoles el choque entre las dos almas del Gobierno con respecto a la cuestión del salario mínimo. Para Sumar, es "un avance" que Sánchez no defendiera a capa y espada en el Congreso que los perceptores de estos sueldos deben pagar IRPF, aunque las fuentes consultadas aseguran que van a intentar primero resolver el desencuentro con Hacienda sin tener que recurrir al arbitraje del presidente, que es el último recurso al que PSOE y Sumar se agarran siempre que tienen una discrepancia irresoluble en el seno de la coalición.
No solo Sumar está presionando por la izquierda a Hacienda para que se retracte de su decisión. A media tarde de este miércoles, ERC y BNG registraron una proposición no de ley instando al Gobierno a no forzar a los perceptores del salario mínimo a tributar en el IRPF y, además, a impulsar "una reforma fiscal para mejorar la progresividad y justicia del sistema impositivo, alineando el IRPF de los rendimientos del capital con los del trabajo, aliviando la carga de las personas trabajadoras con más de un pagador y aumentando la tributación de grandes empresas para capturar los beneficios extraordinarios que han obtenido en los últimos años".
