El futuro de Muface sigue en el aire, aunque cada vez más cerca de una posible solución ante los últimos cambios del Gobierno. Este lunes 27 de enero era el día en que acababa el plazo para que las empresas aseguradoras presentaran sus ofertas de cara a cubrir el concierto de asistencia sanitaria. Sin embargo, tras varios acercamientos entre Gobierno y aseguradoras en los últimos días, el Ejecutivo ha decidido modificar este fin de semana los pliegos de la que es la segunda licitación, por lo que este plazo ha quedado ahora sin efecto. Todavía no se conoce cuál es el nuevo horizonte temporal con el que se trabaja ni qué cambios supone este nuevo giro de guion en la asistencia de más de 1,5 millones de funcionarios, pero este movimiento podría suponer, así, que el fin de la crisis esté cada vez más cerca.
Los cambios en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se producen, de esta forma, después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública llevara a cabo en la última semana varias conversaciones con las empresas aseguradoras para tratar de revertir la situación de incertidumbre actual. Este mismo viernes, de hecho, el ministro del ramo Óscar López, se mostraba "optimista" y "casi convencido" de que el acuerdo estaba cerca y que desde el Ejecutivo se estaba "trabajando intensamente" para tratar de encontrar una solución a Muface.
De entre las aseguradoras, el Gobierno ha mantenido especialmente reuniones en las últimas horas con Adeslas, quienes después de la ampliación de plazo han asegurado que fruto de esos diferentes contactos con el Ministerio se han producido "avances significativos" que permitirían "definir un modelo justo, equilibrado y sostenible" para Muface.
"Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Adminitración la compañía reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface", señaló este sábado la aseguradora formada por Mutua Madrileña y CaixaBank y que concentra actualmente al 47% del total de mutualistas. En un principio, ésta había decidido retirarse de la adjudicación, al igual que hizo DKV, que alegó pérdidas de 70 millones de euros. Por tanto, solo faltaba Asisa por pronunciarse al respecto.
Un posible retorno de Adeslas
Ahora, al parecer, el principal reclamo de Adeslas para volver al concierto sería la creación de un mecanismo por parte del Gobierno que ayudase a compensar pérdidas, ya que en las condiciones actuales la empresa calcula que obtendría unos números rojos de hasta 250 millones de euros. Este aspecto, precisamente, era uno de los puntos por los que Asisa también llegó a trasladar al Gobierno si era factible la posibilidad de revocar pérdidas, una consulta en la que la dirección general de Muface aclaró la semana pasada que compensaría a las aseguradoras acudieran a un nuevo concierto si hay "variaciones significativas" en el coste de la prestación del servicio.
Con todo ello, si el acercamiento con Adeslas parece materializarse de cara a concurrir al concierto, todo apunta a que la adjudicación estaría de esta forma asegurada, ya que Asisa, que todavía no ha tomado una decisión final, no se presentaría al concierto sola. Así, tras la negativa de DKV, Adeslas y Asisa podrían finalmente cubrir el servicio de Muface, ya que actualmente ya ofrecen el 80% del total de este.
A la espera de que la situación se aclare, Muface ha comunicado que mientras se resuelve todo este asunto "todos los mutualistas", tanto titulares como beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales. Unas afirmaciones que se producen después de que los funcionarios denunciaran que en las últimas semanas las empresas aseguradoras habían empezado a alargar citas médicas o a retrasar operaciones.
Segunda proceso de licitación
Esta es ya la segunda licitación lanzada por Muface y también la segunda vez que se amplia el plazo para poder llegar a un acuerdo con el que poder seguir dando cobertura sanitaria privada a los trabajadores públicos. El Gobierno se encuentra así negociando a contrarreloj para poder dar continuidad durante los próximos tres años a su modelo dual de asistencia sanitaria, por el que los funcionarios pueden elegir entre sanidad pública o privada.
Tras un primer proceso de licitación que quedó desierto, para esta segunda convocatoria desde Moncloa se ha puesto encima de la mesa una mejora de las tarifas del 33,5% a repartir en estos tres próximos años. Ello supone que en 2027 la prima media por mutualista alcanzaría los 1.262 euros frente a los 1.032 euros del último concierto. La oferta es, por tanto, superior al 17,12% planteado inicialmente por el Gobierno en la primera licitación, aunque se sitúa todavía por debajo del 40% que reclamaban las compañías para contrarrestar una situación deficitaria.
La presión para llegar finalmente a un acuerdo viene también por parte de los propios mutualistas, que desde que se desató esta crisis han salido en reiteradas ocasiones a la calle para reclamar la continuidad de este modelo. CCOO y UGT han pedido a Gobierno y a las empresas que ambas partes hagan "un esfuerzo" para poder alcanzar una solución beneficiosa para ambas partes.
El sindicato CSIF, por su parte, ha anunciado la convocatoria de una huelga este mes de febrero si esta segunda licitación no llega a buen término y vuelve a quedar desierta. Esta movilización, de la que todavía no se ha anunciado su fecha, afectaría a todos los ámbitos en los que trabajan funcionarios afectados por la crisis de Muface, desde centros educativos públicos, hasta centros de la Administración General del Estado o Correos.
Por otro lado, los problemas a los que se ha enfrentado la continuidad de Muface en los últimos meses han abierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que implica que el Estado cofinancie un seguro médico privado. Dentro del propio Gobierno existen discrepancias y Sumar ya planteó en su programa electoral la extinción progresiva de este aspecto. Además, el Ministerio de Sanidad publicó un informe recientemente que abogaba por esta vía. El titular de Función Pública, por su parte, ha destacado estos meses que se trata de un debate que se puede abordar, pero una vez quede resuelta la situación para los próximos tres años.
