El Parlamento de Corea del Sur aprobó este viernes una moción presentada por la oposición para destituir a Han Duck-soo, primer ministro y presidente en funciones desde hace apenas dos semanas, ahondando la crisis institucional en la que está sumida el país desde la declaración de la ley marcial a principios de mes.
Han Duck-soo sustituyó el pasado 14 de diciembre al mandatario Yoon Suk Yeol, que fue apartado por su polémica decisión de imponer la ley marcial en el país asiático.
El 'impeachment' contra Han ha sido aprobado con 192 votos a favor y ninguno en contra, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, decidiera que la moción podía ser aprobada con una mayoría simple, lo que hacía factible su cese dado el número de escaños que tiene la oposición.
El anuncio generó inmediatamente las protestas airadas de los diputados presentes en el hemiciclo del gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), que reclamaban que el cese de Han solo se implementase con una mayoría de dos tercios. El PPP venía insistiendo en que, al tratarse de un presidente interino, la votación debía usar el mismo baremo -dos tercios del Parlamento- que se emplea para destituir a un presidente en Corea del Sur.
Así, Woo rechazó los argumentos del partido gubernamental, el Partido Popular del Pueblo (PPP), sobre que el caso se tratara como un 'impeachment' a un presidente, lo que requería una mayoría de dos tercios, lo que equivalía a 200 apoyos.
El opositor Partido Democrático (PD), que cuenta con 170 de los 300 escaños del Parlamento, presentó la moción el jueves después de que Han afirmara que no nombraría a ningún juez del Tribunal Constitucional para ocupar los tres puestos vacantes en el organismo -con un total de nueve miembros- hasta que los partidos políticos alcancen un compromiso político.
Las nominaciones para el Tribunal Constitucional tienen una especial relevancia en el actual contexto político, ya que la corte ha de validar la destitución de Yoon, ya aprobada por el Parlamento tras la imposición de la ley marcial y el envío de militares al legislativo para impedir que celebraran una sesión para revocar la medida.
