Las fechas de fin de año y de año nuevo inducen a presentar el balance del que termina y a presentar las perspectivas del que empieza en el plano personal y en todos los demás incluido el de la política. Los líderes simulan con la hipocresía que les recomendaba el profesor Fernando Vallespín en su columna del domingo 29 en el diario El País que andan de vacaciones, pero en realidad están entregados a una tarea sin descanso. Según cuentan en el hervidero de Moncloa, prosperan desde hace semanas dos escuelas de pensamiento: la primera, más templada, propugna una lectura incluyente del mensaje del Rey Felipe VI, cuyo llamamiento a la concordia cívica también habría de aplicarse un partido como el PSOE con las responsabilidades institucionales que le incumben, a las que hizo tantas veces honor.
La segunda escuela, más atractiva por temeraria, sostiene que la mejor defensa es un buen ataque, sugiere marcar la diferencia y replicar al desafío dela derecha faltona del fango que es incapaz de reconocer los méritos del presidente Sánchez, instándole a que, en conformidad con la potestad libérrima que el artículo 115.1 de la Constitución le confiere proceda, "previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, a proponer la disolución del Senado, que será decretada por el Rey".
Están seguros de que el resultado de esa audaz convocatoria a las urnas, en cuya campaña se volcaría el propio Sánchez Pérez Castejón, le daría la mayoría o cuando menos se le arrebataría al PP de Alberto Núñez Feijóo, que ahora lo ocupa y estercola, según ellos entienden, y le dejaría fuera de servicio como alternativa.
Llegados aquí los genoveses deberían leer el punto 2 de ese mismo artículo, donde se prescribe que: "La propuesta de disolución no podrá presentare cuando esté en trámite una moción de censura”. La cuestión está en el alero y la decisión pendiente ha viajado a la nieve de Cerler con Pedro Sánchez dispuesto para adiestrarse en el deporte del esquí de verdad porque nunca se ha amedrentado ni resignado a prácticas penosas como la del esquí de fondo que otros preferían.
A los que piden elecciones, Pedro se las podría dar ahí donde puede serles más dañinas sin agravar más sus dificultades en el Congreso de los Diputados. Porque recordemos que en su condición de Secretario General del PSOE, declaró el sábado 7 de septiembre, en la reunión del Comité Federal, máximo órgano del Partido Socialista entre Congresos, nos quiere gobernar con o sin el apoyo del Legislativo. Una afirmación que le reprocharon sus aliados en el Consejo de Ministros y los afines asimilables que le asisten a trancas y barrancas en las votaciones inevitables del Congreso de los Diputados desde las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuyo resultado saludó Pedro Sánchez diciendo aquello de "somos más".
El caso es que la bronca suscitada por lo del Comité Federal alcanzó tal intensidad acústica, medida en decibelios, que, tres días después, el miércoles 14 desde Pekín, Sánchez optó por un recurso poco habitual e intentó una rectificación confusa que sumaba peras con manzanas buscando dar satisfacción a quienes por muy molestos que se sientan siguen siendo necesarios.
Cuestión distinta es que las dificultades en el Congreso sigan abiertas, que los presupuestos generales estén en el aire, que el prófugo Puigdemont reclame ser visitado a domicilio y que cuando las leyes requieren un quorum reforzado de mayoría absoluta para su aprobación, como sucede con las Leyes Orgánicas nuevas o con la reforma que se pretende de las vigentes, el proceso legislativo quede bloqueado.
Ese es, por ejemplo, el caso de la reforma del artículo 5.2 de la Ley 50/1997, de 27 de septiembre, del Gobierno, donde se precisa que "a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello". Su modificación es imprescindible para que pueda ratificarse el Tratado de Amistad Hispano Francesa, firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Barcelona el 19 de enero de 2023 mediante el que se institucionaliza tanto la celebración anual de cumbres bilaterales (la última fue la de Barcelona en diciembre de 2023) como la participación recíproca en Consejos de Ministros. Participación que contraviene el artículo 5. 2 de la Ley Orgánica arriba citada.
Sucede que esa alteración ha de aprobarse por la mayoría absoluta del Congreso, el decir por 176 Diputados, número del que está lejos de disponer el Gobierno a su favor. Y, sin esa aprobación, es imposible la entrada en vigor del Tratado pendiente desde hace dos años. Atentos.
