Este año 2025 hereda toda la tensión política y judicial del anterior y, en consecuencia, todos los interrogantes de un 2024 marcado por los primeros pasos de la XV Legislatura. Aunque el nuevo año arranca con el Gobierno de coalición instalado y con las estrategias de los distintos partidos ya definidas en sus respectivos congresos, la incertidumbre política promete marcar el paso: ¿Qué pasará con los Presupuestos? ¿Y con la financiación autonómica? ¿Cómo avanzarán las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez? ¿Se mantendrán las mismas alianzas políticas? ¿Habrá algún adelanto electoral? Son algunas de las preguntas cuya respuesta se conocerá en el trascurso de este nuevo año.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se prorrogaron por segunda vez el pasado 31 de diciembre al no lograr sacar otras cuentas en tiempo y forma. Sin embargo, la tarea pendiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez es presentar las de 2025 en el Congreso de los Diputados durante este primer trimestre. Todavía queda mucho por hacer, lo primero, aprobar una senda de déficit a la que Junts ya dijo 'no' hasta en dos ocasiones. El Gobierno sigue sin tener atados los apoyos, de hecho, la negociación pegó un frenazo en el último mes del año tras varios órdagos de Junts y también de Podemos, que avisaron a los socialistas de que o cumplían con los acuerdos o no tendrían los apoyos suficientes para sacar unas nuevas cuentas.
De hecho, Sánchez comenzará el año cumpliendo una promesa con ERC para arrancar con buen pie la negociación de los Presupuestos: perdonar la deuda catalana. Para ello, el presidente del Gobierno ya emplazó a todas las comunidades autónomas durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este mes. Allí, los barones que lo requieran podrán pedir la condonación de sus respectivas deudas y, previsiblemente, se debatirá sobre el sistema de financiación autonómica a petición de los presidentes del PP.
Un enero muy judicial
La tensión judicial tampoco se ha hecho esperar. Continúan las investigaciones sobre Begoña Gómez, mujer del presidente, con la citación de varios testigos en los próximos días; la declaración de David Sánchez, su hermano; o el suplicatorio y la investigación sobre el exministro José Luis Ábalos por el caso Koldo. Además, el Tribunal Supremo mantiene imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de unos correos electrónicos en los que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce un presunto fraude fiscal.
De hecho, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) envió la semana pasada un informe al Tribunal Supremo que certifica que García Ortiz cambió su teléfono móvil tan solo una semana antes de que se ordenara la incautación de su terminal. De hecho, la UCO dijo que había encontrado "0 mensajes" cuando registró los wasaps del fiscal general en las fechas en las que se produjo la filtración de los correos de la pareja de la presidenta, lo que generó sospechas de que pudo haber un borrado de los mensajes correspondientes a esos días. El Ministerio Público lo justificó alegando que el procedimiento de seguridad interno obligaba a borrar los mensajes periódicamente, mientras que Sánchez defendió a García Ortiz afirmando que "actuar sin pruebas no puede ser gratis" e incluso pidió que los que le habían acusado se disculpasen.
Por otro lado, el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón también está citado ante el juez este mes por la denuncia por violencia sexual. Y aunque parecía que la amnistía era cuestión de 2024, será en 2025 cuando, previsiblemente, se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad presentados por distintos barones autonómicos contra la medida de gracia.
El Congreso de los Diputados también se estrenará este año con varias deudas heredadas de 2024. Para empezar, queda por resolver el citado suplicatorio de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados. Previsiblemente, este mes de enero el exsecretario de Organización del PSOE tendrá que presentar sus alegaciones sobre la autorización del Tribunal Supremo al Congreso para investigarle por el caso Koldo. Si se acepta, como parece que sucederá, se celebrará un pleno que también promete ser clave.
Todo ello sin olvidar que las declaraciones ante el juez del conseguidor del caso Koldo apuntando tanto al ministro como a otros dirigentes socialistas siguen saliendo a la luz.
Impuesto energético y la moción de confianza
Por otro lado, el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros del año el decreto para prorrogar el impuesto energético comprometido por Podemos, pero que tendrá que ser convalidado por la mayoría parlamentaria del pleno de la Cámara Baja. Sin embargo, ni Junts ni el PNV parece que vayan a cambiar su sentido del voto, lo que puede volver a comprometer la estabilidad de la mayoría de Pedro Sánchez.
Y hay otro órgano parlamentario pendiente de una votación crucial: la Mesa del Congreso. Allí, el PSOE y Sumar tendrán que decidir si admitir o no a trámite la iniciativa de Junts que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Una votación de calado no por su componente legislativo —es una Proposición No de Ley (PNL)— sino por su trascendencia política, que podría tensar aún más las relaciones entre el PSOE y los de Carles Puigdemont si no llega a pleno.
Precisamente, las alianzas políticas entre unos y otros se adentran en un camino escarpado. El órdago de Junts al poner sobre la mesa la cuestión de confianza fue acompañado por varias votaciones en las que los posconvergentes unieron sus votos al PP. Los populares recibieron el apoyo de buen grado. A partir de ahí, la aritmética parlamentaria se presenta enrevesada. La mayoría progresista que invistió a Sánchez encontró su talón de Aquiles en la divergencia entre los socios de derecha e izquierda en votaciones como la de la reforma fiscal. El Gobierno salvó esta última, pero Junts ya mandó señales de que sus votos podrían cambiar de bloque dependiendo de la materia.
El encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont
Queda pendiente una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, algo que confirmó el propio presidente en el último balance del año. No solo lo hará con el líder posconvergente, también con el republicano, Oriol Junqueras, después de que haya sido reelegido tras el congreso de ERC que se celebró en el mes de diciembre.
Y aunque este 2025 no es un año electoral, como sí lo fueron 2023 y 2024, el mapa autonómico empieza bastante revuelto. El 31 de diciembre no solo se produjo la prórroga automática de los PGE. Tras la ruptura con Vox, también se dio la de varias cuentas autonómicas en las comunidades gobernadas en minoría por el PP. Las negociaciones de estos primeros meses serán clave para resolver si habrá o no cuentas autonómicas para el 2025 y cómo quedarán las respectivas legislaturas. Mientras tanto, el PSOE trata de rearmarse en sus diferentes federaciones territoriales con la vista puesta en futuros procesos electorales. ¿El objetivo? Recuperar parte del poder territorial que perdió en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.
Son varios los procesos congresuales socialistas que arrancan en los primeros coletazos del año y, la mayoría, con más incógnitas que certidumbres. Por lo tanto, y a pesar de que no se prevén batallas electorales, la contienda política promete cobrar especial relevancia en el tablero autonómico de 2025.
