El rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus del Gobierno, que contenía medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC, los descuentos en el transporte público o ayudas a los afectados por la DANA y por el volcán de La Palma, abre un panorama muy incierto. De momento, el Ejecutivo no ha revelado su estrategia a futuro y, aunque hay varias opciones a las que podría recurrir, todavía no ha revelado sus cartas y no ha aclarado si volverá a aprobar en los próximos días las medidas que han caído. Eso, no obstante, no implicaría necesariamente deshacerse del problema, porque los decretos tendrían que convalidarse en el Congreso en un plazo máximo de un mes.
Por lo pronto, el Gobierno se ha limitado a transmitir que no prevé una solución inmediata para revertir los efectos de la votación de este miércoles en la Cámara Baja, algo que hubiera podido hacer convocando un Consejo de Ministros extraordinario la misma tarde de este miércoles o el jueves. La siguiente reunión ordinaria del Gobierno está prevista para el martes que viene, aunque ni siquiera está confirmado que ese día se vaya a volver a dar luz verde a alguna de las medidas (o a todas) que este miércoles tumbaron en el Congreso los votos de PP, Vox y Junts.
No obstante, elaborar otro decreto ómnibus estaría condenado al fracaso de nuevo, dados los votos de los populares, de la ultraderecha y de los independentistas catalanes este miércoles. PP y Junts, además, han adelantado que, si el Ejecutivo presenta algunas de las medidas por separado, apoyarán las que compartan. Así, al Gobierno le quedaría la opción de trocear el decreto rechazado y presentar, por ejemplo, la subida de las pensiones en un único texto o los descuentos en el transporte, ambas medidas que PP y Junts aseguran apoyar, para ir convalidándolas una por una.
También hay otra opción, pero parece la menos probable: que el PSOE y Sumar, los partidos del Gobierno de coalición, apoyen las proposiciones de ley registradas este mismo miércoles por el PP en el Congreso en las que incluyen medidas como esas por separado. No obstante, esa vía retrasaría enormemente la puesta en marcha de la subida de las pensiones, puesto que, incluso aplicando todas las fórmulas reglamentarias para acelerar los trámites, el texto tardaría varias semanas en ser aprobado por Congreso y Senado, mientras que un decreto (como el rechazado este miércoles) certifica la actualización de las pensiones de manera inmediata.
Una de las medidas derribadas que el Gobierno ya está estudiando cómo recuperar en el corto plazo es el salario mínimo interprofesional, que de iure quedó este miércoles derogado en España. Tal y como está diseñado ese indicador en España, es imprescindible que siempre haya un decreto en vigor que explicite cuál es la retribución mínima que se puede abonar por ley, y ese decreto era el que decayó este miércoles. No obstante, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y, a última hora del miércoles, anunció que el Ejecutivo va a publicar una pauta interpretativa con orientaciones a las empresas que deje claro que hay que seguir respetando el salario mínimo de 2024.
El transporte público, Valencia y La Palma
Además de lo relativo al salario mínimo y de la revalorización de las pensiones, el Gobierno tendrá que decidir si aprueba por separado otro decreto que recupere la extensión hasta julio de los descuentos de, como mínimo, el 50% en el transporte público dependiente de las comunidades, así como la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes. En el paquete legislativo que derribaron PP, Vox y Junts este miércoles también se ponían en marcha ayudas para los ayuntamientos que redujera n a la mitad, durante todo el año 2025, los precios de sus servicios de alquiler de bicicletas urbanas, como son Bicimad en Madrid, Bicing en Barcelona, Valenbisi en Valencia o Sevici en Sevilla.
Asimismo, están en el alambre las ayudas para los afectados por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre, puesto que el decreto derribado este miércoles recogía una ampliación de préstamos a los afectados por el temporal y más ayudas a los agricultores y ganaderos cuyas parcelas fueron afectadas por las inundaciones. También se contemplaban nuevos límites para que el Gobierno de la Comunidad Valenciana pudiese asumir, de forma excepcional, nuevas operaciones de deuda para asumir la reconstrucción de las localidades afectadas.
Las víctimas de otra tragedia natural, en este caso la erupción del volcán de La Palma de 2021, también quedan a expensas de cómo rediseñe el Gobierno el decreto derribado por el Congreso. El texto que quedó sin efecto incluía la prórroga durante un año de los ERTE a los que se han acogido algunas empresas que no han podido reanudar por completo su actividad desde la catástrofe, el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social o la prestación por cese de actividad para los autónomos.
