Junts reaviva las tensiones con el Gobierno después de varias semanas fuera del foco. Los independentistas catalanes llevarán al pleno del martes que viene en el Congreso su proposición no de ley para instar al presidente Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza, esto es, para pedirle que ponga su cargo a votación en la Cámara Baja. Esta iniciativa no tendrá efectos legales incluso aunque salga adelante, puesto que el Ejecutivo no está obligado a seguir lo que le plantean las proposiciones no de ley. Pero es muy probable que sí sirva a Junts para propinar un nuevo varapalo parlamentario a Sánchez, puesto que los independentistas catalanes podrían escenificar su rechazo al presidente sumando sus votos a los de PP y Vox, con los que lograrían mayoría.
La proposición no de ley que se debatirá y votará la semana que viene no fue admitida a trámite hasta hace tres semanas, cuando el PSOE se vio obligado a tragarse ese sapo para que Junts votara (en el segundo intento) a favor de la convalidación del decreto que contenía la subida de las pensiones, las ayudas y descuentos al transporte público o las medidas para dificultar los desahucios. Inicialmente, los socialistas habían optado por bloquear en la Mesa del Congreso la iniciativa de los independentistas argumentando que la Cámara Baja no podía pedir a Sánchez que convocara una cuestión de confianza porque esa es una competencia exclusiva del presidente, pero cedieron a cambio de que Junts incluyera esa salvedad expresamente en el texto.
Lo cierto es que, estuviera o no explícitamente detallado en la iniciativa, el Congreso no tiene ningún poder para obligar al presidente del Gobierno a poner su cargo a disposición de la Cámara, que a grandes rasgos es en lo que consiste una cuestión de confianza. Como mucho, lo que puede hacer el legislativo es lo que debatirá la semana que viene: instar al Ejecutivo a que utilice esta herramienta. No obstante, Sánchez ha dejado más que claro que no tiene ninguna intención de presentar una cuestión de confianza, entre otras cosas porque perderla (algo que podría pasar si PP, Vox y Junts la apoyaran) sí le obligaría a dimitir, y al Congreso a elegir un nuevo presidente del Gobierno.
Eso no significa, sin embargo, que la proposición no de ley que se debatirá y votará la semana que viene no tenga importancia, puesto que es probable que salga adelante con los votos de PP, Vox y el propio Junts, lo cual supondría un nuevo bofetón parlamentario a un Gobierno sustentado por una mayoría muy precaria. Y no solo eso: implicaría un nuevo entendimiento entre la derecha catalana y la nacional secundado, además, por la ultraderecha de Vox, una alianza a tres que hasta hace poco era tabú pero que, en los últimos meses, ya se ha producido en varias ocasiones.
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