Una extrabajadora de la Embajada de España en Reino Unido ha demandado al Gobierno español después de que personal de alto rango en la acusara de ser una supuesta "agente doble", informa el Times.
Según este medio, Lydia Lorenzo, que tiene doble ciudadanía española y británica, también ha acusado al personal de la embajada de hacer sistemáticamente comentarios "despectivos" sobre el gobierno del Reino Unido y los británicos en general.
Según el Times, Moncloa ha intentado que se desestimara la reclamación de Lorenzo por discriminación con el argumento de que el personal de la embajada estaba exento de denuncias por leyes laborales en el Reino Unido.
Pero tres jueces británicos han rechazado el argumento del Gobierno español sobre lo que legalmente se conoce como inmunidad estatal, lo que significa que las reclamaciones de Lorenzo por discriminación y despido injusto ahora serán escuchadas por un tribunal laboral.
Según el Times, los abogados de Lorenzo argumentarán ante ese tribunal que un alto funcionario de la embajada de España en Londres bromeó sobre la lealtad de Lorenzo a España, sugiriendo que "podría ser una agente doble".
Los letrados sostienen que Lorenzo fue objeto de sugerencias para restringir su acceso a ciertos documentos y partes de la embajada debido a su doble nacionalidad. Su denuncia también incluye acusaciones de que uno de los "agentes diplomáticos" de la embajada criticó a "Gran Bretaña, a los británicos y al gobierno británico".
La demanda de Lorenzo ya había sido autorizada para una audiencia plenaria, primero por el tribunal laboral y luego por el tribunal de apelación laboral, pero el Gobierno español siguió argumentando que los funcionarios de su Embajada deberían tener inmunidad estatal frente a la demanda.
En un fallo de la semana pasada, tres jueces del Tribunal de Apelaciones —Lord Bean, Lord Baker y Lady Andrews— desestimaron los argumentos de Madrid.
Los jueces sostienen que el trabajo de Lorenzo en la Embajada, que implicaba realizar tareas administrativas para diplomáticos, no estaba comprendido en el ámbito del derecho internacional y, por lo tanto, no estaba cubierto por la legislación sobre inmunidad estatal.
Ryan Bradshaw, socio del bufete de abogados londinense Leigh Day, que representó a Lorenzo, dijo al Times que estaba "encantado" de que los jueces de apelación se hubieran "mantenido firmes" frente a los argumentos del Gobierno español.
"Es una sentencia importante que refuerza que las prácticas discriminatorias no deben considerarse superiores a la ley en ningún lugar de trabajo", afirma Bradshaw.
