El instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, quien se encarga de investigar si el fiscal general del Estado filtró información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, ordenó en vano registrar el teléfono del investigado, Álvaro García Ortiz, porque la Guardia Civil encontró "cero mensajes" en su teléfono móvil en los días en los que se gestó la filtración. Sin embargo, Hurtado está abonando el terreno para recuperar los mensajes que la Fiscalía admite que ha borrado por un protocolo de seguridad. De hecho, el juez ya ha ordenado a la UCO que le facilite el número de teléfono de García Ortiz y los códigos IMSI/IMEI asociados a su tarjeta SIM, lo que "con total seguridad" es el paso previo a requerir información a la correspondiente compañía telefónica, según fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes precisan que dado que lo que se investiga son varias filtraciones periodísticas y quienes las publicaron están amparados en el secreto profesional, la manera más directa que tiene el instructor para averiguar si García Ortiz filtró la información es la intervención de sus dispositivos electrónicos.
Registrar el despacho del fiscal general y el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos imputados, fue el primer paso que dio Ángel Hurtado, que todavía no ha tomado declaración a García Ortiz ni a los periodistas que publicaron las informaciones (a los que interrogará entre el 8 y el 9 de enero). El volcado del teléfono de Rodríguez permitió a la UCO concluir que García Ortiz tuvo una "participación preeminente" en la filtración.
Los mensajes hallados en el móvil de la fiscal de Madrid desvelaron que el fiscal general reclamó que se le hicieran llegar los correos que habían intercambiado el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal Julián Salto, y que versaban sobre un pacto de conformidad para eximir al primero de una eventual pena de prisión por fraude fiscal.
El 13 de marzo, después de que El Mundo publicara que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido este acuerdo al novio de Ayuso, García Ortiz quiso recabar esas conversaciones y demostrar que había ocurrido al revés: fue el abogado de González Amador quien propuso el pacto. Al día siguiente por la mañana se publicó una nota de prensa aclaratoria que dio origen a la causa, pero el Tribunal Supremo determino que esta no comportaba un delito: había que investigar lo que ocurrió la noche anterior, cuando el contenido íntegro de los correos electrónicos se filtró a los medios.
Precisamente para averiguar qué ocurrió en aquellos días, el instructor ordenó a la UCO que recabara los mensajes de García Ortiz entre los días 8 y 14 de marzo. Pero al encontrar que hay "cero mensajes" correspondientes a esas fechas en el teléfono del fiscal general del Estado, el instructor Ángel Hurtado ha dictado una nueva providencia.
En ella, el magistrado ordena que "a la vista del resultado" del volcado del teléfono de García Ortiz, se facilite "números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron objeto de dicha diligencia, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono". El IMSI, también llamado identificador internacional de abonado móvil, sirve para identificar al cliente de una línea telefónica y su operador. El IMEI, como el IMSI, es un identificativo internacional único. De modo que al conocer ambos identificadores el instructor podría identificar la compañía de la línea telefónica de García Ortiz y requerir a esta empresa información sobre los mensajes borrados.
