La primera vez que atravesé Ecuador fue a finales de abril de 1990. Venía de cubrir la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú que finalmente ganó Alberto Fujimori bajo la violencia extrema de Sendero Luminoso e iba a Colombia a presenciar el triunfo del colombiano César Gaviria con las bombas del cártel de Medellín, todavía dirigido con brutalidad por Pablo Escobar, como grandes protagonistas.
Los días que pasé en Ecuador fueron deliciosos. No tenía que preocuparme por una inflación desaforada peruana que duplicaba los precios cada dos semanas ni por atentados de los narcos colombianos. Regresé de vacaciones en 1991 durante casi un mes y volví a pasar dos semanas fantásticas con mi familia en 2011 tras inaugurar la exposición Vidas Minadas, 10 años en el Centro Cultural Metropolitano de Quito.
Ecuador fue siempre uno de los comodines de descanso para los que trabajábamos en América Latina porque nunca pasaba nada. Por supuesto que había serios problemas, pero nada que ver con las guerras en los países vecinos andinos, las dictaduras militares en el Cono Sur o los virulentos conflictos armados en Centroamérica.
He tenido que esperar hasta principios de 2025 para exprimirme en una verdadera cobertura periodística porque todo empezó a cambiar hace una década. Antes, ya había ciudades complicadas como Guayaquil por donde los grandes cárteles colombianos de los noventa sacaban sus alijos escondidos en los contenedores que eran revisados a la ligera en su puerto.
Pero la violencia se desató hace unos años hasta convertirse en un mal endémico a principios de esta década, especialmente en los años posteriores al impacto de la pandemia de Covid 19 y sus rebrotes. 2023 fue el año más violento de su historia. En enero de este año se han superado todos los records de homicidios.
Cuando se trabaja en contacto con la violencia y el sufrimiento se tiende a diluir escenas cotidianas de violencia entre las grandes masacres que mecen la memoria. Lo que pasa aquí tiene menos importancia que lo que vi allí porque, nos guste o no, los periodistas también somos responsables de deformar la realidad estableciendo una jerarquía de la muerte. Como si hubiera muertos mediáticos y muertos olvidados.
"Los periodistas atacados cubren temas sensibles como disputas por rutas de tráfico de drogas, conflictos ambientales relacionados con el petróleo o vinculados a las tierras ancestrales de los indígenas"
Pero, en realidad, nos equivocamos. Un muerto de aquí o de allí tiene el mismo valor individual porque todos dejan historias inconclusas y familias devastadas. Y porque su historia personal es singular y única aunque esté encuadrada en un masacre de miles de personas o se contabilice como un simple crimen individual.
Esa misma sensación se tiene cuando se analiza la actividad periodística. En América Latina las cifras de asesinatos de periodistas en México o Colombia llevan años marcando la pauta de lo incomprensible y provoca que se relativice lo que pasa en países como Ecuador. Un error porque morir asesinado por investigar a los carteles del narcotráfico, las bandas criminales o las arbitrariedades gubernamentales deberían tener el mismo significado tanto si ocurre en un país donde es habitual como en otro donde los ataques se distancian en el tiempo.
Trece crímenes a periodistas cometidos en Ecuador entre el 2005 y el 2022 siguen en la impunidad, según Fundamedios, organización no gubernamental ecuatoriana creada en 2007, con el fin de documentar las violaciones contra de la prensa.
Al menos, 19 periodistas se han visto obligados a exiliarse en los dos últimos años por la grave ola de violencia y amenazas que sufre el país y "la insuficiente protección de los trabajadores de los medios de comunicación", tal como denunciaba un reciente informe de Reporteros sin Fronteras. La organización internacional aseguraba que "los periodistas atacados cubren temas sensibles como disputas por rutas de tráfico de drogas, conflictos ambientales relacionados con el petróleo o vinculados a las tierras ancestrales de los indígenas".
José Luis Calderón fue tomado como rehén el 9 de enero de 2024 durante el asalto de un grupo armado en directo a su canal de televisión, admitió que sufrió estrés postraumático y meses después decidió exiliarse. En el mes de enero de este año otro periodista, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato por seguridad, “huyó del Ecuador tras sobrevivir a un ataque armado después de meses de amenazas de muerte”, según RSF.
Antes de dejar su hogar, Paulina se preguntó en público: "¿Cómo denunciamos si las propias autoridades trabajan con esas bandas criminales?"
La organización defensora de la libertad de prensa ha pedido al gobierno ecuatoriano que proporciones "garantías judiciales e institucionales" para impedir que los periodistas se vean obligados a exiliarse por amenazas. RSF afirma que "la violencia contra los periodistas seguirá siendo una estrategia eficaz para acallar las voces que critican a los poderes políticos, económicos y armados".
Caso sin resolver
Uno de los casos que más conmocionó al mundo y que siguen sin resolverse casi siete años después fue el secuestro del 26 de marzo de 2018 del fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra por disidentes de la extinta guerrilla FARC cuando realizaban un reportaje en la convulsa frontera con Colombia.
Tras dos semanas sin noticias el gobierno ecuatoriano confirmó el asesinato múltiple y sus cuerpos fueron recuperados casi tres meses después en el lado colombiano. El máximo responsable del grupo disidente de la guerrilla fue abatido seis meses más tarde por las fuerzas de seguridad colombianas.
En enero de 2024, una periodista ecuatoriana mandó una fotografía con su esposo y también periodista abrazada a dos hijas menores de edad mientras se marchaba a otro país en un autobús interprovincial.
Ambos habían denunciado las arbitrariedades durante dos décadas de grupos delincuenciales y sufrido agresiones en la región donde vivían hasta que se refugiaron en otra zona del país. Antes de dejar su hogar, Paulina se preguntó en público: "¿Cómo denunciamos si las propias autoridades trabajan con esas bandas criminales?". Una nueva alerta de seguridad los convenció para abandonar definitivamente su país.
Las amenazas de muerte aumentaron un 328% de 2021 a 2023, un incremento porcentual calculado por la Fundación Periodistas Sin Cadenas, una organización sin fines de lucro que promueve el periodismo de investigación y defiende la libertad de expresión.
La impunidad se ha convertido en el mejor aliado contra el trabajo de los periodistas. Una delegación de organizaciones periodísticas ecuatorianas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "la ausencia de políticas públicas que garanticen la vida de los profesionales, de mecanismos de protección y de acceso a la justicia en emblemáticos casos de violencia contra periodistas, como principales causas de vulnerabilidad de la profesión".
