El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes su permanencia en el cargo durante una tensa comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado. Ante las críticas de PP y Vox, que le han reclamado la dimisión, García Ortiz ha sentenciado que abandonar el cargo sería "una concesión a los delincuentes", haciendo incluso alusión a "las redes criminales transnacionales". Además, ha explicado que borró sus mensajes de WhatsApp, coincidiendo con el día de su imputación, porque es algo que hace a menudo, por su "derecho a mantener la intimidad" y por cumplir "las previsiones legales para proteger los datos" que custodia.
"Es muy fácil meterse con el fiscal general, hasta un niño de cuatro años podría hacerlo, y el fiscal general no puede responder", ha lanzado García Ortiz en su turno de réplica a los grupos parlamentarios del Senado, concretamente en contestación al PP y a Vox. García Ortiz ha encajado en silencio y con el semblante serio el durísimo turno de intervención de la senadora popular María José Pardo, y ya en el turno de réplica ha contestado a todas sus críticas relacionadas con su imputación en el Tribunal Supremo.
Lo primero que ha dicho Álvaro García Ortiz es que "el fiscal general del Estado no huye" y, "mirándoles a la cara", le ha dicho a los senadores que "el fiscal general es una legítima designación del Gobierno". Acto seguido, ha denunciado ser víctima de un combate que no está equilibrado: "Ustedes me han hecho críticas muy duras en lo profesional y en lo personal, algunas innecesarias. Están en su derecho, pero yo no me puedo defender; no puedo salir al campo político y contestarles".
A esta situación expuesta por García Ortiz se le suma su imputación en un proceso penal: "Fíjense qué situación más complicada para venir y explicar lo que no puedo explicar". De hacerlo, ha dicho, "ocurriría lo que tantas veces denunciamos, la interferencia en la dificilísima labor del magistrado instructor", y el fiscal general perdería su debida imagen de "imparcialidad".
Antes de que García Ortiz se defendiese con estas palabras, la senadora del Partido Popular ha defendido que "hace tiempo" que García Ortiz "no debería ser fiscal general del Estado". Su permanencia, ha subrayado la popular, "representa una auténtica anormalidad democrática", en tanto que García Ortiz es "el primer fiscal general imputado" en la historia de la democracia.
El fiscal general ha defendido más tarde su decisión de permanecer en el cargo porque "si dimitiera, estaría haciendo una concesión a los delincuentes". "Las redes criminales transnacionales son fenómenos que como vean un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito no van a dudar en usarlo", ha sostenido el fiscal general. Acto seguido ha destacado: "Desde el punto de vista personal sería más cómodo marcharme, yo me quedo porque creo en la institución".
La permanencia en el cargo, que para el fiscal general es un acto en defensa de la institución que encabeza, es en cambio para el PP una manera de "dinamitar la institución". Y una muestra de que García Ortiz no tiene "la más mínima dignidad", según ha expresado pardo desde la Cámara Baja.
El borrado de los whatsapps
Como era de esperar, uno de los asuntos centrales en la intervención de los populares ha sido el borrado de los mensajes de WhatsApp del móvil del fiscal general del Estado el mismo día en que el Supremo lo imputó.
"¡Un auténtico esperpento!", ha exclamado la senadora del PP al referirse a "un fiscal general que borra las pruebas del delito por el que se le investiga, curiosamente el día en que se abre la investigación: al más puro estilo de un delincuente".
Ni Pardo ni Paloma Gómez (Vox) han eludido extender sus ataques contra García Ortiz al presidente Pedro Sánchez o, en palabras de Gómez, "el 1", en referencia a como se referían a Sánchez los investigados en el caso Koldo. "Usted no es el fiscal general del Estado, es el fiscal general de Pedro Sánchez", ha espetado Pardo antes de sacar del cajón la famosa frase del presidente: "¿La Fiscalía de quién depende?". Paloma Gómez, por su parte, ha querido deslizar la idea de que García Ortiz no dimite porque no se lo permite el presidente del Gobierno: “¿A quién está protegiendo usted?".
Al referirse al borrado de sus mensajes, el fiscal general ha sostenido que "quien mantenga datos relativos a terceros y no los necesita está incumpliendo un reglamento". "Borro, por tanto, porque es mi derecho a mantener mi intimidad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger los datos de los que soy custodio". El fiscal general ha lamentado que, a raíz del borrado del teléfono se "extiende" sobre él "una sospecha" y "un señalamiento público". De modo que ha recordado a los presentes: "La inocencia se presume. Ningún ciudadano está obligado a defender su inocencia".
En cuanto a la eliminación de su cuenta personal de Google, ha asegurado que procedió a borrarla el 28 de diciembre "ante el acoso" que estaba sufriendo a raíz de la revelación de sus datos personales.
El senador Antonio Silván, que se ha encargado de pronunciar la segunda réplica del Partido Popular, ha acusado a García Ortiz de ser una "deshonra para el Estado de Derecho". Y ante las acusaciones de Silván contra García Ortiz, el socialista José María Oleaga ha abandonado la sala tras exclamar que "no se puede llamar delincuente al fiscal general del Estado". Álvaro García Ortiz, que ha tenido la última palabra en la sesión, ha lamentado irse de allí "con una cierta sensación de no haber sido escuchado".
