El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se querellará contra el presidente del Gobierno por haberle llamado "delincuente confeso" y le pedirá una indemnización de 100.000 euros. Este miércoles estaba fechado un acto de conciliación entre González Amador y el presidente. Al no haber comparecido ni Pedro Sánchez ni su letrado, se da por intentado este acto de conciliación, que no es más que el paso previo a la presentación de una querella.
El Juzgado de Instrucción número 98 de Madrid acotó en un decreto que "si no comparece la parte solicitante", es decir, la representación letrada de González Amador, el acto de conciliación se daría por "desistido" y el expediente se archivaría. Por el contrario, si no comparecía la "parte requerida de conciliación", esto es, el presidente o su abogado, el acto se daría por intentado "a todos los efectos legales". De modo que ahora la pareja de Ayuso podrá presentar una querella "por presuntas injurias y calumnias". Fuentes de su entorno confirman que así lo hará.
El presidente del Gobierno incurrió en el presunto delito de calumnias que denunciará González Amador el pasado 17 de octubre, un día después de que el Supremo imputara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente revelar información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Aquella mañana, Sánchez se refirió a este asunto con las siguientes palabras: "Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo".
¿Por qué aludió el presidente al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez? Porque este difundió (eso sí, con la connivencia del abogado de González Amador) parte de los correos filtrados por los que se investiga al fiscal general del Estado. El único mail que difundió el jefe de gabinete daba a entender que el fiscal Julián Salto ofrecía un acuerdo de conformidad al letrado de González Amador para eximirle de una posible pena de prisión por un presunto fraude de 350.000 euros a Hacienda.
Horas después se filtró información con el contenido íntegro de la conversación entre el fiscal y el abogado y se desveló que fue este último quien ofreció el acuerdo en primer lugar. Por esta filtración se investiga a García Ortiz en el Tribunal Supremo, en una causa que está siendo tremendamente mediática. La postura del Gobierno al respecto viene a ser la misma que dejó ver el presidente el 17 de octubre. A juicio de Moncloa, lo que hizo el fiscal general fue desmontar un "bulo", y su imputación no debería desviar el foco de lo que el Gobierno considera más importante: la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un "delincuente confeso".
González Amador, por su parte, está ejerciendo todas las medidas legales que tiene al alcance para denunciar que el presidente y sus ministros están calumniándole cada vez que lo llaman "delincuente confeso". Además del presidente, han sido emplazados a una conciliación el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la de Hacienda, María Jesús Montero.
Esta última tampoco acudió al acto en el que se la requirió, de modo que el novio de Ayuso ya se ha querellado contra ella por vulnerar su derecho al honor. El pasado 16 de diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite la demanda, que en el caso de Montero se refiere a una comparecencia que realizó ante los medios en el Senado el 12 de marzo. González Amador ha reclamado 40.000 euros de indemnización.
