Ocho inspectores generales de varios departamentos federales de EEUU han presentado este miércoles una demanda contra el Gobierno del presidente, Donald Trump, por despedirles "ilegal" e "injustificadamente". El mandatario destituyó en su primera semana en la Casa Blanca a al menos 17 de estos trabajadores, cuya función es fiscalizar y velar por el correcto funcionamiento del Ejecutivo.
Ahora, ocho inspectores que trabajaban en los departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos, Salud, de Estado, Agricultura, Educación, Trabajo y de la Administración de Pequeñas Empresas han alegado que sus despidos fueron una "violación de los estatutos federales" que a su juicio están para protegerles "de este tipo de interferencias".
En la demanda, que fue presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, los trabajadores han pedido que se anule su despido. Insisten en que no se ha proporcionado al Congreso un "aviso de 30 días ni razones sustanciales", hasta que, en su caso, el presidente "los destituya legalmente".
Además, han reclamado que los demandados -Trump y los nuevos secretarios de las agencias- no puedan tomar medidas que les impidan a los inspectores hacer su trabajo, así como "todos los pagos atrasados y beneficios adeudados como resultado de su destitución ilegal supuesta".
En el momento en el que el presidente comunicó su despido, algunos miembros de partido demócrata, como Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, ya apuntaron a que podría tratarse de "una violación de las leyes federales".
"Se espera que los inspectores generales sean independientes de la presión política, independientes del jefe de la agencia, y que se aseguren de qué ley se cumple y el dinero se gaste adecuadamente, y no debería haber ninguna presión política contra su trabajo", dijo en un comunicado.
