Segundo asalto parlamentario del PSOE con la ley del suelo. La reforma impulsada por los socialistas para "agilizar" los desarrollos urbanísticos vuelve este martes al Congreso de los Diputados, que votará si empezar o no a tramitarla. El Gobierno ya intentó hace nueve meses poner en marcha la maquinaria parlamentaria para sacar adelante esta iniciativa, aunque dio marcha atrás en el último momento por miedo a no contar con suficientes apoyos. En esta ocasión, el texto llega con la firma del PNV, aunque su futuro está en manos del PP. Los socialistas miran a la formación de Alberto Núñez Feijóo para que la ley del suelo inicie su andadura parlamentaria, dado que a su izquierda el rechazo de sus socios habituales es unánime.
El objetivo del cambio normativo impulsado por el PSOE, y abrazado por el PNV, es evitar la paralización en los tribunales de los planes de ordenación urbanística, que son los proyectos municipales en los que se dibujan la evolución y el crecimiento de las ciudades determinando qué uso se le puede dar a cada suelo, si se puede construir en él y en qué condiciones, por ejemplo. Durante décadas, decenas de estos planes han acabado bloqueados por la justicia por contar con algún error formal. Para tratar de frenar esos atascos y la reversión de los proyectos con faltas leves, la norma sobre la que se pronunciará este martes el Congreso introduce la posibilidad de subsanar errores menores, al mismo tiempo que limita las cuestiones recurribles por medio de la acción popular.
El texto es prácticamente el mismo que llevó el Gobierno a la Cámara Baja a finales de mayo del año pasado, aunque en aquella ocasión no llegó a votarse porque el Ejecutivo lo retiró en el último momento ante el temor a una derrota parlamentaria en vísperas de las elecciones europeas. Esta vez, la ley del suelo vuelve al Congreso tras un acuerdo entre PSOE y PNV para retomarla con la firma de los nacionalistas vascos, que han añadido a la propuesta escuetas referencias para garantizar que a la hora de acometer planeamientos urbanísticos se respeten las normativas autonómicas.
Con la firma del PNV los socialistas no solo pretenden recuperar su iniciativa, que defienden que cuenta con el apoyo de los municipios y del sector de la construcción, sino también tratar de conseguir el favor del PP. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció la semana pasada que la formación de Pedro Sánchez ha retirado su rúbrica de la proposición de ley "por si hay algún partido al que le da alergia votar una ley que lleve el sello del PSOE", y admitió que es del PP de quien esperan el apoyo para sacar adelante la reforma.
Por el momento, el partido de Feijóo no muestra sus cartas, aunque hace tres semanas registró su propia propuesta para modificar la ley del suelo. El texto de los populares comparte el espíritu del impulsado por el PSOE. Prevé además un silencio administrativo positivo ante la falta de informes o licencias, lo que significaría dar luz verde cuando no haya respuesta de la administración, todo con el objetivo de evitar la paralización de los desarrollos urbanísticos. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de facilitar la construcción de vivienda como solución a la crisis habitacional. Sin embargo, la proposición del PP también busca marcar distancias con el Gobierno, ya que los de Feijóo incluyen en su propuesta la derogación de los aspectos "más lesivos" de la ley de vivienda, una norma defendida por el PSOE y la izquierda.
Sumar insiste en su 'no'
En cualquier caso, como ya ocurriera hace menos de un año, si el PSOE se ve en manos del PP para sacar adelante la reforma de la ley del suelo es porque todos los partidos a su izquierda coinciden en rechazar el texto. Y eso incluye a Sumar, que se ha mostrado frontalmente en contra de empezar a tramitar una norma que, considera la formación liderada por Yolanda Díaz, sentaría las bases para una nueva burbuja inmobiliaria y para la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios faraónicos y perjudiciales para el medio ambiente.
Así lo explicó este lunes el portavoz orgánico de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que argumentó que Sumar no puede respaldar una proposición de ley que, aunque tenga mínimos cambios, es básicamente idéntica al proyecto de ley que el Gobierno tuvo que retirar el pasado mayo por falta de apoyos. Urtasun aseguró que la norma es más "propia de las políticas fracasadas de hace 20 años" que de una concepción moderna de la materia, y aseguró que las medidas que contiene "no funcionarán" para solucionar el problema de acceso a un piso de buena parte de la población española.
En concreto, son dos las cuestiones por las que Sumar se opone a iniciar siquiera la tramitación de la ley. La primera de ellas, explicó Urtasun este lunes, "es que se limite la capacidad de declarar nulo por defectos de forma un determinado planeamiento urbanístico". Y la segunda, que es el principal punto de desacuerdo de los de Yolanda Díaz, es que la ley reduzca el radio de acción de la "acción popular" a la hora de oponerse en los juzgados a "algunos planteamientos urbanísticos". "Nos preocupa muchísimo, como a todas las asociaciones medioambientales, porque la acción popular ha permitido frenar auténticas barbaridades en el plano urbanístico", sostuvo el ministro.
Sin Sumar, el voto del resto de los socios de izquierdas del PSOE es irrelevante para sacar adelante la norma, puesto que los socialistas solo alcanzarían la mayoría necesaria para iniciar la tramitación en el Congreso con el PP. Pero lo cierto es que ERC, EH Bildu y Podemos ya dejaron claro el pasado mayo que se oponían a la reforma de la ley del suelo: los republicanos catalanes, al igual que los morados y que Junts, incluso presentaron enmiendas a la totalidad contra el texto del Gobierno, la figura parlamentaria para derribar la iniciativa antes de que empezara a trabajarse en el Congreso.
Podemos, en esa enmienda a la totalidad, criticaba que el texto "implica una eliminación injustificada de trámites y garantías urbanísticas que sólo colabora a potenciar la especulación urbanística". ERC, por su parte, denunciaba "la ausencia de negociación satisfactoria del proyecto con la Generalitat", que es la administración competente en materia de vivienda, mientras Junts recordaba que la legislación actual "garantiza a los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas por estas entidades con plena autonomía".
