El PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum... El PSOE quiere deshacerse de un plumazo de todas las acusaciones populares personadas en las causas que asedian al entorno político y personal de Pedro Sánchez. Y esto, de hecho, permitiría archivar, por ejemplo, los casos contra la esposa y el hermano del presidente, pues en dichos procedimientos estas organizaciones son las que acusan y no la Fiscalía.
Los socialistas han registrado en el Congreso una proposición de ley que busca poner coto a la acción popular, impidiendo que las acusaciones populares participen de la fase de instrucción (investigación) judicial. Tal y como apunta la disposición transitoria única del texto, la medida se aplicará "en el momento de entrada en vigor de la ley", lo que puede suponer la expulsión inmediata de todas las acusaciones mencionadas.
Varias de ellas han reaccionado ya a la medida que anunció el PSOE este viernes a primera hora, señalando que es "inconstitucional". El Partido Popular señala que la reforma se debe a la "desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno". Se trata de "un paso más" en el afán del Ejecutivo por "laminar al Poder Judicial", enfatizan fuentes populares, que consideran que "el PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denuncian".
La reacción de Vox la ofreció directamente Santiago Abascal, que puso de relieve la importancia de la figura de la acusación popular e indicó: "Sánchez no tiene ningún limite y con esto demuestra que está dispuesto a todo". A juicio de Hazte Oír, que también emitió un comunicado oficial horas después de conocerse la iniciativa, esta solo tiene el objetivo de alcanzar "la impunidad" para Sánchez y para quienes le rodean. Iustitia Europa, por su parte, afirmó que sin las acusaciones populares "todo se centraría en una Fiscalía partidizada". "Un atropello a la democracia", zanjó el partido de Luis María Pardo.
Defender a "los colectivos víctimas de acoso"
La proposición de ley registrada por el PSOE justifica que su objetivo, lejos de estar relacionado con el asedio judicial al Gobierno, es "asegurar los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso y, concretamente, su derecho al honor, a la libertad de expresión y creación a la participación política y a la tutela judicial efectiva".
El texto deja patente "el uso abusivo de la figura de la acusación popular" por parte de colectivos para "atacar a sectores sociales no afines y a adversarios políticos". Según denuncia el Grupo Parlamentario Socialista, existen actores que con su "acoso" judicial están vulnerando el derecho al honor y a la tutela judicial efectiva. Además, la formación se refiere a las "filtraciones" que dan dimensión mediática a las causas investigadas.
Así pues, la medida esencial de esta reforma es la regulación de la acción popular, más aún si se tiene en cuenta el contexto judicial del último año. Un grupo de acusaciones populares han impulsado las investigaciones a Begoña Gómez o al hermano de Sánchez y también están personadas el la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el caso Koldo, en cambio, la Fiscalía Anticorrupción sí ejerce la acusación, por lo que esta investigación no se vería afectada por la reforma legal.
La personación permite a las acusaciones populares solicitar diligencias de investigación, acceder a la sala durante los interrogatorios, hacer preguntas a testigos e investigados y acceder al sumario íntegramente, incluyendo los audios o vídeos de las declaraciones así como los informes policiales. Son una parte más, que puede ser decisiva para impulsar una investigación judicial. Pero según apunta el PSOE, expulsarlas de la instrucción supondría acabar "con la filtración constante de las diligencias con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial".
Si saliera adelante la reforma que ahora proponen los socialistas, las acusaciones solo podrían actuar al inicio más inmediato de una causa, mediante la presentación de una denuncia; al final de la investigación, recurriendo un auto de sobreseimiento de la causa si no están de acuerdo con que finalice la instrucción; y "durante la fase del juicio oral". Además, el PSOE propone exigir "un vínculo concreto relevante y suficiente" para que se persone una acusación, que en ningún caso podrá ser un partido político ni una asociación o fundación vinculada con uno.
La medida de acotar la acción popular no es una idea repentina del Gobierno. No solo lleva tiempo gestándose y ha sido considerada en el pasado por el propio Partido Popular; se trata de uno de lo puntos que adoptó el Gobierno en el Plan de Acción para la Democracia que anunció el presidente tras sus cinco días de reflexión. No obstante, esta iniciativa que cambiaría radicalmente el modo en que se instruyen las causas en España se había planteado hasta ahora acompañada de una reforma más amplia. Una reforma para cambiar la Fiscalía dotándola de mayor independencia para que se haga cargo de las investigaciones ocupando el lugar del juez de instrucción.
