Luz verde del Congreso a comenzar la tramitación de la ley presentada por los partidos a la izquierda del PSOE para regular y establecer límites a los alquileres de temporada y también por habitaciones. Este martes, la Cámara Baja aprobó por mayoría la toma en consideración de la norma, que ahora pasará a ser debatida y enmendada por los grupos en comisión. Y lo hizo con los votos de Junts, que dio su apoyo a iniciar la tramitación tres meses después de haber tumbado a última hora y por sorpresa una iniciativa casi idéntica, una decisión que entonces le costó durísimas críticas incluso de su entorno más cercano.
Los de Carles Puigdemont, eso sí, dejaron claro durante el debate de este martes en el Congreso que su voto favorable no garantiza su apoyo cuando se vote el texto final. De hecho, la diputada Marta Madrenas exigió cambios "sustanciales" en la norma para poder respaldarla si finalmente termina avanzando en su tramitación, algo que todavía está por ver habida cuenta de las enormes diferencias entre los socios parlamentarios del Gobierno y entre el propio PSOE con Sumar, unas diferencias que pueden terminar bloqueando el avance del texto. "Hoy damos un sí al debate, pero no presupongan ni por un instante que eso supone un sí de Junts a este texto", resaltó Madrenas.
La diputada del grupo independentista exigió que, en lugar de establecer limitaciones a los propietarios para que no utilicen de manera fraudulenta la figura del alquiler temporal o por habitaciones, "sean los poderes públicos quienes desarrollen las políticas de vivienda y que las sufraguen con fondos públicos, que para eso se recaudan impuestos". "Hoy nos encontramos de nuevo con una propuesta que causará mucha frustración a los que realmente sufren el via crucis de acceder a una vivienda digna, porque de buena fe creerán que esto va a mejorar sus posibilidades y tienen que saber que no será así, que solo se está intentando enmascarar nuevamente el fracaso del Gobierno y sus socios", espetó Madrenas.
Con menos belicosidad, pero en la misma línea, se pronunció el PNV, que denunció que la ley de vivienda aprobada en 2023 no ha conseguido bajar los precios de los alquileres, pese a que su principal mecanismo, la limitación de precios, solo se ha aplicado en Cataluña (en Navarra y algunos municipios de Euskadi está empezando a hacerse ahora) y sí ha disminuido las tarifas. "Con esta ley se está generando inseguridad jurídica hacia el propietario e inseguridad jurídica hacia quienes quieren arrendar una vivienda y son obligados a firmar contratos de temporada", sostuvo la diputada Maribel Vaquero, que afirmó que el apoyo del PNV a la iniciativa de este martes únicamente se circunscribe a la necesidad de "iniciar su tramitación" para presentar enmiendas.
Por el contrario, los partidos proponentes de la norma elogiaron un texto que debe servir para que "unos pocos dejen de tener privilegios sobre los derechos de muchos", en palabras de la diputada de Sumar Gala Pin. "Es el momento de que hagamos cosas y las hagamos con rapidez", instó por su parte el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute, mientras la líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que "el sistema de vivienda" en España es "casi igual de violento que el sistema sanitario en EEUU".
Equiparar los alquileres temporales a los estables
En resumidas cuentas, lo que pretende la proposición de ley es equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. El objetivo último de la iniciativa, según sus impulsores, es que deje de ser atractivo para muchos arrendadores poner sus pisos en el mercado de alquiler temporal, una vía que ahora mismo les permite eludir muchas de las salvaguardas para los inquilinos.
En concreto, la proposición de ley establece que, en contratos de duración temporal, se prohíba el cobro de honorarios de agencia al inquilino, así como que se limite la cuantía de la fianza que pueden exigir los propietarios, que no podría ser superior al valor de media cuota mensual (en el caso de los alquileres de vivienda habitual, la fianza máxima es de dos mensualidades). Además, la reforma plantea que se pudieran aplicar los límites de precios que ya recoge la ley de vivienda para zonas de mercado tensionado, unos topes que, hoy por hoy, solo se han puesto en marcha en Cataluña, Navarra y algunos municipios del País Vasco puesto que las comunidades gobernadas por el PP y el resto de las lideradas por el PSOE se niegan a aplicarlos.
De la misma manera, se plantea restringir la posibilidad de alquilar la vivienda con un contrato menor a los cinco años de duración que establece la ley, algo que únicamente se podría hacer, si se aprueba la norma, justificando debidamente el motivo "y su conexión con la duración prevista". "En caso de no quedar debidamente acreditadas, se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual", con todo lo que ello implica: entre otras cosas, que no se podrá subir el precio más allá de lo marcado por ley durante ese tiempo, establece la proposición de ley.
