Ángel Hurtado, juez a cargo de la investigación al fiscal general del Estado, ha recordado a las partes personadas en el proceso que deben cumplir "el deber de reserva" recogido en el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. El recordatorio, que no es el primero que hace el instructor, atiende esta vez a la "conocida queja" que presentó hace unos días Álvaro García Ortiz ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la filtración de un informe de la Guardia Civil en el que se contenían varios datos personales.
En la breve providencia dictada este jueves, Hurtado alude a esta denuncia de García Ortiz "relativa a la difusión de datos en determinados medios, al parecer extraídos del informe de la UCO de 7 de febrero de 2025". "Quede constancia de ello y póngase en conocimiento de las partes personadas para que, en su caso, formulen alegaciones, en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva", dispone el magistrado.
En concreto, el instructor del Supremo se refiere a la posibilidad, sobre la que podrán pronunciarse las partes, de que los datos recogidos en el informe sean "omitidos". Y, una vez más, el juez recuerda que ha venido "insistiendo en reiteradas ocasiones en la evitación de difusión pública, fuera de la causa, de datos e información que durante la instrucción vayan siendo incorporados a las actuaciones".
García Ortiz no solo presentó la queja, sino que la amplió al día siguiente y agregó que la UCO ha excedido el mandato judicial y que el juez no ha adoptado ninguna medida para salvaguardar su intimidad. Además, aseguró ante el CGPJ que se ha recabado información de las comunicaciones mantenidas por él a lo largo de 10 meses, mientras que el juez acotó el análisis a ocho días.
El CGPJ anunció ya este miércoles que estudiará el escrito presentado por el fiscal general, así como otra denuncia muy similar que presentó la ex fiscal general Dolores Delgado en relación al mismo informe de la UCO. El informe recogía un listado con las llamadas que intercambió García Ortiz en los días clave para la filtración que investiga el Supremo. Se da la circunstancia de que el fiscal general mantuvo dos llamadas con su predecesora, de modo que en el informe aparecen datos confidenciales de ambos.
A través de un comunicado se informó de que el CGPJ había "iniciado actuaciones previas" y de que realizará "las actuaciones que resulten oportunas a la vista de los escritos" de García Ortiz y Delgado. Si bien no se acotan cuáles son las actuaciones, en el comunicado del Consejo sí que se indica que atienden al artículo 236 nonies de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este establece que el CGPJ puede adoptar "las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal".
De todos modos, las actuaciones del fiscal general contra las filtraciones en la causa no se han limitado a la denuncia ante el CGPJ. Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, pidió al instructor Ángel Hurtado que abriera una pieza separada para investigarlas. Sin embargo, el juez rechazó esta petición el 3 de febrero. Señaló que no procede abrir causa en el Supremo, sino enviar "testimonio" para que un juzgado de instrucción tome la decisión que considere.
Previamente, el juez ya había tomado una primera medida para "extremar las precauciones", consistente en no remitir a las partes los vídeos de las declaraciones, sino tan solo las transcripciones escritas.
