La realidad es tozuda y el rechazo del decreto ley ómnibus subraya lo que ya dijimos en 2023 cuando, tras las elecciones generales, el PSOE aceptó las exigencias de Junts. Que Pedro Sánchez lograra sacar adelante la investidura, a cambio de una amnistía que antes había negado mil veces, no garantiza en absoluto la viabilidad de la legislatura. Es cierto que, en este año y medio, se han aprobado siete leyes orgánicas, otras tantas ordinarias, una reforma constitucional para expresar mejor los derechos de las «personas con discapacidad», así como una decena de decretos leyes. No ha sido un tiempo completamente perdido, pero en 2024 no hubo Presupuestos, tampoco los habrá en 2025, y todo apunta a que para 2026 la cosa no puede hacer más que empeorar.
Bien es cierto que el bloqueo no lo sufre solo el Gobierno. De las 17 autonomías solo 10 han aprobado sus Cuentas para este año. Las seis en las que Vox, en desacuerdo con la acogida de los menores migrantes, rompió con el PP (Aragón, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) se han visto obligadas a prorrogarlas. También en Cataluña, donde ERC ha decidido complicarle la legislatura a Salvador Illa.
En definitiva, solo las mayorías absolutas o los gobiernos de coalición como en el País Vasco, Asturias, Navarra o Canarias garantizan la aprobación de los Presupuestos. En la política española se libra una guerra sin cuartel, y situaciones que deberían ser excepcionales, como prorrogar las Cuentas, se normalizan y se buscan atajos como decretos leyes ómnibus para sortear sus efectos más nocivos. El objetivo ya no es gobernar, sino ocupar el poder. Un ejemplo tristísimo es la Generalitat valenciana que, pese a la trágica DANA, todavía no dispone de nuevos Presupuestos para la reconstrucción.
Esta semana Sánchez tiene que resolver un dilema importante: trocear el decreto ómnibus como le exigen PP y Junts para poder aprobar la mayoría de las medidas sociales, particularmente el aumento de las pensiones y las ayudas al transporte; o apostar de nuevo al todo o nada, negociando a fondo con Carles Puigdemont para aprobar la totalidad del decreto ley. Lo sensato sería lo primero, incluso llevando a votación separadamente cada una de las 80 medidas para que todos los partidos se retraten.
Cuesta creer que, de una forma u otra, no vayan a acabar aprobándose, ya que las razones para el bloqueo son muy puntuales. Por ahora, el rechazo le sirve al PSOE para acusar a las derechas de ignorar el sufrimiento de la gente, y al PP para reprochar a Sánchez su forma frívola de gobernar. Pero la llave la tiene Junts, formación instalada en el chantaje permanente, cuya estrategia no es tumbar al Gobierno ni tampoco dejarle vivir.
