Italia ha vuelto a enviar migrantes, en esta ocasión 49 personas, a los centros de detención y expulsión construidos en Albania, después de que los dos intentos anteriores fracasaron tras sendas sentencias judiciales.
"Tras las operaciones de evaluación de las condiciones de las personas interceptadas, 49 ciudadanos extranjeros han embarcado a bordo del barco Cassiopea para su traslado a los centros de Albania, donde se iniciarán los procedimientos de recepción, detención y evaluación de casos individuales", ha informado este domingo el Ministerio de Interior italiano.
Este departamento ha comunicado, además, que otros 53 inmigrantes presentaron "espontáneamente" sus pasaportes para evitar el traslado. "Una circunstancia de particular importancia, ya que permite activar más rápidamente los procedimientos de verificación de posiciones individuales, incluso independientemente de la detención, aumentando las posibilidades de proceder con las repatriaciones de aquellos que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea (UE)", indica el Ministerio.
La patrullera 'Cassiopea' de la Marina italiana se encontraba ya desde hace algunos días a en aguas cercanas a Lampedusa preparada para recibir a los migrantes rescatados en el Mediterráneo central. Ahora, los 49 migrantes serán trasladarlos al centro del puerto de Gjader y, tras su identificación, al de Shenjin, según el acuerdo entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama.
Italia vuelve a intentar este traslado después de la última sentencia del Tribunal Supremo que indicó que al Gobierno corresponde establecer qué países son seguros y que el juez no puede invalidar sistemáticamente la detención de migrantes, sino que puede motivar el caso específico por el cual esa persona no está segura en ese país.
La Justicia italiana no convalidó el arresto de los migrantes en los únicos dos envíos a Albania, de 17 y 8 migrantes, realizados en octubre y a principios de noviembre, al alegar precisamente que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, amparándose en un fallo del Tribunal de Justicia de la UE.
Desde entonces los centros han quedado vacíos, vigilados y gestionados por un personal cada vez más reducido, lo que ha provocado fuertes críticas al Gobierno por los gastos. Actualmente el plan permanece suspendido a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie, pero mientras el Gobierno de Meloni espera que prevalezca la sentencia del Supremo. En la última semana, los desembarcos en las costas italianas han registrado un claro repunte, con 1.264 llegadas en seis días.
