Los sindicatos mayoritarios ponen pie en pared ante la posibilidad de que la subida de 50 euros en el salario mínimo interprofesional, que el Gobierno aprobará este martes, lleve aparejada la obligación de tributar por ella, lo que en la práctica implicaría que una parte importante de este incremento no fuera percibido por los trabajadores. El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ha abierto públicamente la puerta a esta opción, lo cual le ha enfrentado con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Pero no solo: la propuesta también amenaza con agriar las relaciones de Hacienda con CCOO y UGT, que rechazan de plano la medida.
Hasta ahora, todas las subidas del salario mínimo interprofesional (que desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha incrementado un 54%) han venido acompañadas de un incremento en el mínimo exento de tributación en el IRPF, lo que se traduce en que quienes perciben esta cantidad han recibido los aumentos salariales de manera íntegra en sus nóminas. Pero eso podría cambiar cuando se apruebe la nueva subida: Montero ahora defiende que rechazar que estos ciudadanos tributen es "populismo" fiscal, y Hacienda admite que está barajando no equiparar el mínimo exento a la nueva cuantía del salario mínimo, precisamente para que quienes lo cobren deban cotizar una parte. Esa decisión, no obstante, no tiene por qué tomarse este martes, puesto que el IRPF y el salario mínimo se regulan en leyes separadas.
Esa idea, aunque aún no es seguro que vaya a aplicarse, ha sentado fatal a los sindicatos mayoritarios, que son quienes han negociado la subida del salario mínimo con el Ministerio de Trabajo, puesto que la patronal ha rechazado la oferta de elevar la cuantía 50 euros mensuales. El mes pasado, la UGT ya amenazó con no firmar un acuerdo sobre el incremento del sueldo mínimo si este no quedaba libre de tributación, y argumentó que "la prioridad del sindicato es garantizar que el importe del salario mínimo llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional".
Finalmente, la central liderada por Pepe Álvarez sí terminó suscribiendo el acuerdo para elevar el indicador, pese a que Hacienda aún no ha aclarado cuáles son sus intenciones en materia fiscal. Pero la semana pasada el propio Álvarez insistió en que "no puede ser que la subida del salario mínimo se la coma, en parte, el IRPF", y se mostró "absolutamente convencido" de que los sindicatos y Trabajo podrán persuadir a María Jesús Montero de que se abstenga de implementar esa subida impositiva a los perceptores de los sueldos más bajos que permite la ley en España.
El secretario general de UGT sí se abrió a debatir con el Gobierno la posibilidad de que el salario mínimo tribute en el IRPF cuando este indicador esté situado, al menos, en el 60% del salario medio español, pero nunca antes. Y en esto la central hace frente común con CCOO, cuyo líder, Unai Sordo, también abogó por subidas más fuertes del salario mínimo para que sea siempre superior al 60% del sueldo medio y que, así, el hecho de tener que tributar en el IRPF no suponga una merma demasiado elevada en los ingresos netos de sus perceptores.
"A lo mejor lo que hay que hacer es promover una subida del salario mínimo" por la cual incluso los trabajadores sin descendientes a cargo y solteros, que son los que menos ventajas fiscales tienen a la hora de hacer la declaración de la renta, "tengan garantizado un salario neto que sea al menos el 60% de la media salarial" y al a vez "contribuyan en el IRPF", defendió Sordo. Es decir: "La solución no es elevar el mínimo exento indefinidamente, sino subir más el salario mínimo en relación a la evolución de los salarios medios", resumió el líder de CCOO.
Trabajo pone la pelota en el tejado de Montero
El Gobierno defiende desde hace unos años que, gracias a sus subidas del salario mínimo desde el año 2018, este indicador ya alcanza el 60% del sueldo medio, como recomienda la Carta Social Europea. No obstante, los sindicatos siempre han recelado de los cálculos del Ministerio de Trabajo en este ámbito, y la semana pasada el propio Sordo insistió en que es "fundamental que se cumplan los preceptos" de esa Carta Social Europea, lo que implica que CCOO considera, como UGT, que el salario mínimo aún no alcanza ese suelo.
Para los sindicatos, además, es especialmente sangrante que Hacienda esté poniendo el foco en la necesidad de que los salarios más bajos empiecen a tributar cuando el ala socialista del Gobierno ha prometido beneficios fiscales en la renta a propietarios que alquilen sus viviendas. "Tiene que haber una equidad fiscal, y es difícil hablar de la fiscalidad de las personas que cobran el salario mínimo si a la vez, por ejemplo, se especula con la reducción de la fiscalidad para los propietarios de viviendas que las ponen en alquiler como una forma de incentivar esos alquileres", espetó Sordo.
En esas posiciones se encuentra también el ala del Gobierno que controla Sumar, que se muestran muy críticas con la posibilidad de que los perceptores del salario mínimo deban empezar a tributarlo. Fuentes del entorno de la vicepresidenta Yolanda Díaz consideran que Hacienda se está planteando este escenario por su necesidad de conseguir recaudación, especialmente en un momento en el que el Gobierno no ha sido capaz aún de aprobar la subida fiscal al diésel y tiene que abordar gastos imprevistos, como el coste de las medidas destinadas a los afectados por la DANA, y resaltan que es Montero quien tendrá que dar explicaciones si, finalmente, lleva a cabo la subida impositiva.
