El verano no ha logrado hacer borrón y cuenta nueva entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. El acuerdo entre ERC y PSC que ha hecho a Salvador Illa presidente de la Generalitat no ha sentado bien a Junts, que ya terminó el ciclo parlamentario con un aviso a navegantes al Gobierno al impedir arrancar los Presupuestos para 2025. Y tras un largo ciclo electoral que ha rebajado la actividad parlamentaria y unas vacaciones estivales que la han dejado en punto muerto, se espera un otoño más copioso legislativamente pero que podría resultar en un campo de minas para el Gobierno, puesto que Junts parece dispuesto a tensar aún más la cuerda.
La aprobación de la amnistía, que era el requisito de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ha derivado en una nueva problemática para el Gobierno: su aplicación al caso de Carles Puigdemont, procesado por malversación, un delito que el Tribunal Supremo no considera amnistiable. Tras la nueva huida del expresident, Junts ha incrementado la presión al Gobierno para que tome medidas contra los jueces que no aplican la amnistía. De momento, el Ejecutivo se limita a lanzar mensajes al Supremo para intentar que amnistíe a Puigdemont, lo que parece que no es suficiente para los posconvergentes y complica la situación parlamentaria de cara el otoño.
La primera prueba de fuego será la de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Lo cierto es que cuentan con un mal precedente, ya que Junts tumbó en julio la senda de déficit que permitía arrancar la tramitación en cuanto advirtió un acercamiento entre el PSOE y ERC, aunque el Gobierno ya avanzó que la volvería a presentar a la vuelta del verano. Pero ahora que una parte del pacto entre el PSC y ERC se ha materializado con la investidura de Illa, falta por resolver el concierto catalán que los socialistas prometieron a los republicanos y que puede suponer un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno, puesto que Junts ya empieza a poner escollos asegurando que solo apoyará la "solidaridad unilateral" de Cataluña.
Además, el anunciado congreso de los posconvergentes a finales de octubre no hace más que complicar el panorama político, ya que podría coincidir con la negociación de las cuentas públicas. Si el Gobierno no tiene los siete apoyos de Junts en el Congreso para aprobar los Presupuestos, Sánchez tendría que prorrogar otra vez los de 2023, ya que los de este año quedaron fuera de juego por el adelanto de las elecciones en Cataluña. En este caso, la legislatura quedaría en un punto muy complicado.
Pero además de los Presupuestos y de la nueva agenda legislativa, el Gobierno se enfrenta a otros escollos que dejó pendientes. De hecho, en septiembre también se retomará el 'plan antibulos' que Pedro Sánchez anunció a finales de abril tras sus días de reflexión por la judicialización del caso de su mujer, Begoña Gómez.
Se trata de un paquete de medidas que dos ministros, Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar), tienen que consensuar con los distintos grupos parlamentarios, Junts entre ellos, y que el Gobierno quiere materializar a través de diversas iniciativas que se votarían por separado en el Congreso. De momento, solo se conoce que algunas de las medidas podrían ser la actualización de la ley de publicidad institucional con el fin de conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, junto con el refuerzo de la ley del derecho al honor y la rectificación, o la reforma de la ley mordaza. Por ahora, Junts se guarda su posición al respecto.
Ley del suelo y reforma de la ley de extranjería
Pero aún habrá más piedras en el camino del Gobierno derivadas de la inestabilidad que genera el poder de veto de Junts. A finales de mayo, el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez tuvo que retirar en el último momento la polémica ley del suelo ante la previsible falta de apoyos. Sumar, Podemos, ERC y Junts avanzaron que votarían en contra, por lo que la ministra decidió no dejar caer el texto y retirarlo para "ponerlo a disposición" de todos los grupos para que sean ellos los que impulsen su tramitación en el momento indicado.
Con este nuevo escenario y teniendo en cuenta que el PP prepara para septiembre su propia propuesta de ley del suelo que aspira a que apoyen los socios de Sánchez, el Ejecutivo podría sentir de nuevo el golpe parlamentario de Junts en uno de sus pilares en esta legislatura, que es solucionar el problema de la vivienda.
En las mismas fechas en las que se retiró la ley del suelo, los socios del Gobierno, entre ellos Junts, también rechazaron la ley de proxenetismo presentada por el PSOE. En este caso, no se sabe si los socialistas intentarán volver a impulsar esta norma en el Congreso de los Diputados.
Otra de las posibles leyes a tratar es la de extranjería. La llegada de menores migrantes a Canarias es un asunto de enorme trascendencia y urgencia por la situación de vulnerabilidad de estos niños. Ni el Gobierno, ni las formaciones políticas, ni las comunidades autónomas consiguieron dar solución antes de finalizar el curso. El plan del Ejecutivo pasaba por reformar la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de los menores en las distintas comunidades autónomas, aunque tanto el PP como Junts se negaron a ello.
En el caso de los de Carles Puigdemont, aseguraron que no cederían sus apoyos si Cataluña entraba dentro del reparto, por lo que el Gobierno rehusó directamente de intentar conseguir sus apoyos. El ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres asegura que la única solución es la modificación legislativa, para lo que tendría que volver a presentarla en el Congreso de los Diputados e intentar hacerse con el voto del PP o de Junts.
El Ejecutivo de Sánchez también podría encontrarse con dificultades a la hora de recabar el apoyo de Junts si decide extender el escudo anticrisis, con medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Fue algo que ya sucedió el pasado enero, cuando el Gobierno se comprometió a transferir a Cataluña las competencias migratorias a cambio de la abstención de Junts en este decreto y en el ómnibus. Si bien, el Gobierno espera que la rebaja del IVA de los alimentos sea la última ante una normalización de la inflación en los próximos meses y que ya se ha notado en el mes de julio.
También quedarían pendientes otras votaciones parlamentarias como la del nuevo impuesto mínimo del 15% a grandes multinacionales, una trasposición europea que ya va con retraso y que podría causar problemas al Gobierno con Bruselas, así como la ley de industria y la de desperdicio alimentario.
