Los derechos de las trabajadoras del hogar avanzan. Con el decreto aprobado el pasado martes por el Gobierno de Pedro Sánchez, se reconocen nuevos derechos laborales para este colectivo conformado mayoritariamente por mujeres que, hasta hace apenas un par de años, ni siquiera podía disfrutar de la misma indemnización por despido que el resto de los trabajadores.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha puesto de manifiesto la importancia de la norma "para las trabajadoras del hogar, las mujeres y las familias de nuestro país" y ha recordado que hay 367.900 empleadas de hogar de alta en el sistema, de las que el 45 % son migrantes y la mayoría están en Madrid y Cataluña.
Con esta norma, se busca acabar con la discriminación del colectivo poniendo el foco en la prevención de los riesgos laborales y la protección de la salud de las empleadas del hogar que, desde ahora, tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto mediante una herramienta digital y a exámenes médicos periódicos.
¿Cómo será la evaluación de riesgos?
Esta regulación, que comenzó con la aprobación de un subsidio especial en la pandemia y continuo con el derecho a la cotización para la prestación por desempleo y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) continúa ahora en la senda de garantizar derechos a las trabajadoras del hogar.
Así, en el plazo de diez meses desde la publicación de la norma, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) desarrollará una herramienta digital para la evaluación de los riesgos laborales, con el fin de que las personas empleadas del hogar puedan evaluar su puesto de trabajo.
Del mismo modo, el servicio público de empleo (SEPE) proporcionará una herramienta gratuita para la formación obligatoria sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar, que solo se realizará una vez aunque se preste servicio en varias casas, y se hará dentro del horario de trabajo o se compensará con tiempo de descanso.
Esta evaluación de riesgos deberá actualizarse cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo y, en caso de que se detecten situaciones de riesgo, se deberán adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.
¿Quién tendrá que pagar el reconocimiento médico?
El Real Decreto contempla reconocimientos médicos voluntarios, según ha explicado la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, que se incluirán en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Además, la norma marca la recomendación de hacer estos reconocimientos con una periodicidad trienal, a no ser que por decisión facultativa se establezca una periodicidad inferior.
Sin embargo, la vicepresidenta ha recalcado que los gastos derivados de este reconocimiento irán a cargo de las administraciones públicas: "Esta norma se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas" y "nadie va a ver incrementado sus gastos", porque "van a tener derecho, en los servicios públicos, al reconocimiento médico".
¿Cuándo entrará en vigor la norma?
Las obligaciones en materia de prevención no serán exigibles hasta seis meses después de la puesta a disposición de la herramienta, con lo que la entrada en vigor efectiva se irá a 2026.
Adicionalmente, habrá que esperar a que el Servicio Público de Empleo Estatal dicte una resolución para la puesta en marcha de las actividades de formación en materia preventiva.
