La nueva línea de avales aprobada por el Gobierno para casos de impago en el alquiler (link is external)cubrirá a los propietarios que arrienden su vivienda (link is external)por debajo del índice estatal de referencia de precios. Así lo recoge el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE(link is external)), que establece que podrán acogerse a este nuevo programa los caseros con inquilinos menores de 35 años o en situación de vulnerabilidad. Esta medida, incluida como novedad en el nuevo decreto de ayudas(link is external) del Ejecutivo pactado este martes con Junts, forma parte del paquete de iniciativas anunciado hace dos semanas(link is external) por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez(link is external), para mejorar el acceso a la vivienda y fomentar el alquiler asequible.
El precio del arrendamiento será así un requisito para poder beneficiarse del aval público. La renta mensual no podrá superar el índice de referencia del Ministerio de Vivienda. Este instrumento, creado con la ley de vivienda, ofrece una horquilla de precios para cada piso en función de dónde se ubique y qué características tenga. En la mayor parte de España se trata de un rango de precios meramente orientativo -salvo en las áreas declarados como zona tensionada-, aunque los propietarios que se guíen por él para fijar el precio del alquiler podrán acogerse también al seguro público, siempre y cuando depositen la fianza del contrato en la Administración correspondiente y firmen con el inquilino (link is external)la suscripción del aval.
Por su parte, el arrendatario ha de ser menor de 35 años o bien encontrarse en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a unos criterios que todavía están por definir. El decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros indica que los requisitos se detallarán en un reglamento para cuya aprobación se da un plazo de seis meses, aunque fuentes del Ministerio de Vivienda adelantan que se tomarán como referencia los criterios establecidos en la ley de vivienda -no superar unos ciertos niveles de renta en función de la configuración del hogar, haber perdido el empleo o una reducción drástica de los ingresos-.
El inquilino debe cumplir uno de estos dos requisitos en el momento de la firma del contrato de alquiler. El decreto abre la puerta a que en el reglamento que ha de aprobarse antes de septiembre se incorporen también otros colectivos como beneficiarios del seguro del alquiler.
Para aquellos casos en los que se cumplan estos requisitos, la nueva línea de avales estatales garantizará al propietario el cobro de todas las mensualidades impagadas en caso de que el inquilino deje de abonar la renta hasta que recupere la vivienda. Este seguro público cubrirá también todos los posibles daños causados por el arrendatario, así como el coste de los suministros que haya tenido que asumir el propietario y demás daños y costes que se incluyan en el futuro reglamento.
El propietario tendrá que esperar hasta que la vivienda quede vacía para reclamar el cobro de todos estos montos con dinero público y tendrá un plazo de seis meses para solicitarlo desde que recupere la recuperación del piso, ya sea por haberse producido un desahucio o por llegar a un acuerdo con los inquilinos. Por tanto, la cobertura de los impagos quedará garantizada desde el primer momento, pero no se abonará hasta que el arrendatario moroso no esté fuera de la vivienda. Falta por definir cuál será el plazo para que se produzca el pago.
Esta nueva línea de avales públicos estará gestionada por las comunidades y ciudades autónomas, aunque su financiación correrá a cargo del Estado, como ya ocurre actualmente con otras ayudas como el Bono Alquiler Joven, por ejemplo. Fuentes del Ministerio de Vivienda aclaran que todavía no se ha fijado con qué dotación presupuestaria contará este nuevo programa, pero aseguran que su puesta en marcha está garantizada con independencia de que se aprueben o no unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año.
Para conocer el resto de detalles habrá que esperar a que esté listo el reglamento que desarrolle estos avales públicos, un texto que desde el departamento de Isabel Rodríguez tiene intención de negociar con las comunidades autónomas a lo largo de los próximos seis meses. Una vez la configuración de los avales esté del todo cerrada, podrán acogerse a ellos los contratos firmados a partir de este jueves.