Segundo asalto de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. Si este martes el fiscal general del Estado salió airoso de la deliberación de la Sala Tercera sobre su nombramiento, aún le espera afrontar un interrogatorio este miércoles por la mañana. Será la primera vez que una persona que ocupa su cargo declara como imputado, en concreto como uno de los presuntos responsables de la revelación de información confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Le interrogará el juez instructor Ángel Luis Hurtado, que desde hace 105 días investiga este presunto delito de revelación de secretos.
Estos tres meses y medio de investigación y de una enorme presión mediática para Álvaro García Ortiz han puesto al fiscal general en la situación más delicada desde que comenzó su mandato y han dejado a su paso algunas repuestas y muchas preguntas. El juez intentará dilucidar los hechos, pero, como imputado, García Ortiz no tiene obligación de decir verdad y tiene derecho a guardar silencio ante el interrogatorio al que se someterá a partir de las 10.00 horas.
Después le llegará el turno a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que declarará como investigada el jueves. Y finalmente lo hará también el teniente fiscal Diego Villafañe el próximo 5 de febrero. Antes de tomar declaración a estos tres imputados, el magistrado Ángel Hurtado ya ha interrogado a una larga de testigos: el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato; el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; varios periodistas; los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra; y los jefes de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía General del Estado.
La filtración de los correos de González Amador
Hurtado investiga unos hechos muy concretos, tanto que él mismo los ha acotado en el tiempo: ocurrieron entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado. En esas fechas se gestaron varias filtraciones a medios de comunicación. El día 12 a las 06.01 horas, Eldiario.es desveló una denuncia de la Fiscalía contra González Amador en la que se recogía que este defraudó 350.000 euros a Hacienda. El día 13 a las 21.29 horas, El Mundo publicó que el fiscal Julián Salto había ofrecido un acuerdo de conformidad al abogado del novio de Ayuso. La información era incorrecta y provenía de un fragmento de la conversación que tuvieron el fiscal y el abogado de González Amador por correo electrónico.
La noticia llegó a García Ortiz, que inmediatamente reclamó la cadena completa de mails para demostrar que fue la defensa de González Amador quien había ofrecido el pacto y también que era falsa la información que se había publicado de que Salto había retirado el acuerdo por órdenes de arriba.
Todo esto lo aclaró el fiscal general a la mañana siguiente a través de una nota de prensa que mandó publicar con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, la nota que llevó al novio de Ayuso a querellarse y que dio pie a esta investigación. Sin embargo, lo que ahora se investiga no es la nota, sino la filtración de todos los correos electrónicos a varios medios, que los publicaron en la noche del 13 de marzo una vez García Ortiz ya los tenía en su poder.
Conversaciones volcadas y un móvil desaparecido
La investigación comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) centrada en la nota de prensa, pero cuando quedó patente que afectaba al fiscal general del Estado se tuvo que elevar al Tribunal Supremo, que centró el foco en las filtraciones. Desde entonces, Ángel Hurtado ha recabado testimonios y pruebas para armar la cronología de los hechos, pero la investigación aún presenta muchos puntos ciegos.
Dado que los periodistas están amparados por el derecho a no desvelar sus fuentes, el instructor Hurtado arrancó sus pesquisas acordando el registro del despacho del fiscal general del Estado y el de la fiscal jefa provincial de Madrid, así como el volcado de los dispositivos electrónicos de ambos. El análisis del móvil de Pilar Rodríguez desveló la cadena de mensajes que se produjo cuando García Ortiz pidió los correos y los acabó obteniendo.
Sin embargo, el análisis del móvil del fiscal general no aportó más información: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró que en el teléfono había "cero mensajes" intercambiados entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. La Fiscalía General del Estado desveló entonces que García Ortiz había cambiado de teléfono una semana después de ser imputado y justificó la maniobra en una instrucción de la Fiscalía sobre protección de datos.
Desde entonces, el instructor ha ordenado varias diligencias para intentar recuperar la información del móvil de García Ortiz: ha pedido a dos compañías telefónicas el registro de llamadas del fiscal general; ha solicitado a la UCO que trate de recuperar la información; y a WhatsApp y Google, que entreguen los posibles datos que tengan almacenados del "usuario Álvaro García Ortiz".
Además, ha requerido "al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal".
Todo ello para responder a varias cuestiones: ¿Por qué cambió de móvil García Ortiz? ¿Qué información atesoraba el anterior dispositivo? Y también, ¿dónde ha ido a parar ese teléfono? Antes de obtener los resultados de las diligencias acordadas, el juez y las partes personadas podrán preguntar por todos estos asuntos al propio fiscal general, este miércoles a partir de las diez de la mañana.
