La reducción de jornada y una ayuda universal por crianza son, para el ala de Sumar del Gobierno, una "deuda histórica" del Estado con las familias para atajar la desigualdad social. Así lo han defendido este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en un acto institucional. Ambos han reclamado la urgencia de impulsar estas políticas públicas que, aseguran, defenderán en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Las dos iniciativas son promesas suscritas por sendos departamentos al inicio de la legislatura, pero ninguna ha llegado a implantarse todavía por las reticencias del PSOE. De ahí que Díaz y Bustinduy hayan puesto sobre la mesa la necesidad de reducir la jornada laboral a 37,5 horas e implantar una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo. "No es solo una deuda de recursos, sino también de tiempo para dedicar a la crianza, al cuidado, al descanso, a la libertad y a vivir mejor", ha subrayado Bustinduy en su discurso de apertura al acto 'Derecho al bienestar, derecho al tiempo: prestación universal por crianza y reducción de jornada', celebrado en la sede de su ministerio.
Para el titular de Derechos Sociales, las dos reformas son también "la opción económicamente más sensata", como asegura que se ha demostrado con otras medidas como la reforma laboral o el salario mínimo, pese a los "augurios catastrofistas" que vaticinaban un "apocalipsis económico". "No es verdad que la protección social sea un lujo para tiempos tranquilos", ha subrayado, antes de recordar que en España uno de cada tres niños viven en la pobreza, cuyo coste es de un 5% del PIB al año. "Y eso es lo que vamos a defender en los presupuestos", ha zanjado.
También Díaz ha defendido la prestación por hijo a cargo, una ayuda que, ha sentenciado, debe ser universal para erradicar un "modelo fallido": "Los mecanismos de compensación social solo funcionan cuando son así. Yo me igualo a la hija de Amancio Ortega cuando voy a la misma escuela pública o a la misma sanidad pública". Esto y la reducción de la jornada laboral representan, en palabras de la vicepresidenta segunda, "la gran apuesta de época". La reducción de jornada a 37,5 horas es, además, una de las medidas estrella del departamento de Díaz, que prevé aprobar en Consejo de Ministros el próximo martes, 4 de febrero. Aunque la norma deberá ser respaldada por todos los grupos en el Congreso de los Diputados en un momento en el que el Gobierno no tiene todavía garantizados los apoyos de Junts.
Desde que Trabajo acordó la medida con los sindicatos el año pasado, Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo han tenido algún que otro encontronazo, sobre todo por la entrada en vigor de la reforma, aunque finalmente llegaron a un acuerdo hace dos semanas para aprobar el texto íntegro pactado inicialmente. Aun así, la ministra ha cargado contra el ala socialista del Gobierno, a quien ha acusado de hacer una "defensa retórica" de este tipo de derechos, pero luego manifestar "rechazos implícitos y explícitos" en las negociaciones. "Me preocupa que las fuerzas progresistas tengan miedo", ha afirmado.
Reducir la pobreza extrema en un 43%
En el acto también ha tenido lugar una mesa redonda en la que ha intervenido la investigadora especializada en la evaluación de políticas sociales y económicas Lucía Gorjón, los periodistas Ángeles Caballero y Miguel Muñoz, y la doctora en sociología Irene Lebrusán.
Gorjón ha desgranado algunos de los datos obtenidos en un estudio elaborado por el centro de investigación Iseak, y los cuales calculaban que una prestación de 200 euros por hijos al mes reduciría en un 43% la tasa extrema de pobreza infantil. Dicho de otro modo: España pasaría a tener un 14% de niños en extrema pobreza a un 8% si se impulsara esta prestación que, según la investigadora, supondría unos 19.000 millones de euros al año —una décima parte del gasto en pensiones— a las arcas públicas del Estado.
