El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al afirmar que "actuar sin pruebas no puede ser gratis", tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado mensajes que respalden las acusaciones de filtración de información relativa a la investigación por fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En una comparecencia posterior a la sesión de trabajo del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha destacado que, a pesar de las "horas de tertulia" y especulaciones en los medios, el informe de la UCO revela que no existen mensajes que respalden las acusaciones contra García Ortiz. "¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón?", ha cuestionado.
Sánchez ha recriminado que mucha gente haya pedido la dimisión del fiscal general "sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación". Además, ha rechazado la posibilidad de que las conversaciones fuesen borradas, a pesar de que la Guardia Civil señala que encontró "cero mensajes" en el dispositivo de García Ortiz en los días clave de la filtración, pero sí en el móvil de la otra imputada.
"Ahora dicen 'es que los mensajes se borraron'. Por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad", ha seguido el jefe del Ejecutivo. En este sentido, ha subrayado que una incriminación de este tipo no puede quedar impune en una democracia y que se ha creado una "inmensa cortina de humo" que ahora se está disipando.
El documento de la UCO, hecho público este jueves, indica que no se hallaron mensajes relevantes en el teléfono móvil de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, periodo en el que se produjo la filtración. En su ordenador, los agentes han localizado dos archivos que tienen una copia de correos recibidos por el fiscal general de una cuenta corporativa de la Fiscalía, fechados la noche del 13 de marzo, a las 23.45 horas, con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona".
Se observa, dice la UCO, la cadena de correos entre el abogado del empresario Alberto González Amador -investigado en un juzgado de Madrid por defraudar supuestamente 350.961 euros entre 2020 y 2021- y el fiscal que le investiga, y el reenvío a la Fiscalía de Madrid ese mismo día 13. En esos correos, el letrado intentaba alcanzar un pacto con el fiscal por el que aceptaba íntegramente la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar una multa.
