Pedro Sánchez cierra un año intenso en lo político y adverso en lo judicial. Tanto es así que su férrea vocación de liderazgo tambaleó en primavera, cuando se judicializó el caso de su mujer, Begoña Gómez. Pero ese fue solo un bache más dentro de la extensa carrera de obstáculos por escándalos judiciales a la que los socialistas han tenido que enfrentarse en los últimos 12 meses. Una complicada travesía que, paralelamente, han tenido que sortear en el Congreso de los Diputados, donde al Ejecutivo de coalición y en minoría no le ha quedado más remedio que acostumbrarse a las negociaciones vertiginosas para que sus socios apoyen algunas de sus leyes, con cesiones a un lado y otro del arco parlamentario, lo que ha dejado las cuentas legislativas del Gobierno en números rojos.
Los problemas políticos y judiciales no se hicieron esperar. En enero Junts y Podemos pusieron la primera piedra que pronto acabaría enterrada en un pedregal de complicadas negociaciones. El primer acuerdo in extremis con los de Carles Puigdemont llegó el 10 de enero y consiguió salvar dos decretos del Gobierno a cambio de varias cesiones, entre ellas, el traspaso de competencias sobre migración a la Generalitat de Cataluña, que aún está por materializarse. El Ejecutivo no tuvo la misma suerte con Podemos, que tumbó un tercer decreto que contenía la reforma del subsidio por desempleo alegando que había recortes para los mayores de 52 años. Y, precisamente, las vertiginosas negociaciones con estos dos partidos se convertirían en la tónica general del resto durante el resto del año.
Además, este 2024 también atravesó un ciclo electoral que empezaría con las gallegas en el mes de febrero. En los comicios a la Xunta el PSOE se dio un batacazo histórico y el BNG de Ana Pontón se hizo con el liderazgo de la oposición al hegemónico PP. Pero si algo marcó realmente este mes, fue la publicación del primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que puso todos los focos mediáticos sobre el caso Koldo.
José Luis Ábalos, exministro y ex mano derecha de Sánchez, quedaría señalado para el PSOE, que le abrió un expediente de expulsión cinco días después de que se publicase el informe. Pero Ábalos no dejó su escaño, simplemente se cambió al Grupo Mixto, donde algún que otro aviso quiso dar al que antes era su partido. Y si al Gobierno ya le costaba poner de acuerdo a todos sus socios, los inicios de 2024 también estuvieron marcados por la disgregación de los mismos: Podemos materializó su divorcio de Sumar y el PSOE perdió un diputado del que no podrían depender como antes. Entre tanto, el Ejecutivo negociaba la amnistía con Junts.
La primavera también fue difícil para el Ejecutivo de Sánchez. Por un lado, el caso Koldo derivó en una guerra de comisiones de investigación entre el PP y el PSOE en sendas Cámaras: Senado y Congreso. Pero no fue esta causa la que supuso un antes y un después para el líder del partido, sino la de su mujer, Begoña Gómez, a la que el juez Juan Carlos Peinado comenzó a investigar por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias.
Esa misma semana, Sánchez envió una "carta a la ciudadanía" en la que amagó con dimitir. Cinco días estuvo el partido en trance con la esperanza de que su líder no diese el paso a un lado, tanto es así que los socialistas se convirtieron la reunión del máximo órgano del PSOE en un exorbitante cierre de filas de la Ejecutiva, los barones y los militantes con Sánchez.
Él volvió, pero sin que la tensión por la causa de su mujer hubiese amainado. De hecho, y convencido de que el frente judicial iría a más, anunció un "plan de regeneración democrática" con medidas 'antibulos' y para hacer frente a la desinformación. Pero la bola de nieve seguía aumentando de tamaño con la denuncia de Manos Limpias contra su hermano por presunto delito fiscal, fraude y malversación. Además, también se aprobó definitivamente la ley de amnistía en el Congreso, lo que dio alas a la oposición para cargar contra el Gobierno y, de alguna forma, liberó a Junts de una negociación obligada para amnistiar a sus líderes encarcelados. No fue el caso de Puigdemont, lo que sigue siendo un escollo en las relaciones entre los socialistas y los posconvergentes.
La amnistía fue de las pocas leyes que se aprobó antes del ecuador del año. El Gobierno justificó la escasa acción legislativa alegando el ciclo electoral que, tras las gallegas, continuó con las elecciones vascas en marzo, que dejaron atrás la mala racha en las anteriores elecciones autonómicas al sacar un buen resultado que permitió a Eneko Andueza entrar en la coalición con el PNV al frente. La misma se mantuvo con las elecciones catalanas, donde ganó Salvador Illa, aunque con la necesidad de pactar su investidura con los independentistas.
Esto también supuso un antes y un después, ya que el pacto entre el PSC y ERC plantea una financiación singular para Cataluña, una especie de cupo catalán, lo que no solo enfadó al resto de partidos, sino también a barones y políticos socialistas. Eso fue en verano, con toda la actividad parlamentaria parada y todos los focos puestos en Cataluña. Y, cuando se iba a materializar el acuerdo con la investidura de Illa, Carles Puigdemont pisó España por primera vez desde que huyó a Bélgica. No fue detenido, pero las relaciones entre Junts y el Gobierno se tensaron.
Las elecciones europeas también se leyeron como un triunfo en Ferraz, sin embargo, sirvieron para señalar a las supuestas ovejas negras del partido que, según Sánchez, no le daban suficientes frutos electorales. Comunidades como Madrid y Andalucía se colocaron en el punto de mira de Ferraz, lo que el PSOE decidió resolver a partir del Congreso Federal del partido que revalidó el liderazgo de Sánchez y se convocó con la intención de dar un lavado de cara al partido, lo que finalmente se quedó en un ligerísimo retoque.
Por otro lado, la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez se reanudó tras el parón estival. La mujer del presidente, que ya había declarado antes de verano, volvía a tener una cita antes de las Navidades, así como en la Asamblea de Madrid, donde la llamaron como compareciente en la comisión de investigación para esclarecer si la Universidad Complutense le dio algún "trato de favor" para que codirigiera una cátedra y dos másteres.
El final del año ha sido muy complicado para el Gobierno en lo judicial: las sucesivas declaraciones en distintos tribunales han acaparado todos los titulares políticos por los cuatro frentes abiertos -trama Koldo, caso Begoña Gómez, investigación al hermano de Sánchez y filtraciones del fiscal general-, sin contar con que el presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, está señalando a varios miembros del Gobierno en cada declaración en la que tiene oportunidad de hacerlo.
Además, la presión política también se ha intensificado con los últimos coletazos del año. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado está a punto de empezar, puesto que la pretensión del presidente del Gobierno es presentar y aprobarlos en el primer trimestre de 2025.
Y, si bien Sánchez ha logrado reunir en una simbólica foto sus socios a su izquierda y a su derecha para aprobar la reforma fiscal, Carles Puigdemont ha decidido lanzar varios órdagos al PSOE, entre ellos, pedir al presidente que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso o, al menos, deje a los grupos posicionarse al respecto en el pleno de la Cámara Baja. Esto también quedará pendiente para 2025, que empezará con la herencia de toda la tensión política y judicial del Gobierno que dejó un intenso 2024.
