Lo siento mucho, pero el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos no se merece ser el primer doctor honoris causa conjunto de Campus Iberus, que forman las universidades de Lleida, la Rioja, Pública de Navarra y Zaragoza. Como tampoco se merece otros doctorados ni, por supuesto, el Nobel de la Paz.

No se lo merece porque fue ministro de Defensa en Colombia entre julio de 2006 y mayo de 2009 y estuvo implicado por activa o pasiva en miles de casos de falsos positivos, ejecuciones de civiles inocentes camufladas como bajas en combate llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas colombianas. 2007 fue el año en que se batió todos los records de este tipo singular de crímenes de estado.

Como dice los informes de la Comisión de la Verdad, los falsos positivos (dar positivo es matar a un guerrillero, según el argot colombiano) "alentaron la deshumanización, la estigmatización y la impunidad e incrementaron artificialmente las cifras de muertos del enemigo". Esta criminal práctica permitió a altos mandos escalar en el escalafón militar y recibir compensaciones económicas por asesinar a inocentes.

"El jurado del Nobel y los jurados de sus distintos doctorados podrían haber elegido a las víctimas reales en vez de a un político vinculado a una institución con las manos manchadas de sangre"

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha registrado al menos 6.400 casos y ha afirmado que fueron masivos entre 2003 y 2008. "Más del doble de todos los asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura de Pinochet", recuerda este alto organismo.

El relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias ya denunció en mayo de 2010 (tres días antes de celebrarse las elecciones presidenciales que catapultó a Santos a la presidencia colombiana) que existía "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" en Colombia en el que estaban implicados decenas de altos mandos y que la impunidad abarcaba el 98,5% de los casos.

El jurado del Nobel y los jurados de sus distintos doctorados podrían haber elegido a las víctimas reales en vez de a un político vinculado a una institución con las manos manchadas de sangre y una parte biográfica muy oscura. Por ejemplo, a las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), una asociación de madres, esposas, hijas y hermanas de los hombres asesinados entre 2006 y 2009. Una organización nacida tras encontrarse en setiembre de 2008 los restos mortales de once jóvenes de Soacha a centenares de kilómetros de su residencia.

Meses antes, estos jóvenes de extracción humilde, fueron atraídos por falsas promesas laborales, entregados a miembros del ejército, asesinados y presentados como guerrilleros. El cadáver de Fair Leonardo Porras Bernal, hijo de Luz Marina Bernal, un joven pacífico y muy querido en el vecindario con un coeficiente intelectual similar al de un niño de nueve años, fue presentado con nueve disparos por la espalda, uno de ellos en la nuca, acusado de ser un "narcoguerrillero" muy peligroso y con una pistola en la mano que tenía inutilizada desde niño por un accidente.

El gobierno colombiano con el presidente Álvaro Uribe a la cabeza defendió primero a los militares y dijo que las víctimas "algo habrían hecho". Tras acumularse las pruebas comentó que era obra de unas cuantas "manzanas podridas" en el ejército. Santos no dimitió de su cargo por este primer caso vinculado a los falsos positivos ni contradijo a Uribe.