La nueva huida de Carles Puigdemont ha descolocado el tablero político a nivel nacional, lo que hará reformular los pactos y compensar los contrapesos parlamentarios del Gobierno con sus socios de Junts y ERC. Antes del efímero regreso de Puigdemont a Barcelona sin represalias judiciales, los posconvergentes amenazaban con dejar caer a Pedro Sánchez si su líder era detenido. El arresto también hubiese puesto a ERC en una situación delicada, al contraprogramar y hacer posible la investidura del "president del 155" con una de las detenciones más esperadas del procés. Pero Puigdemont no fue detenido, Illa fue investido con el apoyo de los republicanos, y ERC arrancó al Gobierno la soberanía fiscal para Cataluña. Todos ganaron, por lo que las amenazas de desestabilizar la legislatura perdieron fuelle.
En este sentido, el Gobierno puede encarar el nuevo curso sin atender a cómo terminó el anterior. Y es que Junts castigó todos los acercamientos del PSOE y ERC por las negociaciones para la investidura de Illa, incluso impidió arrancar los Presupuestos de 2025 al Gobierno. Por lo que una detención de Puigdemont podía derivar en una nueva refriega de vetos parlamentarios por parte de Junts en el Congreso de los Diputados para hostigar a Sánchez. Esto desdibujaría el objetivo del presidente de llevar a Illa al frente de la Generalitat como prueba de muerte del procés, ya que Junts no cesaría en evidenciar que está más vivo que nunca.
Pese a todo, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de quitar hierro este fin de semana a la "performance" de Puigdemont asegurando que desde el Ejecutivo central siguen relacionándose "con absoluta normalidad" con Junts.
Ahora, sin una detención de Puigdemont a la vista, el Ejecutivo gana tiempo para estabilizar la legislatura y buscar nuevos cebos para atraer a los siete diputados de Junts en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda confirman que en septiembre presentarán de nuevo la senda de déficit en el Congreso, lo que puede servir para tomar el pulso a los posconvergentes. De momento, el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya dejó sus guiños a los independentistas en la sesión de investidura, donde pidió una aplicación "ágil, rápida y sin subterfugios" de la ley de amnistía, que es precisamente lo que le pide Carles Puigdemont para volver a España sin riesgo a ser detenido.
En el caso de los republicanos, la huida de Puigdemont evitó que se diese la circunstancia de que apoyasen al PSC de Illa y le hiciesen presidente el mismo día en el que se iba a producir una detención crucial a un líder del procés. De hecho, ERC ya contemplaba apoyar la paralización del Pleno de investidura si es que se daba el arresto. Finalmente, con Puigdemont fuera de cárcel y también de España, los republicanos capean al Junts más duro y dañino.
A partir de ahora, los republicanos no estarán dentro del gobierno de la Generalitat, pero podrán manejar algunos hilos del mismo, tal y como hace Junts con el Gobierno en el Congreso. Y es que Illa va a necesitar los 20 apoyos republicanos para la gran mayoría de las leyes, lo que da oxígeno a ERC después de la crisis interna tras el batacazo de las elecciones del 12 de mayo. Esto también repercutirá a nivel nacional, donde el Gobierno tendrá que volver a calibrar sus pactos con los republicanos, teniendo en cuenta que ahora necesita de sus apoyos no en uno, sino en dos parlamentos.
Calmar las críticas internas y en Sumar
Sin embargo, el Gobierno tiene aún un importante escollo que salvar en las filas de su propio partido. Y es que el pacto con ERC incluye un concierto fiscal para Cataluña, lo que no gusta en varias federaciones socialistas y tampoco entre sus socios de Sumar. El Ejecutivo aseguró que explicarían en qué consiste este acuerdo y qué implicaría al resto de comunidades en cuanto Illa fuese presidente, alegando respeto a los procesos internos de los republicanos.
El silencio del Ejecutivo fue casi total durante estas semanas pero, tras la investidura del nuevo presidente autonómico, varios ministros, entre ellos la encargada de Hacienda, María Jesús Montero, salieron en bandada a felicitar a Illa. Todo ello, tras las incansables críticas de los últimos días por parte de los socialistas, que piden a Sánchez convocar una Conferencia de Presidentes y la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para negociar estas cuestiones entre todas las comunidades.
También fue el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien defendió esta medida en su Pleno de investidura como un "paso adelante, sustancial y necesario para el autogobierno" que negó que pusiese en riesgo la solidaridad, sino todo lo contrario. Si el concierto catalán se hace realidad y esto supone la salida de Cataluña del régimen común, está por ver cómo va a lidiar el PSOE con sus propias federaciones, y también con sus socios, que tampoco se muestran convencidos con la propuesta.
