Hace poco más de un año, Pedro Sánchez se presentó ante el Congreso para solicitar su investidura y la consiguió después de conceder las dádivas demandadas por cada uno de sus (por entonces) socios parlamentarios. Moncloa se empeñó en decirnos (aún hoy sus portavoces insisten, en ocasiones, inasequibles al desaliento y contra toda evidencia) que se trataba de un acuerdo de legislatura, mientras todos sus partidos satélites desmentían la especie, asegurando que se trataba de un acuerdo de investidura y nada más, con la excepción de Sumar, coaligado del PSOE.
Entre esos socios fijos discontinuos estaban, y están, Junts y PNV. Sus intereses políticos se focalizan, como es conocido, en sus respectivas comunidades, y la gobernabilidad de España les importa en función de qué tajada obtengan para sus territorios y para sus particulares provechos partidistas. Nadie puede extrañarse de ello, porque está en su naturaleza.
Durante algunos meses, unos y otros se mantuvieron en las cercanías del Gobierno cuando se trataba de sacar adelante votaciones parlamentarias. Pero ahora que aparecen casos de posible corrupción, que coinciden con la negociación de los presupuestos, ir de la mano del PSOE empieza a resultar perturbador y hasta embarazoso. Y así, Junts y PNV han iniciado un jugueteo político muy rentable, consistente en no dejar caer al Gobierno, mientras provocan su fastidio cotidianamente en el Parlamento.
Lo hacen acogiéndose a los deseos innegables del PP por propinar al PSOE pataditas en la espinilla siempre que tiene la oportunidad. Y, de paso, demostrar a Sánchez que también Feijóo puede tener ocasionales amistades peligrosas, como las del prófugo Puigdemont o la de quienes tienen la costumbre de jugar al tenis en los dos lados de la pista al mismo tiempo. Por ejemplo, el PNV, que un día de 2018 apoyó los presupuestos de Mariano Rajoy y una semana después lo echó del poder apoyando la moción de censura de Pedro Sánchez.
Ahora, Junts y PNV viven en el mejor de los mundos: no quieren certificar -no, de momento- la defunción del gobierno de Sánchez, pero pactan con Feijóo en el Congreso para que Sánchez se vea obligado a aplicar las políticas de derechas que Feijóo aplicaría si gobernara. No se privan de nada. Un win win de manual.
El siempre intenso diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, se lo ha dicho muchas veces a Sánchez: "Hay una mayoría de derechas en el Parlamento". Rufián constata que cada vez es más habitual la coincidencia de intereses entre PP, Vox, Junts y PNV, como se refleja en sucesivas votaciones, y anima al Gobierno a aplicar actuaciones políticas para evitar que esa mayoría, que ahora solo se expresa de forma coyuntural, se convierta en estructural.
