Los funcionarios pueden optar desde hoy por la sanidad pública ante el temor por el fin de Muface

El año 2025 será el definitivo para saber si Muface continúa viva o si el modelo que nació hace 50 años acaba por extinguirse. Los 1,5 millones de funcionarios que tienen la asistencia sanitaria en algunas de las aseguradoras vinculadas a este modelo se encuentran en vilo ante una crisis que dura ya dos meses y para la que parece que hay difícil solución. Las semanas avanzan, se multiplican las manifestaciones de los afectados y la mutualidad espera que la resolución de la segunda licitación se resuelva satisfactoriamente después de que en noviembre todas las aseguradoras decidieran no continuar en ella. Desde ese instante, la incertidumbre se apoderó de los empleados públicos que denunciaron, mediante el sindicato CSIF, que estaban sufriendo cancelación de citas médicas y pruebas diagnósticas pospuestas. Mientras, el embrollo llegaba al Ministerio de Sanidad que abogaba por liquidarlo al tiempo que Función Pública puso su interés en revivirlo.

El descontento señalado por las aseguradoras, que alegan pérdidas económicas en el modelo, ha dado lugar a un nuevo escenario que plantea serias mejoras. Sin embargo, las nuevas condiciones ofrecidas por el Gobierno no han logrado contentar a Adeslas. La aseguradora que presta atención sanitaria a un mayor número de funcionarios (en torno al 47% del total de los empleados suscritos de Muface) ya ha comunicado su decisión de retirarse de la mutualidad pese a materializarse sobre el papel la subida de las primas hasta un 33,5% y establecer tramos de edad. La aseguradora afirma que las condiciones en este segundo concierto presentado no son suficientes y le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros. Mientras, DKV y Asisa aseguran en este momento seguir estudiando los pliegos, apurando los plazos del Gobierno con la vista puesta en la fecha límite: 15 de enero.

DKV y Asisa estudian su continuidad en Muface

Antes de alcanzar la mitad del mes de enero de 2025, las aseguradoras deberán ofrecer una respuesta al Gobierno. Mientras se espera la decisión definitiva que DKV y Asisa tomarán en este conflicto, el Ejecutivo ha dado una salida a los funcionarios que se mantienen en vilo. Este 1 de enero se abre un nuevo proceso y se permitirá que todos los empleados públicos que así lo decidan puedan cambiar y sumarse a la sanidad pública. La fecha tope para el trasvase será el próximo 31 de enero. En caso de resolverse la licitación de forma satisfactoria, los funcionarios podrán volver a la sanidad privada cuando arranque el nuevo concierto que se estima para el 1 de abril. Teniendo en cuenta que Adeslas ya se ha descolgado, todos los que decidan volver, deberán elegir entre las aseguradoras que finalmente concurrieran.

Mientras se produce el trasvase de funcionarios a la sanidad pública, la siguiente fecha importante en el calendario de Muface es el 15 de enero. Este día finaliza el plazo abierto por el Gobierno para recibir la respuesta de las aseguradoras a las condiciones del pliego. Si DKV y Asisa, o al menos alguna de las dos, deciden aceptar se abrirá un nuevo proceso y el nuevo concierto arrancará el 1 de abril de 2025, cubriendo los años 2025, 2026 y 2027. En caso de quedar desierta por segunda vez, se intentará poner en marcha una tercera licitación.

La salida de Adeslas y la incógnita por la decisión de DKV y Asisa, sumadas a la presión de los funcionarios, podrían llevar al Gobierno de Pedro Sánchez a sopesar una nueva oferta aún más atractiva que la que presentó en diciembre. El objetivo sería también convencer a otras compañías, incluso a aquellas que ya abandonaron en el pasado el modelo por las pérdidas económicas.

Asistencia sanitaria garantizada para los funcionarios

Hasta abril cuando podría empezar la nueva etapa de Muface, los funcionarios tendrán asegurada la asistencia sanitaria. Las aseguradoras están obligadas a facilitar el servicio de mutuas hasta el próximo 31 de marzo, según el contenido de los nuevos pliegos del concierto. Se asegura el mantenimiento de las condiciones, pero con el precio actualizado. Las nuevas tarifas incluirán el alza del 19,37% estipulada de cara al siguiente ejercicio. Para que esta prórroga se produzca, el Gobierno debe activar la orden de continuidad mediante la ley de contratos del sector público, hecho que todavía no se ha producido.

De esta forma, en 2025 se seguirá desarrollando la crisis de Muface, la que probablemente sea la más difícil de la historia de la mutualidad con la vista puesta en DKV y Asisa que tienen en su mano la continuidad del modelo o dejar desierto el proceso.

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