La cesión de los impuestos estatales a Cataluña pactada entre PSC y ERC el pasado verano para posibilitar la investidura de Salvador Illa pondrá en riesgo la lucha contra el fraude fiscal y dañará la seguridad jurídica reclamada por los inversores, según ha advertido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un artículo publicado este martes. El centro de estudios considera que el acuerdo de "financiación singular" alcanzado entre ambas fuerzas supondrá la "fragmentación" de la Agencia Tributaria (AEAT) y "no encuentra acomodo" en la Constitución.
El informe -firmado por Alberto García Valera, actual socio responsable de política tributaria de la consultora EY, Consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía a principios de 2019 e inspector de Hacienda en excedencia- destaca que tanto la OCDE como la UE defienden como "camino deseable" la "integración y coordinación" de las administraciones tributarias para conseguir una "mayor eficiencia" en la gestión de los impuestos. La cesión de los tributos estatales a Cataluña iría en la dirección contraria, según García Valera, que opina que lo pactado entre PSC y ERC "podría suponer un cambio de modelo de Estado que nos llevaría hacia un sistema confederal, que podría tener serios riesgos en términos de equidad y cohesión territorial".
La publicación de Fedea advierte de que apartarse de la "integración" de la administración tributaria entrañaría "graves perjuicios en la lucha contra el fraude", al ralentizar el intercambio de información. Según García Valera, la cesión de los impuestos estatales a Cataluña implicaría la pérdida por parte de la AEAT del acceso directo a la información de los contribuyentes en la comunidad presidida por Salvador Illa y, en consecuencia, se vería dificultado el cumplimiento de los dos "grandes objetivos" de dicho organismo: por un lado, informar y asistir a los ciudadanos y, por otro, el control tributario y la lucha contra el fraude.
"Iniciar un proceso que conlleve la fragmentación de la información presentada por población y empresas que, en el caso de Cataluña, suponen cuanto menos un 16% del total de contribuyentes, dificultaría una correcta atención al contribuyente", añade García Valera, que apunta también a que la cesión de la "gestión, recaudación y liquidación" de los impuestos estatales a la Generalitat supondría también "incrementar las cargas indirectas, al obligar a ciudadanos y empresas a relacionarse con otra administración más que, previsiblemente, tendrá normas y procesos diferentes".
"Parece claro que los ciudadano, sean de donde sean, dentro del territorio nacional, podrían resultar perjudicados si, como parece derivarse del acuerdo PSOE-ERC, se fraccionaran los servicios actuales de información y asistencia", asevera la publicación de Fedea, en la que se ejemplifica que la AEAT perdería el acceso directo a la información necesaria para poder disponer de unas bases de datos completa e integrada para ofrecer a los ciudadanos borradores de la declaración de la renta, facilitar datos fiscales completos o programas de ayuda y criterios uniformes.
Además, el artículo firmado por García Valera señala también daños para la seguridad jurídica "tan reclamada por los inversores nacionales e internacionales". "Se podría ver seriamente afectada por la aparición en escena de un nuevo actor con sus propios criterios interpretativos, y que puede ahuyentar el establecimiento de empresas que pretendan establecerse en España con un modelo de negocio único, y que sea fiscalmente tratado como tal", valora el autor.
Por todo ello, sostiene que la "financiación singular" para Cataluña y un eventual "fraccionamiento" de la AEAT sería "no solo ineficiente, sino también costoso para empresas y ciudadanos, conllevando además distintos niveles de control tributario sobre los contribuyentes" en función de su lugar de residencia en uno u otro territorio". "Deberíamos tener altura de miras, y preguntarnos en qué ganarían ciudadanos o empresas con esta fragmentación. Y la respuesta es que en nada", sentencia García Valera.
