La libre autodeterminación de género reconocida en la ley trans ha provocado que algunos hombres estén intentando aprovecharse de la eliminación de los obstáculos a la hora de cambiar el sexo en el Registro Civil al pensar que pueden beneficiarse en las condenas por violencia de género. El último caso en trascender ha sucedido en Sevilla, donde un hombre condenado a 15 años de prisión por agredir a su pareja ha conseguido aplazar su condena al cambiarse de sexo un día antes de dictarse su sentencia, lo que ha obligado al Juzgado de Violencia de Género a inhibir el caso, puesto que, hasta que no se demuestre un fraude de ley, deja de ser de su competencia.

También ha hecho saltar las alarmas el caso de un ertzaina detenido por intentar agredir a su mujer después de haberse cambiado de sexo. La Fiscalía ya ha avanzado que investigará un posible fraude de ley en la petición de cambio registral, ya que en este caso el acusado sería juzgado por violencia doméstica y no por violencia machista, lo que implica penas algo más leves. Ambos casos son, sin embargo, diferentes. La ley trans aprobada en 2023 establece que la rectificación de la mención registral en ningún caso deja sin efecto aquellos delitos cometidos con el anterior sexo registrado. Dicho de otro modo: cambiarse de sexo después de cometer un delito no elude ser condenado por él según el género que constase al incumplir la ley, como es el caso de Sevilla.

La diferencia entre ambos casos reside, por tanto, en el momento en el que se cometió el delito. El ertzaina decidió cambiarse de sexo meses antes de intentar agredir a su mujer, lo que le beneficia, en el sentido de que, en principio, debería ser juzgado como mujer y, por tanto, no condenado por violencia machista. Aun así, los expertos consultados por este periódico insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que una vez se conocen estas triquiñuelas, es cuando la justicia entra a investigar y demostrar que se está haciendo un uso fraudulento de la ley.

"Creen que por cambiarse de género en el Registro van a quedar impunes. En cualquier caso, se le juzgaría por violencia doméstica que en muchos casos incluso tiene la misma pena", apunta a 20minutos Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género en la Comunidad Valenciana. Gisbert recalca que la clave reside en demostrar que ese cambio de sexo no responde al propósito para el que está pensada la norma, que es reconocer los derechos de aquellas personas que tienen una diferenciación entre el sexo biológico y el sexo sentido.

"Creo que empezará a plantearse esto como el tema del matrimonio. Hay que investigar las circunstancias periféricas, ver si esa persona se ha comportado como mujer alguna vez, e iniciar un procedimiento civil para anular ese cambio de sexo si se acaba concluyendo que hay fraude de ley", detalla.

Según sostiene, no se trata tampoco de algo extraordinario. Siempre hay personas dispuestas a intentar engañar a la justicia en beneficio propio. "No existe fraude de ley sin ley. Y no hay ninguna ley que sea inmune al fraude", cuenta Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cofundadora de la 1ª Asociación de Mueres Juezas de España (AMJE). "Yo dicto cientos de resoluciones al año para detectar el fraude de ley en distintos ámbitos. La ley trans, como una más, está también expuesta a ello. Puede haber fraude, pero para eso estamos quienes juzgamos, quienes controlamos la aplicación de la norma, para detectarlo y controlar que no se produzca", defiende.

Un 0,001% consigue burlar la ley

En ese sentido, hay todo un filtro previo que se produce durante la solicitud del cambio de sexo, que puede llegar a dilatarse hasta tres meses en los que se analiza la declaración de la persona que pide ese cambio en sus documentos oficiales. "Ha habido ya muchas actuaciones judiciales en registros civiles que han denegado la inscripción de cambio en aquellos casos que han apreciado fraude en el solicitante", afirma Poyatos

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, se pronunció este jueves al respecto, asegurando que, de los casi 6.000 cambios de sexo realizados en este año, el porcentaje de personas que han conseguido burlar la ley es "muy pequeño": en torno a un 0,001%, según explicó. "Y esas personas van a tener que responder por delitos que no son menores. Y probablemente su situación se complique todavía más. El fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico: ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra", subrayó.

Pero, una vez cometido ese supuesto fraude, es labor de la justicia investigarlo. "Hay que mirar los hechos previos coetáneos y posteriores de ese cambio y a tenor de las propias manifestaciones de la persona y de su alrededor, buscar indicios que puedan indicar que la única intencionalidad en ese cambio no es otra que la de defraudar la ley", detalla Poyatos. En el caso del ertzaina, por ejemplo, nadie de su entorno tenía conocimiento de su cambio de sexo y, según declaraciones de la víctima, el acusado ya ejerció violencia contra ella antes de hacer ese cambio registral.

"La consecuencia de esa libertad absoluta es que en el momento en el que dices 'soy mujer', lo eres a efectos de la ley"

Para Miguel Lorente, forense y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, con este tema no solo se "instrumentaliza" la norma, sino que, según el experto, demuestra algo que a veces se pone en duda en el ámbito de la violencia de género: "La planificación, la voluntad, la intención de los maltratadores meses antes de cometer esa agresión, que en la mayoría de casos no es algo impulsivo", asevera.

Lo que hace la ley trans, incide, es "dar la máxima libertad" a la persona para hacer el cambio registral, sin ponerle "ninguna cortapisa". "Y la consecuencia de esa libertad absoluta es que, en el momento en el que tú dices 'soy mujer', eres mujer a efectos de la ley. El reto ahora es saber cómo integrar ese efecto jurídico de ser mujer con una socialización masculina", afirma el forense, que considera que el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre ello "en algún momento" y tomar medidas, como por ejemplo fijar "que quienes lleven más de diez años con el sexo masculino, para poder beneficiarse tendrán que presentar más pruebas".

Con todo, coinciden los tres en que todo este mal uso de la ley no hace más que perjudicar, en primer lugar, a las víctimas; y, en segundo, a todo el colectivo feminista y LGTBI que tanto reivindicó la necesidad de contar con ambas leyes. "Se están burlando de todo lo que hemos conseguido luchando", denuncia Gisbert.