La Fiscalía de Madrid ha solicitado un año de prisión para el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez por favorecer, presuntamente, a un amigo, el empresario Ángel Ramón Tejera, con obras en cuarteles del instituto armado, que fueron ejecutadas de forma "inadecuada".
Es el conocido como caso Cuarteles, donde una jueza de Madrid ha indagado si hubo irregularidades en la adjudicación de obras de 13 comandancias de España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas al citado empresario —conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario de otro caso con mucha repercusión, el caso Mediador—, por unos 3,3 millones, entre 2008 y 2019.
La Fiscalía ha remitido su escrito de conclusiones provisionales al juzgado, en el que pide el archivo de la causa para otros dos investigados, el teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso y el empresario Salvador Gutiérrez, y pide a los juzgados de Tenerife que investiguen posibles delitos respecto a F.J.E.D. y J. M.T.S.
Según el escrito del fiscal, el teniente general habría incurrido en un delito de cohecho al recibir pagos de dinero y viajes —entre ellos dos para la final de la Champions League de fútbol en Milán y Cardiff— a cambio de adjudicar obras en los cuarteles a su amigo, cuyas empresas facturaron servicios a la distintas comandancias del instituto armado por de 1.382.873,52 euros entre noviembre y diciembre de 2016.
Además, muchas de esas obras fueron ejecutadas de manera "inadecuada", dado que el empresario carecía de la técnica para la colocación del corcho proyectado, causando un gran perjuicio a la Guardia Civil entre el 2 de octubre de 2015 y el 18 de enero de 2018.
El escrito recoge un listado de pagos que el empresario hizo al mando, como el viaje a la final de la Champions de 2016 en Milán (1.950,70 euros) o Cardiff en 2017, en este caso junto a su hijo y un amigo de este (1.410,66 euros). También le sufragó el fin de año de 2016 para él y su familia en Lanzarote, por importe de más de 3.000 euros entre vuelos y hotel. Asimismo, entre el 4 y el 12 de noviembre de 2016 le ingresó casi 35.000 euros en sus cuentas corrientes, entre otros pagos.
El escrito de acusación señala que el teniente general realizó, al menos en 2016 y 2017, las funciones de gubdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, de modo que le correspondía la "dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y el desarrollo de la política de recursos materiales".
Por ello, podía descentralizar crédito para atender a gastos de organización periférica de la Guardia Civil y, entre los meses de octubre y noviembre de 2016, se puso en contacto con varias comandancias con ofertas para realizar obras de pintura en los cuarteles.
Les exponía que conocía un contratista que estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, el corcho proyectado, que podía solucionar el problema de humedades en las fachadas y convenció a los responsables de las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife y Murcia y a la Jefatura de Asuntos Económicos.
