El Gobierno intenta poner sordina al sonoro choque de la última semana por la decisión del Ministerio de Hacienda de obligar por primera vez a los perceptores del salario mínimo a tributar en el IRPF. Las espadas siguen en alto y ni PSOE ni Sumar se han movido un ápice de sus posiciones: los socialistas han cerrado filas en torno a la vicepresidenta María Jesús Montero, mientras Yolanda Díaz y los suyos insisten en que Hacienda debe dar marcha atrás y mantienen su presión a Montero para intentar que ceda. Pero ambas partes se muestran convencidas de que es imperativo que lleguen a un acuerdo antes de chocar frontalmente en el Congreso, aunque a día de hoy no es descartable ningún escenario.
Las dos almas del Ejecutivo se encuentran en constante comunicación desde que, el martes pasado, el sorpresivo anuncio de Hacienda de que no elevará el mínimo exento en el IRPF provocara el estallido de la crisis. Fuentes gubernamentales explican que, fundamentalmente, es la Moncloa la que está centralizando los contactos con el Ministerio de Trabajo, y Montero y Díaz no han empezado a negociar pese a que Sumar lo ha pedido expresamente. El pasado jueves, de hecho, Díaz instó públicamente a la ministra de Hacienda a dar la cara y aclarar "de una vez por todas" y abiertamente su postura, tras varios días desaparecida.
Montero respondió por sorpresa el viernes, en una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Sevilla en calidad de secretaria general de los socialistas andaluces. Y se reafirmó en su decisión: los perceptores del salario mínimo, dijo, deben tributar porque su sueldo ya no es "de subsistencia" como lo era hasta 2018, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez (inicialmente en solitario y después con Unidas Podemos, primero, y con Sumar, después) comenzó una serie de fuertes subidas. En 2025, el salario mínimo se sitúa en 1.184 euros brutos en 14 pagas, 50 euros más que el año pasado, aunque de esa cuantía una parte tributará.
"Nadie puede decir que el Ministerio de Hacienda no ha trasladado su posición cada vez que se le ha requerido", espetó además Montero en respuesta a Díaz. Y lo cierto es que fuentes conocedoras de las conversaciones que han mantenido en los últimos días PSOE y Sumar aseguran que poco se ha movido en los últimos días con respecto a esa decisión inicial de Hacienda: aunque el presidente Pedro Sánchez no quiso defender con demasiado ahínco el miércoles en el Congreso una medida tan impopular como la de obligar a los perceptores del salario mínimo a empezar a tributar, la Moncloa tampoco se ha mostrado partidaria de rectificar a Montero, y de hecho ha cerrado filas con ella.
En privado, no obstante, la Moncloa apela a la "calma" y evita dar nada por cerrado. La parte socialista del Gobierno, eso sí, insiste en que "no llegará la sangre al río", es decir, en que PSOE y Sumar terminarán alcanzando algún tipo de entendimiento. Y Ferraz también apela a esperar y dar tiempo al tiempo. "Veremos cómo evoluciona todo", plantea una fuente del aparato socialista, pese a que desde la tarde del miércoles los ministros del PSOE se han alineado públicamente sin fisuras con la decisión de Hacienda tras unas primeras horas de dudas y vaivenes.
En Sumar también existe el convencimiento de que el choque no se recrudecerá, especialmente porque la formación que lidera Yolanda Díaz sigue creyendo que Hacienda ha perdido el debate a nivel social sobre la necesidad de elevar la tributación a las rentas más bajas. No obstante, fuentes del entorno de Díaz reconocen que el hecho de que Montero se haya reafirmado públicamente en su decisión complica un posible paso atrás, aunque no descartan ninguna posibilidad. Quien tiene la última palabra al respecto, en cualquier caso, es el presidente Pedro Sánchez.
La opción del choque en el Congreso sigue abierta
No obstante, pese a que la estrategia de Sumar pasa ahora por esperar y seguir hablando discretamente con el PSOE, la formación no tiene intención de renunciar a una de sus principales herramientas para ejercer presión contra Montero: la proposición de ley que registró el martes pasado en el Congreso para forzar a Hacienda a elevar el mínimo exento en el IRPF y, de facto, bloquear la decisión de que los perceptores del salario mínimo empiecen a tributar. La prioridad de Sumar sigue siendo llegar a un acuerdo con los socialistas antes de que esta iniciativa llegue a debatirse en la Cámara Baja. Pero fuentes de la formación aseguran que no les temblará el pulso si finalmente eso no ocurre.
Si ese texto es una herramienta de presión tan contundente es porque, en una votación en el Congreso, tendría serias opciones de salir adelante, lo que supondría un varapalo para Hacienda y un golpe de impredecibles consecuencias para la estabilidad de la coalición de Gobierno. El PP se ha mostrado partidario desde el primer momento de utilizar la Cámara Baja para revertir la decisión de Montero, y de hecho ha registrado su propia proposición de ley para ello. Lo mismo ha hecho Podemos, y otros socios del Ejecutivo, como ERC o BNG, también han criticado duramente la medida. Y todos esos partidos, si aunaran sus votos, reunirían la mayoría suficiente para torcer el brazo al PSOE.
