Han pasado sed, hambre y vivido escenas traumáticas. Muchos han estado más de nueve días a bordo de un cayuco a la intemperie, en alta mar, donde algunos incluso han tenido que presenciar cómo lanzaban al agua el cadáver de su madre, de su padre o de su hermano. Los niños y adolescentes migrantes llegan a las costas españolas en un estado físico y psicológico muy deteriorado y los sistemas de acogida no tienen capacidad para atender a todas y cada una de sus vulnerabilidades. Están desbordados, mientras el Gobierno central, el canario y el principal partido de la oposición intentan, sin éxito, encontrar una solución que contente a todas las partes.

Canarias lleva meses pidiendo auxilio ante la incapacidad de hacer frente a una crisis migratoria que ya lleva prolongándose un año y que le ha forzado a abrir unos 80 centros de emergencia. El archipiélago tutela actualmente a unos 5.200 menores extranjeros, cuando su capacidad máxima es de 2.000, esto es, casi el triple de lo que realmente puede asumir. Una saturación que acaba traduciéndose en un deterioro de la atención a esos niños y, por ende, en una vulneración de sus derechos.

"Estamos hablando de macrocentros que tienen más de 200 o 300 plazas. En un centro de esas características es muy difícil darles un acompañamiento y un seguimiento para asegurar un entorno seguro a todos los niños", explica a 20minutos Sara Casero, especialista en migraciones de UNICEF Canarias. El repunte de llegadas empezó en octubre de 2023, y desde entonces se ha mantenido con picos de mayor y menor intensidad, mientras los recursos de acogida iban tensionándose cada vez más. "Se han abierto los centros muy rápido y en poco tiempo, y se está contratando a profesionales que no tienen ni la experiencia ni los conocimientos necesarios", cuenta.

En UNICEF echan en falta especialistas de infancia, ya no solo en los centros, sino también en los propios muelles, para poder atender a esos menores desde el momento en el que llegan e identificar su edad y sus necesidades. "Hay tal nivel de situación que sabemos que hay jóvenes menores que han sido derivados a centros de adultos porque no hay plazas en los de menores. Y ahí se les está poniendo en riesgo", señala Casero, que defiende instalar módulos especializados de infancia también en los centros de adultos.

Llegan en 'shock' y sin atención psicológica

Además, dice Casero, el perfil de los migrantes ha cambiado en el último año. Cada vez llegan más niños solos y familias o madres monomarentales, cuando antes lo más común era el perfil del hombre joven que emigra", cuenta. Los que pueden hacerlo solos desde el origen suelen ser chavales de entre 13 y 16 años, pero también se están encontrando con casos de niños más pequeños que llegan solos por distintas razones.

"Una de ellas es que hay familias o madres que en origen tenían la idea de hacer el viaje con ellos, pero en un momento dado, como cuesta mucho dinero, toman la dolorosa decisión de subir a sus niños a esas embarcaciones, aunque el plan inicial no era que hicieren el trayecto migratorio solos hasta Canarias", detalla la experta de UNICEF. También está el caso de niños que no salieron del continente africano solos, pero que durante el trayecto han perdido a sus familiares. Son, en cualquier caso, situaciones traumáticas que marcan las vidas de unos niños que huían de una vida ya de por sí traumática (conflictos, pobreza, violencias sexuales, etc.).

"No se está atendiendo el bienestar emocional de esos niños por la saturación de los centros"

De ahí que UNICEF incida en la urgencia de garantizar a esos menores una atención psicológica que ahora no están recibiendo en el grado que necesitarían. "El trayecto que han vivido es durísimo. Muchos han estado más de nueve días en alta mar, llegan en shock, y no se está atendiendo el bienestar emocional de esos niños", denuncia Casero. Tampoco tienen garantizado su derecho a la educación: el Ejecutivo canario señalaba antes de verano que solo había podido escolarizar a en torno el 40% de los menores.

Más cruda es la realidad de los mayores de 16 años, para los cuales no se definen itinerarios por esa falta de una atención individualizada, lo que hace que ni siquiera entren en el circuito educativo. "Y eso les genera mucha frustración, porque vienen a buscar trabajo y a formarse. También debería haber un asesoramiento jurídico para esos jóvenes, que les permita conseguir un permiso de residencia y trabajo que, de hecho, está previsto en la legislación", defiende. ¿La alternativa? Muchos salen a los 18 años de esos centros "en situación de calle", porque no hay alojamientos para todos, y ni siquiera tienen esos permisos de residencia.

Hacia un "modelo de hogar"

Lo ideal, y el camino que estaba siguiendo España antes de que empezase esta crisis migratoria, es avanzar hacia un modelo de acogida mucho más personalizado y menos masificado. "Un modelo de hogar, se denomina", cuenta Casero. En Canarias hay centros de un máximo de 30 plazas que ofrecen a esos niños y adolescentes integrarse en un entorno más familiar y acogedor. Ese es el objetivo y es como deberían estar todos los centros en el archipiélago, pero la saturación del sistema de acogida obstaculiza esa posibilidad.

"Para buscar un estándar mínimo de garantía y dignidad para estos niños en Canarias necesitamos que se consiga un reparto de responsabilidades, que se traslade a los menores a otros territorios con el apoyo del Gobierno central, que también debe aportar los recursos económicos", asegura la portavoz de UNICEF.

Casi un año sin solución

El Ejecutivo ya propuso antes de verano una fórmula en la que hacía corresponsables a todas las comunidades de esa acogida y establecía un mecanismo de reubicación de los menores migrantes cuando los sistemas de acogida de un territorio estuviesen saturados. Moncloa y Canarias estuvieron meses negociando un documento que ni siquiera fue admitido a trámite en el Congreso por el voto en contra del PP y Junts. Desde entonces, el tono se ha ido elevando con cruces de reproches, mientras los cayucos seguían llegando al archipiélago.

El presidente canario, Fernando Clavijo, acabó pactando un acuerdo con el PP en el que planteaban que fuese el Estado el que se hiciese cargo de la tutela de los menores cuando una comunidad sobrepasase el 150% de su capacidad. Clavijo aprobó incluso un protocolo de acogida que limitaba sus competencias y hacía al Gobierno responsable de identificar y acoger a los menores en alta mar, como ya sucede con los adultos. Un documento que acabó de dinamitar la relación con Moncloa, que contraatacó amenazando con recurrirlo ante el Constitucional; y con la Fiscalía, que ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) anule la iniciativa mientras estudia su fondo.

Se dedicó hasta una moción entera en el Congreso para debatir esta situación, en la que el Gobierno acusaba al PP de dar la espalda a Canarias con su negativa a la modificación legislativa; y el PP acusaba al Gobierno de imponer unilateralmente sus reformas sin considerar las condiciones de los de Génova para el 'sí'. Sea como fuere, en octubre se cumple un año desde que empezaron a saltar las alarmas por el aumento de llegadas de migrantes a las islas y a Ceuta, y ninguno de los dos territorios cuenta todavía con una solución a la problemática.

En principio, la semana que viene se producirá una reunión a tres bandas en la que se volverá a intentar llegar a un acuerdo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sentarán de nuevo para ver si esta vez pueden elaborar un pacto migratorio que dé respuesta a la situación de forma definitiva.