Airbnb ha informado este miércoles que apelará la decisión de Consumo, que le ha abierto un expediente sancionador después de pedirle que retirara "de forma inminente" miles de anuncios con publicidad "ilícita" de alojamientos. La plataforma está "en profundo desacuerdo" con este dictamen.
Un portavoz de Airbnb ha dicho que no son proveedores de servicios de alojamiento, sino de servicios de internet, por lo que se les debe aplicar la ley de servicios digitales. Además, ha añadido que la información de los anuncios es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.
Según ha explicado, piden siempre a los arrendatarios, "anfitriones", que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma. Por ello, consideran que el Ministerio de Consumo "ha eludido los procesos legales" y ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología "indiscriminada".
El Ministerio, han denunciado, "no solo se extralimita, ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, sino que también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
De acuerdo con la plataforma, estas resoluciones "han dejado claro" que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas "que Airbnb cumple plenamente". Explican que se trata de una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales, que no tiene obligaciones de supervisión.
En su interpretación, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario; y determinó que no presta el servicio final de hospedaje. Han recordado también que, en enero de 2022, el Tribunal Supremo dictaminó que la información de los anuncios, incluido el número de registro, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma.
Este tribunal sentenció también que Airbnb es un "intermediario neutro" de los servicios de la sociedad de la información y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos, por lo que le aplica la Directiva de Comercio Electrónico, a juicio de la plataforma.
Finalmente, afirma que no solo anuncia viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamiento que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo. El Ministerio de Consumo ha informado este miércoles de la apertura del expediente sancionador, aunque no ha identificado a la empresa. Sin embargo, fuentes del sector han confirmado que la plataforma requerida es Airbnb.
