La figura de la acusación popular permite a cualquier persona o entidad jurídica promover acciones penales, se haya visto o no perjudicada por el delito que se investiga. Es una figura particular del ordenamiento jurídico español -es el único país de la UE que la mantiene en su sistema judicial- y a la que ahora una propuesta de reforma legal presentada por el PSOE quiere poner coto.
Esta reforma se realiza justo cuando organizaciones y partidos como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír están personadas como acusación popular en procedimientos judiciales que afectan directamente al Gobierno, como el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, la investigación al hermano de Pedro Sánchez o la del fiscal general del Estado.
Sin embargo, la acusación popular no solo está contemplado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que es un derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 125.
La acusación popular, en el art. 125 de la Constitución
Según el artículo 125 de la Constitución, "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales".
Este derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular toma forma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Artículo 101: "La acción penal es pública y todos los ciudadanos pueden ejercerla con arreglo a la ley".
- Artículo 270: "Todos los españoles, ofendidos o no por el delito, pueden querellarse ejerciendo la acción popular"
La reforma del PSOE pretende limitar esta figura
El PSOE propone con esta reforma legal evitar la apertura de procesos judiciales basados en "recortes de prensa" y poner fin a las acusaciones populares en la fase de instrucción (investigación previa al juicio) para evitar "la filtración constante de las diligencias con objetivos políticos" o los intentos de "pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación" para "dar un perfil mediático a un proceso judicial".
La figura de la acusación popular ha formado parte de algunos de los juicios penales más mediáticos de la España democrática. Ahora, la reforma legal propuesta por el PSOE podría ponerle coto: un cambio al que se han opuesto todas las asociaciones de jueces por "inutilizar" la figura de la acción popular en los procesos judiciales, en palabras de la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, a Europa Press.
