España es un país cada vez más envejecido y la transformación demográfica de la población española ha elevado la presión sobre las arcas públicas. Según el informe Juventud y Empresa publicado este lunes por la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios, el peso del gasto en sanidad y pensiones sobre el PIB ha crecido un 56% desde 2004, mientras que el gasto público en otras áreas más orientadas hacia los jóvenes como la educación, la vivienda o la transición ecológica apenas se ha incrementado un 5% en casi 20 años. "El gasto público como porcentaje del PIB dirigido principalmente a los mayores ha aumentado de forma significativa, sin embargo el gasto que más favorece a los jóvenes se ha reducido", señala el estudio, que analiza la situación económica que atraviesan los jóvenes.
En concreto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrenta este grupo población, una preocupación creciente que contrasta con la evolución del gasto público. Según el informe, el peso de estas inversiones sobre el PIB se ha reducido un 58% desde principios del milenio, pasando de representar el 1,2% del PIB en el 2000 al 0,5% en 2022. Más concretamente, desde 2012 se ha producido un descenso considerable en la construcción de VPO (en 2012 suponían el 39,9% de las viviendas terminadas, frente a un 9,7% en 2023), de "especial relevancia para los jóvenes" como "medio de acceso a la emancipación".
Más estable ha sido la evolución del gasto en educación, que también repercute directamente sobre los más jóvenes. En este área, el gasto público ha pasado del 1,8% del PIB en 1970 al 4,6% en 2022, aunque la mayor inversión se produjo a finales del siglo pasado y su peso se encuentra todavía por debajo del 5,2% en el que se sitúa la media europea. En cambio, lo que ha crecido a mayor velocidad ha sido el gasto en pensiones, tanto por el aumento de la población en edad de jubilación con la llegada al retiro de la generación del baby boom como por el aumento de las pagas, cuya revalorización se vinculó en la última reforma al crecimiento de los precios para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
"Esta situación podría dificultar la capacidad del Gobierno para financiar programas y servicios públicos y aumentar la deuda para cubrir los déficits presupuestarios", apunta el informe impulsado por PwC y el Círculo de Empresarios, que subraya la disparidad en la evolución del gasto público orientado a la población de mayor edad y a los más jóvenes. "Supone un claro deterioro para la justicia intergeneracional del país e implica que las generaciones futuras no dispongan de las mismas oportunidades que las presentes de disfrutar de un mundo sostenible y habitable, así como de heredar recursos y condiciones sociales y económicas justas", advierte el documento.
"Toca un viraje importante. Hemos cuidado mucho de nuestro mayores, pero toca un giro, toca poner el énfasis en la gente joven", instaba el presidente del Círculo de Empresarios, José María Nin, este lunes en la presentación del estudio, que avisa del "reto extraordinario" que trae consigo el envejecimiento de la población española. Y es que el peso de los jóvenes ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Los menores de 25 años han pasado de representar el 30% de la población en 2001 a suponer el 25% en 2022.
Menos peso en la población significa también menos votantes jóvenes. Los menores de 35 años han pasado de representar el 36% del electorado en 1990 al 22% en 2022 y se espera que la proporción siga mermándose hasta pesar un 20% en 2050. "Un menor peso electoral se traduce en un menor protagonismo en el debate público y, por ende, un futuro cada vez más incierto para los jóvenes", advierte el informe, que apunta a que se está produciendo un "deterioro" en las expectativas de los más jóvenes como consecuencia del envejecimiento de la población, la pérdida de fuerza laboral o el tensionamiento de las cuentas públicas por el aumento del gasto en pensiones.
"La preocupación no es solo cómo vamos a pagar las pensiones, sino si se puede llegar un momento en el que la gente rechace al Estado del bienestar, como ya está ocurriendo en países China, donde los jóvenes, al ver al longevidad que hay y el coste que van a tener las pensiones, están decidiendo no aportar al sistema público de pensiones", advertía en la presentación del informe Alicia Coronil, economista Jefe de Singular Bank, recalcando que el equilibrio intergeneracional es imprescindible para mantener el sistema. De hecho, la "responsabilidad social" que recae sobre los jóvenes para soportar el gasto creciente es cada vez mayor. "Cada persona en edad de trabajar será responsable de más del doble de personas mayores en 2050", apunta el informe, al mismo tiempo que advierte del riesgo de un eventual éxodo de jóvenes.
"Hemos tenido un Estado del bienestar en el que no se ha puesto el foco en la importancia que tiene la demografía", expresaba Coronil, invitando a las empresas a contribuir en la mejora de la situación de los jóvenes y recordando que la falta de atención a este grupo es un problema arrastrado durante décadas por el sistema español frente a otros modelos como el nórdico, más preocupado por el fomento de la natalidad, la conciliación y la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo de los jóvenes.
