El Gobierno ha troceado el real decreto ley ómnibus, que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada, y ha aprobado este martes un nuevo documento con 29 medidas sociales. La norma llega después de que PSOE y Junts hayan acordado salvar algunas de las propuestas que habían sido rechazadas por la Cámara Baja a cambio de que esta tramite la petición de una cuestión de confianza a la que debería someterse el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El real decreto presentado la semana pasada incluía alrededor de 80 medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si bien Sánchez ha asegurado que la nueva norma "contiene la práctica totalidad" de disposiciones de la versión anterior, solo contiene 29 iniciativas, de las cuales una de ellas no figuraba en el documento previo. El nuevo decreto ley entrará en vigor tras su publicación nuevamente en el BOE, pero deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes.
Estas son las principales medidas que recoge esa segunda versión del decreto ómnibus y las que se quedan fuera.
Medidas incluidas
Ayudas a los afectados por la DANA: financiación adicional para la Generalitat Valenciana y ayudas a municipios, empresas y personas que han sufrido las consecuencias de la histórica gota fría de octubre. Se incluye la reparación de los daños ocasionados en el barranco del Poyo, para lo que se destinan 26 millones, y la restitución de las carreteras del Estado en Valencia, con 78,5 millones.
Ayudas a los afectados del volcán de La Palma: ampliación hasta el 30 de junio de 2025 de las medidas dirigidas a la reconstrucción económica de la isla, ante los efectos producidos por la erupción de Cumbre Vieja.
Ayudas al transporte: se mantienen las bonificaciones en el transporte público con la expedición de abonos gratuitos para pasajeros frecuentes de Cercanías, Rodalies y trenes de Media Distancia, posibilidad de acceder a abonos gratuitos de las líneas estatales de autobús, descuento del 50% para abonos de trenes Avant, transporte gratuito en Canarias y Baleares, bonificación del 50% en los sistemas públicos de alquiler de bicicleta y descuentos en el transporte urbano y metropolitano.
Palacete de París: traspaso del inmueble situado en la Avenida Marceau de la capital francesa al PNV de conformidad con los principios de la Memoria Democrática y restitución de bienes incautados a partidos políticos.
Prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables: se garantiza la suspensión del procedimiento de desahucio de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, siempre y cuando se acredite debidamente.
Creación de un sistema público de avales y garantías para vivienda: con esta medida, que no figuraba en el decreto anterior, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana establecerá una línea de avales para cubrir posibles impagos en el alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso al alquiler y evitar conflictos entre propietarios e inquilinos.
Prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI): se mantiene en los 1.134 euros brutos mensuales de 2024 a la espera de que se concrete la nueva subida para 2025.
Prohibición de cortes de suministros para vulnerables: garantía de acceso a agua, luz y gas para consumidores en situación vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.
Bono social eléctrico: extensión de la ayuda a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, basada en descuentos de entre el 25 y 40% en el precio de la factura de electricidad, dependiendo de la situación económica de cada hogar.
Prórroga del escudo antiopas: aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026 del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Esta norma permite vetar la compra de participaciones iguales o superiores al 10% de empresas cotizadas en España y de empresas no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.
Pesiones:
- Revalorización de las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado conforme al IPC (2,8%) en 2025.
- Aumento de las pensiones mínimas cerca de un 6%.
- Subida de las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 9%.
- Incremento de pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares en un 9,1%.
- Revalorización de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) en un 6%.
- Subida de la pensión máxima hasta los 3.267,60 euros al mes.
Medidas que decaen
Todas las medidas tributarias: algunas de las disposiciones caídas son la subida de 1.500 a 2.500 del límite de ingresos procedentes de un segundo pagador, que exime de presentar la declaración de la renta si los ingresos totales no superan los 22.000 euros anuales; o deducciones para quienes hicieran reformas de mejora de eficiencia energética en casa, entre otras. También decae una medida relativa a los cigarrillos electrónicos; en este caso, se retrasaba hasta el 1 de abril la entrada en vigor de un nuevo impuesto sobre los líquidos de estos productos.
Prórroga del Plan Moves III y deducciones del IRPF para vehículos eléctricos: el presupuesto destinado para incentivar la compra de coches eléctricos –entre 4.500 y 7.000 euros–, pilas de combustible y puntos de recarga, así como el descuento fiscal del 15% en la adquisición de estos vehículos, se han quedado fuera. El Gobierno había renovado este plan justo antes de acabar 2024 y hasta el 30 de junio.
Ayudas a empresas electrointensivas: subvenciones dirigidas a empresas que consumen grandes cantidades de electricidad en sus procesos productivos. El decreto ómnibus prorrogaba una rebaja del 80% de los peajes en la factura eléctrica que paga la industria. Esta medida se implantó por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
Entregas a cuentas a las comunidades autónomas: el decreto contemplaba 9.600 millones de euros que se repartirían de forma anticipada entre los diferentes Gobiernos regionales como parte del sistema de financiación autonómica para hacer frente a los gastos públicos.
Impuesto a la banca: el Gobierno había propuesto una modificación técnica de esta medida con el objetivo de reducir los efectos contables negativos que podría generar el impuesto sobre los márgenes de intereses y comisiones de las entidades financieras, de manera que no impactara de forma desproporcionada en sus cuentas.
Prórroga relativa al servicio postal: el decreto ampliaba el plazo para que Correos continuara como operador designado para el servicio postal en España. La medida pretendía asegurar la continuidad de la empresa pública mientras se revisan las condiciones y el modelo de gestión a largo plazo.
Subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente: simplificación de requisitos o flexibilización de los criterios administrativos necesarios para que las compañías puedan acceder a ayudas económicas de forma más rápida, de manera que se dé una respuesta eficiente a situaciones de vulnerabilidad económica.
Modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información: el decreto planteaba reformas en esta normativa, que regula aspectos relacionados con los servicios digitales y el comercio electrónico. Sin embargo, según Junts, vulnera las competencias de Cataluña.
