El PP ha anunciado este lunes que la Comisión Europea ya está investigando el denominado Gran Hermano que el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha ordenado desde diciembre pasado para las empresas del sector turístico, “a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos”. Se trata del reglamento que exige un registro de viajeros a los servicios de alojamiento. Se trata, eso sí, de un paso habitual cuando se cuestiona algo ante Bruselas.
En respuesta escrita a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, el comisario de Justicia, Michael McGrath, reconoce estar evaluando el Real Decreto 933/2021 “a la luz de la legislación de la UE en materia de protección de datos” pero mientras resuelve esta investigación manifiesta que el objetivo de la Comisión es precisamente reducir la carga administrativa del sector turístico un 25%, no aumentarlo.
“No vamos a permitir que Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y contra la normativa de protección de datos. Este GH no es más seguridad es más control y vamos a llegar hasta el final en Europa denunciando esta obsesión del gobierno por controlarlo todo”, manifestó Montserrat.
En su escrito, el comisario indica que, a escala de la UE, la Comisión pretende reducir en términos generales la carga administrativa y aportar simplificación, en particular para las pymes, incluidas las empresas turísticas. “La Comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión”, recalca.
Montserrat, insisten desde el PP, lleva denunciando desde hace meses las obligaciones de información impuestas en el denominado “Gran Hermano de Marlaska”, que han despertado fuertes críticas del sector turístico nacional e internacional, que se ve obligado a recabar hasta 43 datos personales, muchos de ellos sensibles, de índole parental y financiero, de todos sus clientes, conllevando infracciones graves de hasta 43.000 euros.
A su juicio, tal como explicó la formación en un comunicado, “España no puede legislar en contra de lo que marca la Comisión Europea y mucho menos abrir una crisis en el sector turístico, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía”. Montserrat, de hecho, va más allá. “Mientras Bruselas busca aliviar la carga administrativa y la burocracia en las empresas, el Gobierno de Sánchez les impone más regulaciones, más controles y más burocracia. Esto no lo vamos a permitir”, añadió.
