La reducción de la jornada laboral se ha convertido en motivo de agrias luchas intestinas entre los dos socios del Gobierno, encarnados en este caso por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Economía, capitaneado por Carlos Cuerpo. El departamento que lidera la vicepresidenta segunda acusó el miércoles al de Cuerpo de "vetar" la tramitación de la jornada, algo que Economía se apresuró a desmentir. Sin embargo, fuentes de Trabajo arguyen que con los plazos que maneja Economía es casi imposible que los trabajadores lleguen a ver un recorte horario en 2025, como viene establecido en el pacto de coalición. Algo que para el departamento de Díaz es imprescindible, pero que el de Cuerpo no ve tan importante como que la medida esté bien perfilada y tenga en cuenta a las empresas.
Las citadas fuentes insisten en que Economía está vetando, y así está reconocido por escrito —arguyen— el arranque de los trámites legales para reducir la jornada. Algo que el departamento de Cuerpo negó el miércoles. En concreto, señalan que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) ha rechazado debatir el texto que Trabajo pactó solo con los sindicatos en su próxima reunión prevista para el 13 de enero.
La negativa quedó plasmada en una comunicación de la CDGAE a la que ha tenido acceso 20minutos en la que el órgano rechaza incluir este asunto en el orden del día del 13 de enero y señala a Trabajo que puede solicitar que se incluya en la reunión prevista para el 27 de enero. Algo que en el Ministerio de Trabajo tienen poca fe en que vaya a suceder.
Además, el documento estima que la reducción de jornada debe tramitarse por el procedimiento ordinario y no por la vía de urgencia, como reclama Trabajo. La CDGAE justifica esta decisión en que la trascendencia de la medida y su posible impacto económico hace necesaria la coordinación entre ministerios. Este asunto, que puede parecer un mero tecnicismo, tiene una importancia crucial para el departamento que dirige Díaz.
Hasta el punto de que en Trabajo ven casi imposible que pueda haber reducción de jornada en 2025 si no se recurre a la vía de urgencia. Si la norma se tramita en modalidad ordinaria, las citadas fuentes creen que la norma no llegaría hasta Consejo de Ministros hasta el próximo febrero. Además, el trámite ordinario exige que el texto se apruebe en Moncloa en una segunda vuelta, previo paso por los órganos consultivos y la emisión de informes del resto de ministerios. Todo esto podría bloquear el proceso sine die, estiman. En Trabajo creen que por esta vía la norma no llegaría al Congreso, donde está el escollo más difícil, hasta septiembre en el mejor de los casos. Algo que haría que su entrada en vigor este año sea improbable.
En cambio, por la vía de urgencia los plazos se reducen a la mitad, el texto solo tiene que pasar una vez por el Consejo de Ministros y se puede prescindir de muchos procesos administrativos como la emisión de informes. Si hay voluntad política, sostienen en Trabajo, el texto podría estar aprobado en febrero y arrancar así la tramitación parlamentaria que en principio debería ser el principal escollo de la reducción de jornada. El Gobierno no tiene garantizado todavía el imprescindible apoyo de Junts en el Congreso.
El mensaje que llega desde Economía es diferente. El miércoles, el ministro Carlos Cuerpo subrayó que la reducción de jornada es una "prioridad absoluta" para su departamento y que se está trabajando para que pase lo más rápido posible por la tramitación necesaria. "Queremos llevarlo lo antes posible al Consejo de Ministros con todas las garantías y que sea una realidad", dijo.
Sin embargo, Cuerpo ha ido deslizando estas semanas algunos puntos de discrepancia con Díaz, aunque sin concretar demasiado. Economía quiere un texto que reduzca la jornada "con garantías", "de manera sostenible", que tenga en cuenta la "realidad parlamentaria" y que incluya medidas de acompañamiento a las empresas. Trabajo y los sindicatos rechazan tocar siquiera una sola coma del texto del acuerdo que alcanzaron en diciembre, pero todas las partes asumen que el contenido puede modificarse cuando la reducción de jornada llegue al Congreso.
Acusaciones de dilación intencionada
El departamento que dirige Yolanda Díaz sostiene que lleva meses tratando de arrancar la tramitación de la reducción de jornada. En octubre del año pasado anunciaron su intención de tramitar la norma por la vía de urgencia y durante todos estos meses han ido intercambiando borradores con los ministerios económicos socialistas, sostienen.
En el ministerio sienten que el PSOE lleva meses poniendo palos en las ruedas en forma trabas administrativas. Que existe una diferente carga administrativa según de qué ministerio parten las iniciativas. La interpretación que hacen es que los ministerios económicos socialistas tienen ánimo de dilatar el proceso cuando las normas llegan desde el departamento de Yolanda Díaz.
