La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que la plataforma estatal puesta en marcha a principios de año por el Gobierno para controlar los alquileres de corta duración cuenta ya con 4.000 pisos registrados tras poco más de un mes en funcionamiento. Se trata de viviendas anunciadas en portales online como pisos turísticos y alquileres de temporada que han acreditado que cumplen con todos los requisitos legales para hacerlo. El registro no será obligatorio hasta julio, pero Rodríguez ha asegurado que se trata de unos primeros datos "muy positivos" orientados a avanzar en el control de los alquileres vacacionales para mejorar el acceso a la vivienda.
"Sabemos que estos pisos son 100% legales", ha explicado la ministra en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha dado a conocer el dato y ha asegurado que el Gobierno está "apurando todas sus competencias" para frenar la proliferación de pisos turísticos. En ese sentido, ha recordado que este mismo jueves el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente para sancionar a varias empresas gestoras por el uso de prácticas fraudulentas, como, por ejemplo, hacerse pasar por particulares. El departamento de Pablo Bustinduy ha dado así un paso más en la investigación iniciada el pasado mes de diciembre, que podría materializarse en multas de hasta 100.000 euros.
"Hace falta menos AirBnB y más vivienda", ha afirmado Rodríguez, apostado por prohibir "sin ninguna duda" este tipo de alojamientos turísticos allí donde estén causando problemas para acceder a una vivienda. Ha instado a actuar en esa línea a los ayuntamientos y comunidades autónomas para evitar que las ciudades se conviertan en "parques temáticos". "La regulación tiene que empezar desde abajo", ha recalcado. "Este tipo de alojamientos no favorecen el turismo sostenible, de calidad y ordenado que precisa nuestro país", ha agregado.
Además, la ministra también ha recalcado la necesidad de ampliar el parque público para mejorar el acceso a la vivienda y llegar a la media europea del 9%. Ha celebrado que el parque público de vivienda social haya pasado en España de representar el 2,5% del total al 3,4%, con la incorporación de 162.000 viviendas protegidas en los últimos cinco años, y ha anunciado que se van a licitar a lo largo del primer trimestre del año la construcción de más de 1.600 viviendas que serán "públicas con carácter permanente". Se ubicarán en Valencia, Galicia, Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha y estarán blindadas, ya que la nueva empresa pública de vivienda se encargará de todo el proceso desde la urbanización del suelo hasta su entrega y gestión.
Rodríguez ha asegurado que el Gobierno no destinará "ni un euro" a la promoción de viviendas sociales en las que no se garantice su protección a perpetuidad y se impida que puedan acabar en manos privadas. "Lo que nace público debe permanecer siempre público", ha defendido, acusando al PP de haber impulsado durante décadas un modelo de "barra libre". "El crédito sin control no trajo más que una herida social cuyas cicatrices todavía hoy perduran", ha lamentado. "No debemos permitirnos más errores", ha añadido, instando a las distintas administraciones a aunar fuerzas para atajar la crisis habitacional.
La ministra ha explicado también que su departamento trabaja junto al Ministerio de Hacienda en un paquete de medidas fiscales orientadas a mejorar el acceso a la vivienda, en el que se incluirán buena parte de las iniciativas anunciadas a principios de año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, ambos ministerios preparan un documento que incluya la bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que alquilen su vivienda con el índice de precios de referencia, una subida en el IVA a los pisos turísticos para que tributen como "negocios" y desincentivos para los extranjeros de fuera de la Unión Europea en la compra de viviendas, entre otras medidas. "Estamos ultimando la redacción para hacerlo llegar al Congreso cuanto antes", se ha limitado a decir.
