El periplo judicial que atraviesa Carles Puigdemont desde hace siete años por el procés independentista ha estado siempre en manos del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena. Es el responsable de la instrucción del Alto Tribunal en el proceso abierto a raíz de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Sedición, malversación, desobediencia, amnistía u órdenes de detención son algunas de las 'ofensivas' judiciales de Llarena, al que Puigdemont ha tachado en varias ocasiones de ejercer una "persecución judicial" contra él.
El juez llamó a sentarse en el banquillo al expresident en 2017, tras la convocatoria de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña (1-O), acusado de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, pero el líder de Junts se fugó de la justicia española. Siete años después de su primera imputación, el abogado del fugado, Gonzalo Boye, ha presentado este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una denuncia contra Pablo Llarena por la "desatención y el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación de los recursos interpuestos vinculados a la ley de amnistía. Este es el último de una larga lista de capítulos de desencuentros entre el político y el magistrado.
Ley de amnistía
Con el objetivo de volver a España esquivando a los tribunales, Carles Puigdemont acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de una ley de amnistía a los encausados por el procés independentista a cambio de un apoyo parlamentario requerido tras las elecciones del 23 de julio de 2023. Una vez se pactó la redacción del texto y se dio luz verde en el Congreso de los Diputados -tras una dilatación en el Senado-, comenzaba su aplicación a los condenados.
Sin embargo, el juez Pablo Llarena rechazó perdonar la malversación a Carles Puigdemont -sí consideró amnistiable la desobediencia- al argumentar que hubo "beneficio personal" en la celebración del referéndum de autodeterminación -recogido como una excepción en el mismo texto- y acordó mantener vigente la orden de detención contra él.
El expresident acusó al magistrado de "ignorar deliberadamente" la ley y decidió recurrir esta decisión, incluso al Tribunal Constitucional, que ahora tiene la última palabra. Tras la negativa de Llarena de aplicar la amnistía a la malversación, la defensa interpuso varios recursos de reforma, cuya "desatención y retraso injustificado y reiterado" en la tramitación han llevado a Boye a denunciar al magistrado.
Sedición
En enero de 2023, el Gobierno y ERC impulsaron una reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. Esta modificación legislativa llevó a Pablo Llarena a levantar la condena a Puigdemont por el primero de los delitos -que dejaba de existir-.
A pesar de ello, no es evitó una condena. Llarena interpretó que, tras la eliminación del delito, "los hechos de la causa relacionados con el mismo son subsumibles ahora en un delito de desobediencia [...] al no encajar tampoco en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que viene a sustituir a la derogada sedición".
Malversación
La misma reforma del Código Penal del Gobierno incluía la rebaja del delito de malversación -por el que el expresident sigue condenado al no entrar en la amnistía-. En este caso, el instructor tampoco aplicó a Puigdemont la disminución de la condena por la malversación, ya que consideró que los hechos no se podían enmarcar en los nuevos tipos atenuados por la reforma del Gobierno.
Llarena argumentó que los tipos penales atenuados "serían únicamente apreciables si se dispone temporalmente del bien público, con intención de devolverlo posteriormente y por tanto con mera voluntad de uso temporal del mismo".
Órdenes de detención
Tras su fuga a Bélgica en 2017, el 3 de noviembre la jueza Carmen Lamela cursó una Orden de Detención Europea (ODE) contra Puigdemont y los cuatro consejeros de su gobierno que no habían acudido a la citación judicial por encontrarse en Bélgica. Sin embargo, el magistrado Llarena levantó dicha obligación porque si los delitos no constituían un delito en el país belga, los tribunales españoles no podrían procesarlos por los mismos, y existían dudas sobre el encaje de la rebelión y la sedición en el ordenamiento belga.
El 23 de marzo de 2018, Llarena anunció el procesamiento de Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación y cambió el criterio sobre las órdenes de detención: cursó una nueva euroorden (en todo el proceso ha emitido tres y ninguna ha prosperado). Puigdemont estaba entonces en Helsinki (Finlandia).
Extradición
Dos días después de cursar la euroorden, el 25 de marzo, Puigdemont fue detenido en Alemania cuando entraba en coche en el país a través de Dinamarca, pero el tribunal germano se negó a ejecutar la orden dictada por Llarena al no reconocer el delito de rebelión por el que se le buscaba.
Eso sí, el tribunal de Schleswig-Holstein tomó la decisión de extraditar a Puigdemont a España por el delito de malversación de fondos. Aquí el Supremo también respondió, esta vez rechazando la extradición y oponiéndose al acuerdo de la Justicia alemana de rechazar que el dirigente independentista fuese juzgado solo por un delito de rebelión.
Inmunidad
Cuando Puigdemont, junto a Comín y Ponsatí, tomó posesión de su acta como eurodiputado y obtuvo la inmunidad parlamentaria, que bloqueaba una posible extradición del exmandatario catalán. Llarena pidió que se retirara la inmunidad a Puigdemont para reactivar las euroórdenes y llevarle ante la justicia española.
En marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó el levantamiento de la inmunidad del expresident (y de Comín y Ponsatí). Los tres presentaron un recurso en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) alegando que se habían vulnerado sus derechos y pidiendo medidas cautelares para mantener su protección en lo que el tribunal resolvía el caso. Inicialmente, el TGUE rechazó darles protección temporal.
Pero entonces Puigdemont fue nuevamente detenido, esta vez en la isla italiana de Cerdeña el 23 de septiembre de 2021. El fiscal italiano hizo suyas las decisiones previas de la justicia europea y no pidió ninguna medida cautelar. Lo puso en libertad ese mismo día. Tras este breve arresto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) devolvió a Puigdemont su inmunidad.
Sin embargo, el Tribunal General de la UE (TGUE) retiró en 2023 la inmunidad al expresidente de la Generalitat -y a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín-, confirmando así la decisión del Parlamento Europeo. Tras las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, en las que Puigdemont no se presentó, el fugado dejó de ser europarlamentario, tras resultar electo en el Parlament en las elecciones catalanas del 12 de mayo.
La lista de reveses de un lado y de otro no ha dejado de agrandarse desde que Llarena tomó el mando de la causa del procés independentista. Desde entonces, Puigdemont ha acusado en numerosas ocasiones al juez de cometer 'lawfare' (politizar la justicia) y dudando abiertamente de su imparcialidad.
