La Comisión Europea ha dado este lunes un ultimátum a España: tiene que aplicar desde ya la nueva normativa de peajes y viñetas, que tendría que estar en vigor a partir de marzo de este año, tal como ha comunicado Bruselas. La Directiva de la Euroviñeta establece normas comunes sobre la imposición de tasas basadas en la distancia (peajes) y tasas de usuario basadas en el tiempo (viñetas), "permitiendo a los Estados miembros recuperar los costes de infraestructura (construcción, operación, mantenimiento) a través de peajes y viñetas", resumen desde el Ejecutivo comunutari.
La modificación de la Directiva (UE) 2022/362 incluye ahora los turismos, autobuses y autocares, así como los pequeños vehículos pesados. La Directiva revisada también exige a los Estados miembros que incluyan los costes medioambientales de la contaminación atmosférica en sus sistemas de tarifas "para establecer tasas basadas en las emisiones de CO2 de un vehículo", con el objetivo de reducir las emisiones y fomentar vehículos pesados más limpios.
La fecha límite para transponer la Directiva a la legislación nacional era el 25 de marzo de 2024 y hay un total de ocho Estados miembros que no han comunicado las medidas de transposición. Por ello, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Bulgaria, Grecia, España, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal, que disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. "De lo contrario, la Comisión puede decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", concluyen desde Bruselas. Con todo, esta reforma ya fue objeto de polémica hace unos meses en España porque se incluyó en los objetivos del plan de recuperación, por lo que el acceso a ayudas va de la mano de que se complete este proceso.
Más expedientes abiertos
Por otro lado, la Comisión también pide a España tomar medidas con las normas de la UE sobre cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE, que el país, junto con otros 21 Estados miembros, tiene que trasponer)". Estas normas facilitan a los profesionales la prestación temporal y ocasional de sus servicios en distintos Estados miembros, al tiempo que garantizan la protección de los consumidores y los ciudadanos. Excepcionalmente, en el caso de las profesiones con implicaciones para la salud y la seguridad públicas, los Estados miembros pueden comprobar las cualificaciones antes de autorizar la prestación de servicios", añade Bruselas.
Estos controles previos "pueden retrasar considerablemente el inicio de las actividades, por lo que solamente pueden imponerse en condiciones estrictas, en particular cuando la falta de cualificación profesional pueda provocar daños graves para la salud o la seguridad del destinatario del servicio", terminan.
En otro de los expedientes abiertos, la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España y Portugal para que implementen por completo el llamado reglamento del producto paneuropeo de pensiones. En caso de que no cumplan, Bruselas elevará el caso al TJUE. Este reglamento establece un plan de pensiones personal y voluntario que brinda a los consumidores una opción paneuropea para ahorrar con vistas a la jubilación.
En el TJUE sí ha acabado España por haber aplicado de forma incorrecta tres directivas europeas sobre contratación pública. Estas normas, que los Estados miembros debían transponer a sus legislaciones nacionales antes del 18 de abril de 2016, exigen que los países sigan procedimientos imparciales y transparentes, con el objetivo de abrir los mercados de servicios a una competencia real entre empresas en toda la UE y garantizar la mejor relación calidad-precio en las contrataciones públicas.
Tras la notificación tardía de España sobre la transposición de las tres directivas y la verificación de cumplimiento realizada por la Comisión, se decidió en diciembre de 2021 enviar una carta de emplazamiento a España, seguida de un dictamen motivado en abril de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para que sea plenamente compatible con todas las obligaciones derivadas del derecho de la UE. "La legislación española se aparta significativamente de las normas de la Unión, especialmente en lo relativo a qué tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos deben seguir las reglas de contratación pública", concluyen desde Bruselas.
