Empresas eléctricas, del sector renovable y eólico se han unido este lunes para dejar claro su "desacuerdo" y su oposición a la ley que está a punto de entrar en vigor en Galicia y que, por primera vez en España, obligará a los propietarios de un parque eólico a vender al menos la mitad de la electricidad que generen a empresas y consumidores gallegos. De esta manera, la Xunta trata de evitar ser solo una comunidad productora y exportadora de electricidad que se consume en otros territorios y lo hace mediante una ley con la que, además, podrá vetar o influir negativamente en proyectos eólicos que no acrediten un beneficio socioeconómico y que obligará a repotenciar o cerrar a los que tengan más de 25 años.
Estas son algunas de los elementos de la ley de "promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia", que se publicó en el Boletín Oficial de la Xunta el mes pasado y algunas de cuyas disposiciones se han incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 que se aprueban este martes. Contra ella, este lunes se han pronunciado a través de un infrecuente comunicado conjunto la patronal de las eléctricas, AELEC, la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) y la mayor asociación del sector renovable, APPA Renovables.
Según denuncian, esta norma "pone en peligro el futuro desarrollo de la eólica y la hidráulica en Galicia" puesto que también fija condiciones para esta segunda tecnología, así como para la extracción de recursos mineros, ante el boom que se prevé en este ámbito. El sector denuncian en ella elementos que son "contrarios a Derecho", que atentan contra el libre mercado y la competencia y que "tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector", que recuerdan que en Galicia está paralizado desde hace años, con la imposibilidad de de iniciar nuevos proyectos.
AELEC, AEE y APPA Renovables han difundido su oposición a una ley de la Xunta contra la que venían advirtiendo desde hace meses y que el sector renovable ve como el ejemplo más extremo de la respuesta que en los últimos años han ido dando los gobiernos autonómicos para responder a las protestas contra el desarrollo renovable, tendentes a que los proyectos tengan un beneficio tangible sobre el territorio. Es el caso de los cánones e impuestos que han fijado Castilla y León, Castilla-La Mancha o Aragón. La ley gallega da un paso más y legisla sobre otro motivo de protesta en las comunidades en las que se genera más electricidad verde, que se oponen a quedar convertidas en un lugar donde se produce sin que revierta en el desarrollo económico e industrial porque inmediatamente sale a otros destinos.
Vender parte de la electricidad
En este sentido, uno de los artículos de la ley es que para que un proyecto de energía eólica sea declarad de "especial interés social y económico" se valorarán beneficios socioeconómicos como que sirven para financiar acciones para prevenir, corregir o compensar sus efectos sobre el territorio o "acciones de desarrollo productivo e infraestructura en beneficio directo de la población involucrada". Como novedad, estos elementos pasarán a ser vinculantes en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que haga la Xunta en los proyectos de hasta 50MW y sobre los que informará favorable o desfavorablemente en proyectos a partir de esa potencia instalada, competencia del Ministerio de Transición Ecológica.
Uno de los elementos concretos sobre los que se pronuncia el sector eólico es que entre estos criterios, la ley trata de asegurar un retorno económico y laboral muy concreto. Por una parte, exige que "el titular del proyecto de energías renovables sea el mismo que el titular de la inversión en el territorio, exista una relación empresarial entre ellos o se garantice un suministro de energía de, al menos, el 50 % de la energía producida por el proyecto de energía renovable en el proyecto empresarial". Según la norma, la inversión en el territorio debe conllevar "una inversión de 0,2 millones de euros por cada megavatio instalado" generar un empleo directo por cada megavatio instalado, "con un mínimo de 20 millones de euros y 100 empleos directos".
"La propuesta de obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes en la comunidad es contraria a Derecho", denuncian la AELEC, AEE y APPA, que creen que este elementos es "contrario a Derecho" y "un obstáculo al libre mercado". "Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y, en definitiva, de todos sus territorios", enfatizan.
Repotenciar parques
Por otra parte, la ley prevé que a partir de 25 años de antigüedad, el promotor de un parque deberá iniciar los trámites para repotenciarlo. Según explican fuentes de la Xunta, prevé que a partir de los 25 años se comiencen a tramitar las repotenciaciones, con unos plazos que llevan al final a más de 30 años, un plazo que el gobierno gallego niega que afecte a las inversiones realizadas. Los promotores pueden pedir excepcionalmente mayores plazos, pero la ley prevé también la posibilidad de que, en caso de incumplimiento, se inicie la revocación de la autorización del parque para operar.
El sector también se opone a esta disposición porque denuncia que "se prevé el cierre de parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida". Creen, además, que trascurrido este plazo, los aerogeneradores "funcionan con absolutas garantías" o incluso mejor.
"La generación anual de electricidad de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha debido a las mejoras e inversiones", dicen la AELEC, AEE y APPA, que advierten también de que "los operadores de los parques deberían tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación". "El cierre de una instalación en perfectas condiciones por una decisión administrativa es antieconómico y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado".
