"El sector de los cuidados enfrenta una crisis estructural agravada por la falta de financiación adecuada, la escasez de personal cualificado, la falta de medidas coordinadas a nivel estatal que permitan un acceso directo e inmediato de las personas a los servicios y las desigualdades entre comunidades autónomas en la aplicación de la Ley de Dependencia y en los modelos de atención". Esta es la denuncia del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la mayor asociación de atención a la dependencia de España, que ha organizado este martes en Valencia la cuarta edición de la Cumbre del BabyBoom para lanzar un "'SOS' por el presente y por el futuro de los cuidados" en nuestro país, que afronta ahora la llegada a la jubilación y vejez de la numerosa generación nacida entre finales de años 50 y los 70 del siglo pasado.
Desde CEAPs estiman que se necesitan 100.815 profesionales para hacer frente a la demanda de cuidados de los próximos ocho años. Y es que empieza a envejecer ahora una generación que, además, cuenta con mayor esperanza de vida. Según ha explicado a 20minutos la vicepresidenta de CEAPs, Cinta Pascual, estos profesionales son principalmente de enfermería, geriatría o fisioterapia. "Hemos estado siempre esperando que haya una sanidad universal para toda España, las residencias no somos hospitales. Algunas comunidades autónomas han evolucionado más y otras menos. La realidad es que aún no tenemos todo lo que esperábamos. El tema más importante sin ninguna duda es de la falta de profesionales: en estos momentos no tenemos los que desearíamos y esto hace que haya una situación más complicada".
Según los datos del INE, en España hay 345.969 enfermeras. Un reciente informe del Ministerio de Sanidad cifra la ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes en 6,3, frente al 8,5 de la Unión Europea. Con estos datos, Sanidad también cifra en 100.000 las profesionales que se necesitan de más para igualar la ratio. Pero ello debería ir acompañado de mejoras laborales, pues el 39,4% asegura que tiene la intención de dejar la profesión en los próximos diez años.
Como soluciones, Pascual cree que solo las universidades y la formación "no van a cubrir" la demanda, por lo que apunta a un conjunto de vías como la regulación de personas que no tienen papeles en regla y trabajan en los cuidados de personas mayores o la subida de los salarios. "Hay muchísima gente que está en los hogares cuidando personas mayores y no tiene papeles, por qué no nos planteamos realmente legalizarlos. Igual podría ser una solución porque son gente que ya trabaja en este sector. Esto es muy importante para el sector, si no hay profesionales, no habrá cuidados", ha expuesto Pascual.
Además de la subida de la remuneración, para la cual Pascual asegura que CEAPs está "llegando a pactos en casi toda España para subir los salarios", la experta también insta a un cambio en la percepción social de los cuidados para que sean puestos en valor. "Cuidar hoy no tiene el valor que tenía hace unos años. No hablo de cotización, sino de que las personas quieran trabajar en geriatría. El cuidar a los demás tiene valor, es realmente algo que te llena. Hay que cuidar en mayúsculas e intentar que la gente disfrute cuidando. Si tú cuidas, eso te nutre", defiende.
La IV Cumbre Baby Boom de CEAPs, celebrada en el CaixaForum de Valencia, ha congregado diversas charlas sobre empleo, salud mental, vejez, ética y demás aspectos del sector. La primera ponencia ha acogido la presentación del informe Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España, según el cual el crecimiento anual de personas mayores de 65 años se doblará en los próximos años en España en comparación con el crecimiento anual medio de los últimos 10 años. En concreto, si entre 2010 y 2022 se contaban 135.124 personas mayores de 65 años y 43.742 mayores de 80 años, para el periodo de 2023 a 2036 se espera que estas cifras pasen a ser, respectivamente, de 268.106 y 84.265.
"Impresionante infrafinanciación"
Otra de las cuestiones se ha puesto sobre la mesa es la "impresionante infrafinanciación" del sector. Según los datos del estudio presentado, "España se sitúa como uno de los países con menor porcentaje de financiación de servicios de cuidados de larga estancia sobre el PIB del país" de entre los países de la OCDE. CEAPs denuncia que España "solo destina el 0,96% del PIB a Dependencia" y que "se encuentra lejos del 2% que la UE estipula de gasto público adecuado". Por ello, Pascual ha advertido de que "hay que subir los presupuestos hasta un punto impresionante. El 'baby boom' habla de duplicar las personas que hoy atendemos".
Según precisa, no es posible garantizar que perdure el sistema de cuidados cuando España "cuando existen comunidades, como la andaluza o la valenciana, con un déficit de plazas residenciales de más de 32.000 y 24.000, respectivamente; cuando el tiempo medio de tramitación de un expediente alcanza los 330 días, con autonomías en las que se supera el año, o cuando aproximadamente 36.000 personas fallecen estando en lista de espera, según datos del Imserso", reza un comunicado.
El informe destaca que el tiempo de resolución de solicitudes de ayudas a la dependencia en 2023 fue de 324 días, siendo el 75% de los dos millones de solicitudes recibidas las que reconocieron derecho a una ayuda. Sin embargo, 155.241 personas dependientes continuaban en lista de espera (el 9,9%), cifra que, según los datos facilitados por CEAPs, ha ido disminuyendo desde 2018. Del total de 1.906.051 de prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2023, el 59% fueron de servicio y el 41%, económicas.
Modelos diferentes en CCAA
Respecto a la oferta residencial, esta se compone de 393.581 plazas residenciales y 105.447 plazas diurnas, con un 73% de las plazas residenciales de titularidad privada, un tamaño medio de 68 plazas por centro y una ratio de cobertura inferior al promedio internacional, según datos presentados este martes, que también muestran que "el índice de cobertura tuvo un gran crecimiento entre 2000 y 2009, pero la crisis económica supuso un cambio hacia una tendencia bajista que duró hasta el 2017, cuando se estabilizó hasta 2021 y se ha visto disminuida de nuevo en 2022", rezan los investigadores.
El índice de cobertura media se situó a nivel nacional en el 5,5% de las personas mayores de 65 años en 2022, siendo Extremadura (0,5%), País Vasco (1,6%), Navarra (2,2%) y Murcia (2,3%) las comunidades autónomas que menores porcentajes de este sector de la población contaban con algún tipo de prestación a la dependencia, mientras que Aragón (6,5%), La Rioja (6,8%), Madrid (9,3%) y Andalucía (9,4%) lideran la tabla.
"El análisis de la oferta de atención de residencia y a domicilio por comunidades autónomas revela modelos de atención a la dependencia diferenciados", concluye el estudio, que especifica que mientras que Extremadura, Navarra o Castilla y León están más "orientadas a la atención residencial", Canarias o Andalucía están "más orientadas al domicilio". Por su parte, Madrid, Aragón, La Rioja o Castilla-La Mancha estarían serían territorios con "alta cobertura en residencias y SAD". Las que "menor cobertura" ofrecen son Valencia, Murcia o Baleares.
Precisamente este martes, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Según ha explicado tras el Consejo de Ministros el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la reforma aprobada en primera vuelta suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, expande la ayuda a domicilio a otras tareas como la compra o realizar trámites y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo para que tenga una cobertura universal y "con un enfoque preventivo".
El anteproyecto elimina el periodo suspensivo de dos años para prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que estableció el PP y amplía la prestación para cuidados a personas allegadas atendiendo a las nuevas situaciones de convivencia, como vecinos o amigos. Asimismo, establece el reconocimiento automático a cualquier dependiente de una discapacidad del 33% para ahorrar cargas administrativas y establece obligaciones a las comunidades de realizar obras de accesibilidad (ascensores, rampa...) si lo solicita un vecino. Se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad. E
