El Consejo de Ministros aprobará este martes el 'plan antibulos' anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los días de reflexión que se tomó a finales de abril después de la judicialización del caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez. Con el fin de luchar contra la "desinformación" y acabar con la denominada por el presidente como "máquina del fango", Sánchez dará luz verde a este plan para el que pide el apoyo del Partido Popular, que ya avanza que no aceptará ningún planteamiento del Gobierno que se base en "controlar a los medios de comunicación, que les impida publicar temas y asuntos que incomoden a Sánchez".
Sánchez ha realizó este anuncio durante la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, a la que asistieron diputados, senadores y europarlamentarios socialistas con motivo del inicio del curso político. Ante ellos defendió que el plan dotará de "más transparencia, más pluralidad y mayores garantías" a las Cortes Generales y también al "ecosistema informativo".
Ha destacado que el mismo "emana" de la Constitución al defender "el derecho de los ciudadanos a una información veraz", y también de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Precisamente, la trasposición del reglamento comunitario en materia de medios de comunicación es a lo que alude el Gobierno para recabar el apoyo del PP al plan. "No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones", señaló Sánchez al respecto.
Se refiere así a la normativa europea sobre la "libertad de los medios de comunicación" que España debe aplicar a partir de agosto de 2025, excepto un artículo relativo a la información empresarial de los medios de comunicación, que deberá aplicarse desde el 8 de noviembre de este mismo año. El reglamento, que contó con el apoyo de todas las formaciones en el Parlamento Europeo excepto de la extrema derecha, incorpora medidas como obligar a los medios a publicar quiénes son sus dueños o detallar el dinero que reciben de la publicidad estatal.
Sánchez dio cuenta de algunos detalles del plan ya en el mes de julio durante una comparecencia en el Congreso. El mismo se estructurará en base a tres ámbitos de aplicación: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el de medios de comunicación. En las medidas referentes Ejecutivo, se compromete a aprobar una "Estrategia Nacional de Gobierno Abierto" y una nueva ley para ampliar la información que le llega al ciudadano del Ejecutivo.
Para las medidas que afectan al Legislativo necesitaría el apoyo de más grupos además del PSOE y Sumar, ya que propone reformar los reglamentos del Congreso y el Senado para endurecer las sanciones si los parlamentarios no presentan su declaración de bienes, y también una reforma de la ley electoral para obligar a celebrar debates entre los candidatos y profundizar en la información de las encuestas electorales.
Y en cuanto al ámbito que se refiere a los medios de comunicación, los planes del Gobierno pasan por la actualización de la ley de publicidad institucional con el fin de conocer la propiedad, la asignación y la medición de audiencias de los medios privados, así como sus fuentes de financiación.
También la imposición de una limitación en el dinero público que reciben los medios que tienen, a juicio del Ejecutivo, escasos lectores, junto con otras medidas como el refuerzo del derecho al honor y a la rectificación y la reforma de la conocida como 'ley mordaza'. Sánchez también avanzó antes de verano que el Gobierno aprobará un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación para atender al "mal tránsito" que algunos medios han sufrido por el paso del periodismo en papel al digital.
El PP vincula el plan con la investigación sobre Gómez
Sánchez ha pedido que todos los "demócratas" apoyen sus medidas, aunque el PP de Alberto Núñez Feijóo ya avanza que no apoyará ningún planteamiento que afecte al control de los medios de comunicación o que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente. "El problema con la regeneración no la tiene en ningún caso la democracia española, sino su partido, su gobierno y él mismo", señalan fuentes del partido.
Los populares vinculan este plan directamente con la investigación judicial sobre Begoña Gómez. Les resulta "llamativo" que Sánchez impulse su propuesta "precisamente" tras la imputación de su esposa por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, "y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su gobierno y su partido", en alusión al caso Koldo.
A su juicio, Sánchez impulsó este plan como una "cortina de humo" con la que pretendía "distraer" a la opinión pública y que ahora quiere convertir en ley. "Desde luego, no será con el apoyo del PP", añaden.
"Su vocación de ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras", añaden en alusión al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Por ello, insisten en su posición de que Sánchez "no es quién" para repartir "licencias" de medios de comunicación "ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban y digan sobre su persona".
