La negociación entre el Gobierno y el PP —con la presencia en esta ocasión también de los ejecutivos canario y ceutí— para modificar la ley de extranjería con el fin de reubicar por todo el territorio español a una parte de los menores migrantes que se hacinan desde hace meses en Canarias y Ceuta volvió a terminar sin acuerdo. La reunión que mantuvieron todos los actores este jueves tan solo sirvió para escenificar la distancia que separa al Ejecutivo central del PP también en materia migratoria, y acabó sin ningún avance con respecto a hace dos meses, cuando los populares se levantaron por última vez de la mesa.
Antes incluso de que diera comienzo el encuentro, ya había pocas esperanzas de que se avanzase hacia un acuerdo, según confirmó el propio portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que minutos antes del inicio de la reunión anticipó que los populares no iban a moverse de su postura de máximos. "Exigimos al Gobierno un cambio en su política migratoria, y hay un marco al que acogerse, el acuerdo que en septiembre suscribió Alberto Núñez Feijóo, junto a 12 comunidades autónomas [las gobernadas por el PP], con el presidente del Gobierno canario", señaló Tellado, que incluso afirmó que "si el Gobierno quiere un acuerdo, tan solo debe estampar su firma debajo de las de Feijóo y [el presidente del archipiélago, Fernando] Clavijo".
Lógicamente, el Ejecutivo se niega a suscribir un documento y hacer propias unas políticas en cuyo diseño ni siquiera ha participado. Entre otras cosas, en este documento Feijóo y Clavijo se abrieron a modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, como lleva meses planteando el Gobierno. Pero, para ello, ambos dirigentes exigían que el Estado asuma el compromiso financiero para sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades autónomas cuando estas excedan su capacidad, si bien el Ejecutivo defiende que ya está aportando músculo financiero para afrontar la acogida.
El plan del PP y el Gobierno de Canarias también asume la tesis de que la situación migratoria es un "descontrol" y, por tanto, que es necesario mejorar el "control policial" de las fronteras españolas, para lo cual pide que se exija a la UE la intervención de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex, en sus siglas en inglés). El Ejecutivo central, no obstante, asegura que lleva meses en contacto con Bruselas para solicitar ayuda, y critica que el PP exija movimientos que ya están teniendo lugar.
Esas posiciones de partida tan enfrentadas no se movieron ni un ápice en la reunión de este jueves. "Lamentablemente, no hay ningún acuerdo porque hoy el Gobierno no ha traído ninguna propuesta", denunció tras el encuentro Tellado, que criticó que "el único empeño" del Ejecutivo central es modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para "imponer" a las comunidades autónomas un reparto de los menores que llegan a las costas españolas. "Si hay países de nuestro entorno comunitario que son capaces de frenar la inmigración ilegal, España también podría hacerlo", pero "el Gobierno no tiene ese ánimo", espetó el portavoz del PP.
El ministro Torres, por su parte, lamentó que el PP no esté "por la modificación del artículo 35" de la ley de extranjería, pese a que los populares sí asumieron esta posibilidad en el texto que firmaron en septiembre. Para el Gobierno, "la única solución" definitiva para hacer frente al colapso de las instalaciones de acogida en Canarias y Ceuta es precisamente esa reforma, e insistió en que no va a "renunciar" a esa idea. "Tenemos que trabajar para ver si el PP cambia de opinión, parece que va a ser que no, pero no nos vamos a rendir", espetó Torres.
Por su parte, la ministra de Juventud, Sira Rego, también presente en la reunión, denunció que "la agenda del PP está condicionadísima por las políticas ultra de Vox". La referencia no es baladí, puesto que el pasado miércoles la formación ultra dejó en suspenso las negociaciones con los populares para sacar adelante los presupuestos autonómicos en las cinco comunidades donde sus votos son necesarios acusando a PSOE y PP de querer pactar el "reparto de inmigración ilegal y de inseguridad". Sin los votos de Vox, los gobiernos del PP en esas autonomías no podrían aprobar su principal herramienta para hacer política durante el año 2025.
